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Justicia rechaza recurso de protección presentado en contra del Servicio de Evaluación Ambiental

Por La Prensa Austral Martes 9 de Agosto del 2016

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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección de garantías constitucionales presentado en contra del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, quien rechazó la solicitud de apertura del procedimiento de participación ciudadana en el proceso de declaración de impacto ambiental del proyecto: “Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en la Mina Invierno”.
Javiera Stipicic, Gregor Stipicic, Gabriela Simonetti, Andrés Mosqueira, Nicolás Butorovic y Peter Maclean procuraban impugnar a través de un recurso de protección la resolución exenta Nº0183/2016 de 18 de enero de 2016, firmada por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó la solicitud del procedimiento de participación ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental del mencionado proyecto.
De acuerdo a lo consignado en el fallo, el artículo 30 bis de la Ley N°19.300 entrega a las direcciones regionales o el director ejecutivo la facultad de decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Agrega, el artículo que este proceso de participación ambiental, se podrá realizar siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas.
Desde el punto de vista estrictamente formal, el fallo señala que resulta que los recurrentes, si bien tienen el derecho genérico a formular una petición, por cuanto se consagra en una norma jurídica de aplicación general, como es la ley, “en la especie no se encuentran en la situación jurídica que expresamente contempla la ley, de ser un grupo de diez personas o representantes de dos organizaciones ciudadanas. Bajo aquella premisa, no existe respecto de ellos, un derecho indubitado a plantear la cuestión que contempla el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, desde que el derecho ahí consignado no es una acción popular, sino que una acción formal con requisitos de legitimidad activa claramente establecidos, que no se satisfacen por quienes recurren de protección.
En este caso, añade la resolución, el recurso es entablado por una persona, en representación de otras cinco, todas en su carácter de persona natural y nada refiere el recurso respecto de otras personas que pudieran haberse visto afectadas por la resolución recurrida, ni tampoco refieren respecto de la existencia de organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica que pudieran haber planteado la necesidad de abrir el proceso de consulta.
En razón de tales argumentos, la Corte capitalina denegó el recurso de protección.