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Ministra Marta Jimena Pinto, a cargo la investigación de tres procesos: “Hemos tenido importantes avances en causas de Derechos Humanos”

Por La Prensa Austral Lunes 7 de Septiembre del 2015

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El mes pasado, la ministra en visita Marta Jimena Pinto quien encabeza -desde noviembre del año pasado- la investigación de tres causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en la década de 1970 en Magallanes, realizó una serie de diligencias en diversas localidades del país, con el apoyo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI. 

En sus manos tiene la investigación del detenido desaparecido Silvio Bettancourt Bahamonde, y las muertes de José Daniel Vera Pérez y Martín Miranda Aguilar.

A Silvio Bettancourt se le perdió el rastro el 13 de septiembre de 1973. Era dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitario (Mapu) y por dicha condición era buscado por las autoridades militares. Desapareció el día que decidió partir desde Punta Arenas para dirigirse a Río Gallegos. En el caso de Daniel Vera Pérez, su muerte se produjo a los 34 años. No tenía militancia política. Según estableció la comisión de violación a los Derechos Humanos, este pescador murió a causa de una anemia aguda por herida a bala abdominal transfixiante. El afectado recibió el disparo en horas del toque de queda, siendo trasladado al Hospital Naval, lugar donde falleció. Finalmente, Martín Miranda, de 53 años, muere por torturas el 23 de diciembre de 1976, en Puerto Natales.

– ¿En qué consistieron las diligencias realizadas en el mes de agosto?

– “Las dilgencias se han extendido desde que asumí la investigación de dichas causas en noviembre del año pasado. El mes pasado tuvo la particularidad de que me constituí en Santiago, Valparaíso y Rancagua para realizar interrogatorios de manera presencial, con la cooperación de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI”.

– ¿Cómo ha resultado el apoyo de la PDI en dichas diligencias?

– “Desde el mes pasado, existe una nueva modalidad de trabajo con la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI. Los policías, que desde un comienzo han trabajado conmigo ahora están con dedicación exclusiva para las causas de esta región, es decir las que yo tramito. Es una muy buena noticia contar con esa colaboración, son funcionarios especializados de excelente nivel profesional, y que ahora estén dedicados con exclusividad, me da mucha confianza de que me va a permitir avanzar rápido; era algo con que no contaba”.

“En Magallanes tenemos tres causas de derechos humanos en actividad y antes compartíamos este equipo de la PDI con ministros de otros puntos del país y en realidad era poco el tiempo que le podía dedicar a estas causas, eso se solucionó ahora”.

– En dicho contexto de dedicación exclusiva, ¿cómo ha influido la nueva modalidad de trabajo?

– “De hecho, de inmediato se notó la diferencia, porque hubo importantes avances en esclarecer varios puntos que estaban algo confusos, por lo tanto, ahora ya tenemos hipótesis claras. Un ejemplo es la causa de Silvio Bettancourt, ya que teníamos mucha información; información difusa. Entonces, ahora pudimos concentrar dichos datos y comenzar a depurarlos. Es decir, considerar lo que es útil y consistente, y avanzar en la investigación de las pistas que arroje esta información, ahora que este equipo, con dedicación exclusiva, tiene el tiempo para analizar en profundidad los datos realizar y procesarlos reflexivamente”.

Trabajadores humildes

– ¿Cuáles son las principales diferencias en las causas que investiga?

– “Las causas de José Vera Pérez y Martín Miranda Aguilar tienen la similitud de que ambas víctimas eran trabajadores de origen muy humilde, que se desempeñaban en actividades laborales de esfuerzo, sin un rendimiento económico sustancial. Ambos fueron asesinados, sus cuerpos no desaparecieron y tenemos determinadas la causa de sus muertes. De manera que lo que buscamos, son los responsables de sus homicidios”.

“En la causa de Silvio Bettancourt, tenemos a una persona desaparecida, hasta ahora catalogada como presunta desgracia. Tenemos hipótesis de lo que pasó con Silvio, él era un joven ingeniero de 23 años que tenía una militancia política en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu),  a diferencia de José Vera y Martín Miranda, quienes no tenían afiliación política. Por lo tanto, son causas que tienen connotaciones distintas a partir de la información sobre las víctimas y los móviles del delito”.

– Si bien José Vera y Martín Miranda no son detenidos desaparecidos, para la investigación se contó con sus restos y respectivas causas de muerte. ¿Se realizaron exámenes de ADN para confirmar sus identidades?

– “En el caso de Martín Miranda, que sucedió en Puerto Natales, no se tuvo ninguna duda de que los restos correspondieran a él, ya que se desarrolló una investigación cuando los hechos sucedieron. Con el trabajo policial se logró dar con esa investigación que estaba guardada en unos archivos de hace más de treinta o cuarenta años. Fue difícil dar con el paradero de esa información, pero tenemos ese expediente, un expediente que en su minuto tramitaron los entonces jueces y ex ministros de la Corte Suprema Adalis Oyarzún y Jaime Rodríguez, en su paso por esta jurisdicción. Es una investigación bastante completa, pero no pudo perseguir la responsabilidad de personas determinadas, ya que la causa se derivó a la Justicia Militar por incompetencia de la justicia ordinaria”.

“En el caso de José Vera Pérez, cuando fue asesinado en Punta Arenas, ingresó como NN al hospital, y en la morgue se le realizó una autopsia como una persona desconocida, pero luego un hermano lo identificó. Se le dio sepultura en el Cementerio Municipal de Punta Arenas y se inscribió su defunción con su identidad. Pero estas circunstancias extrañas -de haber ingresado como NN-  generaron dudas en la investigación, y por ello se ordenó una toma de muestras a sus restos para realizar un examen de ADN. La vía más eficaz y certera para este proceso, fue enviar las muestras a un laboratorio en Austria, y estamos a la espera de esos resultados. Esto es sólo para tener mayor certeza, ya que en este caso, sí hay un cuerpo, identificado por un familiar, con herida de bala, pero a pesar de la lesión que la causó la muerte, su cuerpo no estaba desfigurado y fue reconocido”.

“Caso Quemados”

– ¿Tiene alguna incidencia en los procesos que investiga el hecho que en los últimos meses se hayan reactivadas algunas causas, como por ejemplo el “Caso Quemados”?

– “Ultimamente han existido casos que han revestido mayor interés noticioso, pero la labor que realizan los ministros en visita en causas de derechos humanos es un trabajo de larga data, son ya décadas de investigaciones. Si una causa sale más, o menos en los medios de comunicación, no tiene incidencia alguna en mi trabajo, que procuro realizar siempre manteniendo un bajo perfil. Quizás la reciente connotación pública de estos temas se debe al impulso que se le ha dado a las causas de DD.HH. desde la Corte Suprema, que siempre ha estado preocupada de llevar estos casos con rigurosidad, y está generando todas las instancias posibles para solucionar los problemas que enfrentamos”.

“El ministro Sergio Muñoz como encargado de derechos humanos ha realizado videoconferencias y reuniones presenciales con todos los ministros que llevamos causas a lo largo del país. En mi caso, aprovechando las diligencias que llevé a cabo en la zona central, fui citada a una reunión con el presidente Muñoz. Reunión que resultó ser muy provechosa; ya que exíste la voluntad e interés por parte del ministro Muñoz en apoyarnos en todo lo que necesitemos para avanzar rápido en nuestras causas. Y como ya he dejado en claro, cada una de las causas en trámite tiene para él la mayor importancia, de ello deriva el hecho que siendo tres las investigaciones de DD.HH. esta jurisdicción, se les esté dando el mismo trato preferencial que en las jurisdicciones la cantidad de causas es mayor”.

– A raíz de las detenciones decretadas en la causa del denominado “Caso Quemados”, surgió nuevamente el término “Pacto de silencio”. ¿Cuál es su opinión ante esa barrera para poder llegar a descubrir la verdad en muchos de las casos de violaciones a los derechos humanos?

– “La idea que transmiten esos términos, instalados en los medios de comunicación, es de denuncia de falta de colaboración en estas investigaciones, por parte de quienes disponen de la información para establecer los hechos delictuales y la responsabilidad de personas determinadas El trabajo periodístico propone muchos desafíos al derecho. Este es uno, reflexionar sobre el punto. Por el momento no generalizaría, hay muchas personas que entregan toda la información a su alcance, pero es cierto que en las indagaciones, hasta en un sumario administrativo, es frecuente percibir una actitud intencionada de mantenerse al margen de los hechos, sin empatía por las personas que sufren el injusto que se averigua. Hay muchas razones para que las personas no estén dispuestas a asumir ninguna consecuencia, ni siquiera la responsabilidad de hablar con la verdad, que tiene el testigo y eso queda claro de muchas formas, entre otras, en las claves de sus respuestas evasivas cuando acceden a prestar declaración”.

“Superar las dificultades que esta actitud genera en las causas de derechos humanos, requiere gestionar el conocimiento, compartir información que ya se ha reunido en otros casos y las buenas prácticas que han permitido resolverlos. Además, profundizar, expandir y descentralizar las coordinaciones para acceder a los datos que aún se conserven en las instituciones a las que pertenecieron las personas involucradas y las que se dedican al tema de derechos humanos. Entiendo que también se orienta a ello, la función del ex ministro Alejandro Solís en el Ministerio de Justicia”.