Necrológicas

“La mayoría de las personas que están en las cárceles son las más pobres”

Por Nicolás Ulloa Lunes 8 de Junio del 2015

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Con la finalidad de celebrar en Punta Arenas el primer aniversario de la Asociación Nacional Democrática de Funcionarios de la Defensoría (Andfud), su directorio nacional se encuentra en nuestra ciudad en señal de descentralización. La comitiva, encabezada por el presidente nacional, el abogado Peter Sharp Vargas, vinculado a antiguas familias en Magallanes, asistirá también a la cuenta pública que rendirá hoy la defensora regional, Gustaba Aguilar Moraga.
En entrevista con La Prensa Austral, el directivo abordó diversas materias, como el cuestionamiento de algunos parlamentarios referente a la campaña mediática de la Defensoría por la no discriminación, la falta de funcionarios y sobrecarga laboral, la falta de autonomía del estamento, y la solicitud de medidas cautelares gravosas por parte del Ministerio Público.
– ¿Qué opinión le merece el requerimiento presentado ante la Contraloría por dos diputados contra el defensor nacional Andrés Mahnke?
– “Lo que nosotros queremos hacer es hablar en positivo, y la campaña que cuestionan los diputados busca el respeto a los derechos humanos, a la diversidad. Chile se está transformando en un país mucho más abierto, es por eso que públicamente hemos manifestado el apoyo a la campaña, ya que la descalificación gratuita que hacen los parlamentarios (Gonzalo Fuenzalida [RN] y Claudia Nogueira [Udi]) diciendo que el fiscal nacional defiende a los delincuentes, nos parece desmedida, y los invitamos a cambiar el lenguaje”.
– ¿Molestaron los dichos de los parlamentarios en la Defensoría?
– “Indudablemente, ya que esta afrenta no ofende al defensor nacional, sino que a todos los funcionarios que se desempeñan en la Defensoría Penal Pública y a quienes creemos en la defensa de los derechos humanos (…) no defendemos delincuentes, defendemos personas que se presumen inocentes. Entonces dicha afirmación es muy silvestre, prematura y muy precaria”.
– ¿Cómo se le explica a víctimas de la delincuencia en que se inviertan tantos recursos en la defensa de personas involucrados en delitos?
– “Este es un tema de políticas públicas, ya que la Defensoría nace para representar personas, ya que en nuestro país todos se presumen inocentes hasta que exista un fallo que modifique esa condición. Además, hay que dejar en claro que al haber un delito no sólo existe la víctima directa, sino que la sociedad en su conjunto se transforma en víctima. En Chile, cerca del 20% de las personas procesadas y encarceladas, al final resultan inocentes, injustamente privadas de libertad. De ahí que nuestra misión es una definición de medios, porque de lo contrario sería tener un prejuicio. Todos tienen derecho a una defensa además”.
– ¿Cuál es la realidad que enfrentan sus asociados respecto de la recarga laboral?
– “Es una realidad semejante a la de la Fiscalía, tenemos una altísima sobrecarga laboral, de hecho, durante 9 años, 50 defensores, 22 asistentes administrativos, y 11 asistentes sociales trabajaron a honorarios en la Defensoría, y logramos, en un trabajo mancomunado, que se incorporaran a la planta, pero aún la dotación de cerca de 700 funcionarios es insuficiente para cubrir todo lo que necesitamos”.
– ¿Cuánto cree que sería una planta suficiente para un desempeño apropiado de la Defensoría?
– “El doble de lo que tenemos. Nuestra planta es la del año 2000, han pasado 15 años y seguimos con la misma dotación”.
– ¿Se van adoptar medidas al respecto?
– “En efecto, el pasado viernes 29 de mayo nos reunimos con la ministra de Justicia Javiera Blanco, y solicitamos ampliar la planta de la institución, todos sabemos que la población aumenta y la demanda de nuestra defensa se incrementa. Además solicitamos ‘igualdad de armas’ con el Ministerio Público. Y la ministra acogió bastante bien nuestro planteamiento”.
– ¿A qué se refiere con ‘igualdad de armas’ con la Fiscalía?
– “Lo que ocurre es que todo proceso en Chile tiene tres actores relevantes. El primero es el Poder Judicial a través de los tribunales ordinarios de justicia. La Fiscalía que es la que acusa. Y por otro lado estamos nosotros, enfrentando la teoría del Ministerio Público frente a un caso en particular. Nosotros creemos que en ese escenario debe existir equidad e igualdad en un buen debate de justicia de ambos intervinientes en un tribunal”.
– Pero en definitiva, ¿qué requieren para ello, mayores facultades?
– “Tener la capacidad para desarrollar nuestra gestión, la dotación, los medios tecnológicos, y lo que está en debate a nivel nacional que es la autonomía de la Defensoría, que deberíamos tener al igual que el Ministerio Público”.
– ¿Esto mejoraría la labor de defensa?
– “Indudablemente, daría mayores garantías para nuestros representados, cualquiera sea la persona. Hay que recordar que la esencia de la Defensoría es garantizar el derecho fundamental de ser defendido. Resulta ser una paradoja, pero la mayoría de las personas que están en las cárceles son los más pobres, pareciera que la justicia sólo funciona para algunos y no para otros”.
– ¿A qué se deberá ese fenómeno?, ¿faltará capacitación a los defensores públicos, considerando que los abogados particulares obtienen mejores resultados?
– “Los abogados de la Defensoría están altísimamente facultados y en estricto rigor, tienen la más alta tasa de absoluciones. Lo que ocurre, seguramente, es que los abogados privados disponen de un mayor impacto mediático, nosotros en cambio atendemos a los imputados, a sus familiares, sus hijos y eso no aparece en la televisión”.
– Un abogado señaló hace algunas semanas a este medio “las imputaciones sin fundamentos de un fiscal no pueden quedar impunes”, ¿qué le parecen esas declaraciones?
– “Me parecen muy propias de un abogado particular (ríe). Hay que recordar que el Ministerio Público tiene un principio de imparcialidad, pero como institución humana, seguramente tiene vacíos, y tiene puntos que debe perfeccionar. Lo importante es que en esa perfección, en esa búsqueda de llenar vacíos jurídicos, y dado que se trata de la vida, honor y libertad de las personas, deben ser tremendamente cuidadosos y solamente formalizar o acusar cuando existe plena convicción de lo que se está haciendo, y evitar que se instale la duda razonable en los procesos judiciales”.
– ¿A su juicio, la Fiscalía hoy tiene ese cuidado?
– “La opinión pública puede dar una mejor respuesta que yo”.