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Imputado de “abuso sexual cibernético” fue enviado a prisión

Por Nicolás Ulloa Viernes 21 de Agosto del 2015

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Más de 400 fotografías de menores desnudos y cerca de 70 videos del mismo tipo, mantenía en su computador el guardia de seguridad Rubén Guillermo Vera Arancibia, de 42 años, quien ayer fue enviado a prisión luego de ser imputado por los delitos de almacenamiento y distribución de pornografía infantil, además de una nueva figura contemplada por la ley en materia de delitos sexuales, que es el abuso contra menores a través de redes sociales o medios electrónicos.

Caminando solo llegó hasta el Centro de Justicia este imputado, minutos antes de la audiencia de formalización de cargos solicitada por la Fiscalía. El sujeto, quien no tiene condenas anteriores, se veía nervioso ante un procedimiento judicial desconocido para él,  probablemente sin imaginarse el desenlace que tendría la audiencia.

El procedimiento fue encabezado por la jueza Paula Stange, siendo el fiscal especializado en perseguir delitos sexuales, Fernando Dobson, quien detalló los antecedentes que desde 2014 se venían investigando tras una denuncia interpuesta por la tutora de la menor víctima, en la Región de Los Ríos, desde donde la Fiscalía se declaró incompetente y derivó el caso a Magallanes.

Varios meses transcurrieron para que se lograra la detención del imputado, a quien en su vivienda de la población Manuel Chaparro se le encontraron discos duros y un computador en donde mantenía material pornográfico, principalmente orientado a actos que involucraban a menores manteniendo contacto sexual con otros niños, e incluso con adultos, registros explícitos, según detalló Dobson.

Víctima de Paillaco

Sólo 14 años tiene la víctima que dejó al descubierto al depravado. La menor presenta cierto grado de déficit intelectual, de lo cual se habría valido el imputado para seducirla, convenciéndola de que le enviara fotografías de ella desnuda, a cambio de que él, desde Punta Arenas, le recargaría su teléfono celular.

Dicha situación fue descubierta por la hermana mayor y tutora de la menor, quienes viven en la ciudad de Paillaco, Región de Los Ríos, luego de que perdieran a sus padres en 2012 en un accidente de tránsito, situación de vulneración que también habría sido potenciada por Vera Arancibia, según detalló el fiscal.

Añadió Dobson, que la investigación, además de detectar el almacenaje de los archivos de pornografía, permitió rescatar los enfermizos diálogos que mantenía el sujeto con la menor a través de su perfil de Facebook, plataforma por la cual ella le habría enviado las fotos, al igual que él le remitió una de sí mismo desnudo a la adolescente.

El fiscal añadió que el imputado mantenía software en su computadora que permitía intercambiar el material ilícito, con lo que se configuraría la distribución, en este caso, virtual, de la pornografía.

Confesión

Entre los antecedentes aportados por Dobson, a fin de fundamentar la solicitud que hizo de prisión preventiva, leyó la declaración que entregó el imputado a la policía, donde reconoció que había entablado una relación de amistad con la menor, lo que los llevó a el supuesto romance que derivó en las fotografías de desnudos.

“Ella me ofreció las fotos si le cargaba el celular, y yo accedí (…) nunca compartí sus fotos”, se consigna de sus dichos.

Finalmente, enfatizó el abogado persecutor que el material de pornografía infantil es del tipo explícito, por lo que su libertad fue considerada como un peligro para la seguridad de la sociedad.

El abogado defensor Pedro Pablo Orellana planteó que su representado ha colaborado a lo largo de toda la investigación que se inició en 2014, más aún, compareció voluntariamente a la audiencia. Además, enfatizó en destacar que el imputado no tiene condenas ni procesos anteriores en su contra, por lo que consideró desproporcionada la medida de prisión, al tener irreprochable conducta anterior.

Finalmente, fue la jueza Stange quien resolvió, y acogió la petición del Ministerio Público, dictando orden de ingreso al pabellón de imputados de la cárcel de Punta Arenas para Rubén Vera, fijando además un plazo de 45 días para la investigación.