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Magallanes: segunda región del país con mayor porcentaje de población de personas con discapacidad

Por La Prensa Austral Sábado 30 de Abril del 2016

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A fines del mes de enero de este año se dieron a conocer los resultados preliminares del II Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc II) en población mayor de 18 años. Todo un logro, considerando que los datos con los que se trabajaba, tenían una antigüedad de 14 años. En otras palabras, estaban obsoletos y no representaban la real situación de nuestro país.

La información resulta útil, pues caracteriza de mejor forma la realidad de las personas con discapacidad, respecto a grados de discapacidad, género, edad, nivel educativo e inclusión laboral.

Los datos más importantes indican que, a partir del año 2004, Chile evidenció un aumento en la población con discapacidad, pasando desde un 12,9 a un 20% de la población, es decir, uno de cada 5 chilenos presenta algún tipo de discapacidad. De esta proporción, un 11,7% corresponde a discapacidad leve- moderada, y un 8,3 a discapacidad severa.

La realidad de nuestra región, sin embargo, es aún más compleja. El 24,2% de las personas vive en situación de discapacidad, o sea, casi 1 de cada 4 personas, lo que nos convierte en la segunda región con mayor porcentaje luego de Arica-Parinacota. También somos la segunda región del país con mayor proporción de personas en situación de discapacidad severa, con un 13,1% del total de la población.

Por grupo etáreo, el mayor porcentaje se concentra en la población de 60 años o más, que en su gran mayoría pertenecen a los quintiles I y II, es decir, los grupos con menos ingresos, reafirmando el perverso vínculo discapacidad y pobreza. Desde la perspectiva de género, las mujeres doblan a los hombres en cantidad de afectados, con un 32% en situación de discapacidad. Además, sólo un tercio de ellas accede a un trabajo.

La dependencia de las personas adultas en situación de discapacidad, agrava aún más los problemas, pues algunas requieren ayuda hasta para las cosas más básicas, como alimentarse, trasladarse o asearse. Pero ¿quiénes son sus cuidadores? En su mayoría mujeres (73,9%). Por lo tanto, frente al surgimiento de una situación de discapacidad, normalmente, la persona que se hace cargo es una mujer de la familia, que debe abandonar su trabajo o reorganizar toda su vida para cumplir su nuevo rol. Adicionalmente, el 93,6% de estos cuidadores no recibe ningún tipo de remuneración, con el consiguiente impacto económico para todo su círculo.

Respecto del derecho a la educación de personas en situación de discapacidad, como institución de educación superior tenemos camino avanzado y tareas pendientes. La cantidad de alumnos en esta situación que continúan estudios universitarios, es mínima. La Universidad de Magallanes cuenta desde hace muchos años con una beca que cubre el arancel y, hoy en día, con programas de apoyo y profesionales especialistas que buscan generar las mejores condiciones para la permanencia y la finalización exitosa de sus estudios.

Las barreras sociales también son difíciles de cambiar. No se respetan los estacionamientos reservados para personas con discapacidad; no se respetan los perros de asistencia o, simplemente, se discrimina al utilizar un lenguaje inadecuado. Porque al usar conceptos como minusválido, incapacitado, inválido, lisiado o retrasado, descalificamos, etiquetándolos como seres inferiores y dependientes. A cambio, hay formas más inclusivas, como “persona con discapacidad” o “persona en situación de discapacidad”, porque resalta y valora, en primer lugar, el concepto persona, y no sus limitaciones. La Terapia Ocupacional promueve el uso de un lenguaje libre de discriminación, y así resaltar una condición positiva del sujeto, lo que permite avanzar hacia un trato de igualdad en nuestra sociedad (sugiero leer el tríptico de Senadis “Usted no lo diga”).

Cuando hablamos de que la discapacidad forma parte de un círculo vicioso de pobreza, discapacidad, discriminación, los datos estadísticos nos dan plena razón. Las personas con discapacidad son más pobres, se emplean menos y en trabajos de menor jerarquía, y sus ingresos son más bajos, aún más que el de las mujeres, aumentando con ello la discriminación.

Existe en Magallanes un grupo mayoritario de mujeres, adultas mayores, pobres y en situación de discapacidad, que enfrentan la dura realidad reflejada por las cifras. Lo anterior debe, necesariamente, llamar la atención de nuestras autoridades y de todos nosotros, pues los esfuerzos deben multiplicarse, atendiendo, por cierto, a quienes tienen discapacidad leve y moderada, pero con un fuerte énfasis en el grupo más afectado. Los encargados de las políticas públicas nacionales y locales tienen en la Endisc II claros fundamentos para dirigir la atención, focalizar los recursos y redoblar los esfuerzos.