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Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez, frente a proyecto de ley “Que un patrimonio tenga que ser hipotecado no es justo para ese adulto mayor y tampoco para su familia”

Por Carolina Ruiz Lunes 20 de Julio del 2015

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Por primera vez en su cargo a la cabeza de la cartera, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez, visitó la Región de Magallanes y Antártica Chilena, oportunidad en la cual sostuvo una intensa agenda, donde conoció, entre otras, la realidad que viven las personas en situación de calle, quienes día a día deben lidiar con las malas condiciones climáticas imperantes en el territorio.

En conversación con La Prensa Austral, el personero de gobierno explicó que el próximo año se realizará un nuevo catastro de medición de las personas que viven en esta condición, donde además de un estudio cuantitativo, se espera indagar otro tipo de estadísticas.

– ¿Cuáles son las cifras que se manejan actualmente en cuanto a las personas que viven en situación de calle?

– “Tenemos un catastro de 2011, que señala que existen 12.250 personas en situación de calle a nivel nacional. Ese catastro no está actualizado, el 2016 vamos a implementar el nuevo catastro del cual pretendemos obtener un dato cuantitativo actualizado, pero también un dato cualitativo más enriquecido, pensando en las características de las personas en situación de calle, en los perfiles, en las razones o motivos que hacen que estén en esa condición. Decimos esto porque las variables para que una persona llegue a tal condición son complejas: hablamos del consumo problemático de alcohol, del consumo problemático de drogas, de patologías mentales, de situaciones de vulnerabilidad o en este caso de pobreza. Por tanto, para que las políticas de intervención permanentes sean efectivas, requieren tener esta complejidad. A nivel regional, existen 210 personas aproximadamente, pero las plazas que tenemos nunca se ocupan plenamente, sino que en promedio, el tope de utilización es de 87%. De hecho, el viernes con el dispositivo Ruta Calle, estuvimos con personas que no desean asistir a los albergues, y no lo quieren hacer por voluntad propia, porque hemos mejorado significativamente el estándar de habitabilidad”.

– Uno entiende que muchas veces es la gente la que no quiere acceder a los albergues y sabemos que existen programas para ayudarlos día a día. ¿Pero qué está haciendo el gobierno para que ellos puedan surgir y dejar de vivir en la calle?

– “Existe un Programa Calle a nivel nacional, que tiene un costo aproximado de 6 mil millones de pesos, que dura 24 meses con cada persona y acá en la región igual existe. Tenemos 70 plazas, es decir, 70 personas que están participando de este programa, en el cual se asiste a la persona con intervención socio laboral, para que adquieran competencias laborales que los incluyan socialmente y también, psicosocial, para efectos de intervención terapéutica. Es un programa que a nivel nacional tiene 2.200 cupos y es prolongado en el tiempo, porque lograr que una persona en situación de calle se reincluya socialmente, es decir, que salga del abandono y la exclusión, es muy complejo. No tiene que ver sólo con que esté disponible un albergue, un ropaje adecuado o una comida caliente, que es algo que también se provee en términos de un mejor estándar, sino con que, progresivamente, vayamos seduciendo a esa persona en situación de calle, convenciéndola y generando un vínculo gradual que les permita adquirir confianza respecto de la sociedad. Ayer hicimos un recorrido Ruta Calle y, pese al frío y la nieve, había gente que no quería asistir a los albergues y no los podemos obligar”.

Ficha de
Protección Social

– ¿En qué etapa se encuentra el cambio de la Ficha de Protección Social?

– “Lo primero que hay que precisar es que lo que va a existir a contar del 1 de enero de manera gradual, es un nuevo sistema de selección de usuarios, en este caso hogares, para los programas en materia de protección social. Este nuevo sistema, que aún no tiene nombre, comenzaría a regir en forma gradual, y esa gradualidad sería inherente a cada programa. En el caso de la Ficha de Protección Social, actualmente tenemos a nivel nacional, más de 4 millones 252 mil familias, lo que equivale a un universo superior a los 12 millones de personas a nivel nacional. En el caso de la región, tenemos 100 mil personas con ficha de protección social”.

– ¿Cuáles son los principales cambios que se contemplan en este nuevo instrumento de medición?

– “Existe una percepción extendida, y que está corroborada a partir de estudios, en relación a que la Ficha de Protección Social no estaría cumpliendo con su objetivo, que es posibilitar el acceso a los programas de manera adecuada por parte de las familias. El corte de puntaje se constituye en los hechos, en una medida que para las familias resulta muy arbitraria, desde el punto de vista que, si tengo dos puntos más, quedo limitado de poder acceder a un programa social determinado. Y por lo mismo, es necesario dotarse de un instrumento que con mayor capacidad logre discriminar adecuadamente. (…) Ahora, un dato importante en esto es que lo que queremos con este nuevo sistema, es poder tener un instrumento que estandarice a nivel nacional la cobertura que entrega cada uno de los municipios para efectos de la acreditación. No queremos que en un municipio operen ciertas condiciones y en otros, otras, porque queremos que todas las familias tengan los mismos parámetros de calidad para efectos de cómo se relacionan con un instrumento de selección de hogares. Del mismo modo, nos interesa que este sistema progresivamente, vaya transitando del dato auto reportado al dato administrativo. El primero, implica que hoy una familia proporciona información respecto a su situación socioeconómica. Cuando hablamos de un dato administrativo, estamos hablando de datos que están en línea, que podemos obtener de la superintendencia de pensiones, a propósito de los ingresos de las familias, de la superintendencia de seguridad social, de educación, a propósito de la escolaridad, por tanto es más objetivo”.

– ¿Cómo va el avance respecto de la implementación? Porque si empieza a regir en enero de 2016, ya estamos sobre la fecha.

– “Nosotros, desde agosto, vamos a empezar a hacer un diseño a nivel nacional, que nos va a implicar diálogo con los equipos municipales, con los funcionarios, con todas las autoridades en todos los niveles de la estructura social, pensando en cores, intendente, gobiernos regionales, municipios, pero especialmente, en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, es decir, uniones comunales de juntas de vecinos, uniones de adultos mayores, de modo tal que sea un proceso donde estén todos informados, donde oportunamente podamos detectar cuáles pudiesen ser algunos déficit y que los podamos corregir con antelación a la implementación de este nuevo sistema”.

Sistema de AFP

– Algo que interesa a la comunidad es el tema de las pensiones de los adultos mayores. ¿Cómo cree que se debería abordar este tema, que está condenando a la comunidad a vivir en la miseria durante sus últimos días de vida?

– “Nosotros, como gobierno, tenemos absoluta claridad y conciencia de que las pensiones en Chile son insuficientes. Sin ir más lejos, el dato duro que presenta la Superintendencia de Pensiones en su reporte periódico, indica que en Chile tenemos pensiones que, en promedio, están en los $196 mil a nivel nacional, mientras que el ingreso mínimo está en $225 mil. Es decir, una persona cuando se jubila pierde ingresos de manera significativa y eso es menoscabo en calidad de vida. Por lo mismo, el programa establece la necesidad de ir desplegando políticas que progresivamente vayan en mejoramiento de la seguridad social de las chilenas y chilenos, pero también pensando en que éste no es un problema que se resuelve de manera automática. No pasa por una legislación en particular, sino que estamos hablando de un proceso gradual, que requiere de iniciativas de corto, mediano y largo plazo. Para ello se creó la comisión asesora presidencial que en agosto tiene que evacuar su informe con diagnóstico completo y propuestas. La comisión debiese dar luces de dónde transitar para efectos de cuál es el grado de transformaciones que requiere el sistema de pensiones, transformaciones que probablemente se van a tener que dar en el futuro. Sin embargo, en el presente, desde luego que también tenemos que impulsar iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores”.

– ¿Cuál es su postura frente a la iniciativa presentada por algunos parlamentarios de que se puedan hipotecar las casas para aumentar las pensiones?

– “Nosotros lo dijimos oportunamente y lo volvemos a repetir: como gobierno no estamos respaldando una iniciativa de ese tipo, no nos parece que el incremento de las pensiones se tenga que hacer con cargo al patrimonio de un adulto mayor que es su casa. Una familia en este país se demora entre 20, 25 y 30 años en pagar su casa, y que ese patrimonio tenga que ser hipotecado para tener una mejor pensión no es justo para ese adulto mayor y tampoco es justo para su familia. Por tanto, como gobierno dejamos absoluta claridad que es un proyecto que no respaldamos de ninguna manera”.