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No se puede condicionar atención de urgencia vital bajo ningún tipo de cobro

Por La Prensa Austral Martes 10 de Mayo del 2016

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Desde 2009, a nivel nacional se han recibido 1.549 reclamos por cobros previos a atención de urgencia, mientras que en la región son alrededor de una decena las quejas que anualmente llegan por esta materia. En este contexto, la Superintendencia de Salud de Magallanes llamó a la comunidad para que ante una eventual urgencia vital, sepan que los prestadores no pueden condicionar la atención médica bajo ninguna clase de medio de pago.

Además, los usuarios deben tener presente que sólo un médico debe determinar que la urgencia tenga el carácter de “vital”. Si la recomendación o diagnóstico la determina un funcionario o técnico de la salud, el mismo paciente o acompañante, no tendrá los efectos legales de la atención.

La agente regional (s) de la Superintendencia de Salud, Daniela Mora, dijo que están exigiendo a los prestadores que los procesos en la admisión sean de acuerdo a la norma. Ahora bien, indicó, todos los usuarios deben tener presente, que en caso de no tratarse de una urgencia vital, se puede pedir un pagaré u otra documentación.

En 1999 entró en vigencia la Ley de Urgencia, cuyo objetivo es garantizar atención médica inmediata e impostergable, por riesgo a la vida o una secuela funcional grave, para que puedan ser atendidas en el centro asistencial más cercano, hospital o clínica. “La legislación permite que Fonasa y las isapres paguen directamente al recinto. Luego el paciente deberá hacerse responsable del copago. Es decir, la persona puede acceder automáticamente a un préstamo legal de parte de su seguro de salud”, precisó.

Esta normativa prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo. En el caso de situaciones de urgencia vital, también se declaró ilegal cualquier tipo de garantía que signifique supeditar la atención de emergencia. Si no se cumple el prestador arriesga multas de entre los 250 a 350 UTM (entre los $11.374.250 y los $15.923.950), si la Superintendencia determina que existió una vulneración.

Finalmente, Daniela Mora fue enfática al señalar que actualmente se trabaja con los prestadores no sólo para actuar frente al reclamo, sino que además conversar con los equipos directivos de las clínicas y establecimientos, en el sentido de que sus procesos asistenciales sean acordes a la ley.