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Por fraude a la Ley Navarino formalizarán a ejecutivos de empresa de biotecnología

Por Nicolás Ulloa Viernes 25 de Septiembre del 2015

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En diciembre de 2013, una querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) dio paso a la actuación de la Fiscalía de Porvenir, que ordenó una investigación por la fraudulenta utilización de los beneficios de la Ley Navarino. Transcurridos 22 meses de iniciado el proceso, el Ministerio Público reunió los antecedentes suficientes para formalizar al gerente de las empresas Biotex S.A. y Biotex Dos S.A., y a quien fuera su representante legal. La audiencia de formalización de cargos se fijó para el próximo jueves 15 de octubre. La cifra del delito tributario aún no ha sido precisada, aunque el fiscal a cargo de la causa confirmó que el monto es elevado. Lo cierto es que dicha firma ha cobrado más de 1.398 millones de pesos en beneficios tributarios.
En lo concreto, en tres semanas más, Paul Abogabir Said, gerente de la empresa, y el entonces representante legal Pedro de la Jara Goyeneche, deberán comparecer ante el Juzgado de Garantía y Letras de Porvenir, para ser notificados del inicio de una investigación en su contra por el delito tributario de utilización de facturas falsas y fraude de subvenciones en perjuicio del fisco de Chile. El caso está en manos del fiscal Felipe Aguirre, especialista en delitos tributarios, quien el pasado 14 de septiembre solicitó la audiencia de formalización de la investigación.
La querella del CDE se fundó en que las empresas vinculadas entre sí, simulaban operaciones comerciales, facilitando facturas falsas que posteriormente eran contabilizadas y declaradas, utilizando Iva, con el objeto de rebajar el pago que debían entrar en las arcas fiscales en relación con las ventas que realizaban, y así también evadir impuesto a la renta.
En su escrito, el querellante expuso que “Biotex S.A. y Biotex Dos S.A. efectuaron una sobre cuantificación de las ventas que realizan para, sobre estas cantidades declaradas, pedir la bonificación del 20 por ciento. Sin embargo, no cumplen con el presupuesto para solicitar este beneficio, cual es, el pago de Iva que afecta estas operaciones de compraventa, pues se valen de facturas ideológicamente falsas, que entregan las empresas ligadas, para realizar una compensación entre el débito-crédito fiscal y así no pagar el impuesto que correspondería sobre el total de las compraventas declaradas”.
En términos simples, acusa el CDE que por medio de las empresas pertenecientes a la firma, se abultaron facturas con servicios y asesorías inexistente evadiendo el pago de 19% del Iva, pero cobrando los beneficios de la Ley Navarino, provocando el perjuicio al fisco.
Acuña la presentación legal que “de acuerdo a lo informado por la Tesorería Regional de Magallanes el 24 de junio de 2013, entre los años 2008 y 2012, el total de los pagos por conceptos de bonificación efectuados a la empresa Biotex S.A. ascendieron a $449.453.600 y los pagos realizados a Biotex Dos S.A. alcanzaron la suma de $949.299.833, es decir un total de 1.398.753.433 pesos. Tales cobros, por haber sido sobrevalorados, al emanar de ventas sobre cuantificada, necesariamente causaron un perjuicio al fisco de Chile, y el monto exacto de este perjuicio deberá precisarse en el transcurso de la investigación”, con lo que justificaría el delito reiterado de fraude de subvenciones, por obtención fraudulenta de la bonificación del artículo 10 de la Ley Navarino.
La audiencia judicial se fijó para las 10,30 horas del 15 de octubre en el Juzgado de Porvenir, siendo ya notificado personalmente De la Jara, restando el exhorto al Juzgado de San Miguel para la notificación de Abogabir. Advierte la resolución del Tribunal que en caso de no comparecer injustificadamente, podrían ser detenidos o sometidos a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva.
La empresa Biotex se encuentra establecida en Tierra del Fuego, específicamente en Timaukel, desde el año 1994, y desde 2002 en la ciudad de Porvenir.
Biotex es una empresa chilena que desarrolla la biotecnología, dedicada a la extracción de quitina y fabricación de quitosano, utilizando los desechos industriales de las plantas pesqueras en la captura de centolla y centollón. Para efectos del abastecimiento de caparazones cuenta con una planta de pretratamiento en Puerto Williams, ubicada en la isla Navarino a orillas del canal Beagle. En Porvenir, en tanto, cuenta con una planta con el objeto de desarrollar proyectos de compuesto a base de quitosano para productos relacionados a la agricultura, alimentación, cosmetología y medicina.
Caso Corma
Inevitable resulta recordar el escándalo financiero que desató en Porvenir el fraude detectado en la Sociedad Corporación Manufacturera Textil Magallánica (Corma). Dicha compañía realizó operaciones también acogida a la Ley Navarino. Dentro de los beneficios contemplados en la citada norma, las empresas acogidas a ella, están exentas del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, y además reciben por las ventas totales que realicen dentro del territorio nacional, una bonificación directa del Estado equivalente al 20 por ciento del valor de dichas rentas, deducido el Iva que las haya afectado.
Corma Magallánica, hasta el primer semestre de 2007 compraba los insumos directamente de Corma San Juan S.A., de la que también era socio mayoritario Jesús Manzur Saca, y a contar de junio de 2007 aproximadamente, a Confecciones Jorge Figueroa Limitada, empresa del mismo domicilio que la anterior, siendo además su representante legal el ex empleado de la misma. El principal insumo de Corma Magallánica era el denominado jeans primario, es decir un pantalón de mezclilla, carente de lavado, planchado, deshilachado, botones y etiquetas, procesos estos últimos que desarrollaría Corma.
Una vez realizados algunos de los procesos de acabado del jeans en Porvenir, este era vendido al principal cliente, Corma San Juan, a un precio que, entre los meses de septiembre y diciembre de 2007 se elevó paulatinamente de 35 mil pesos hasta los 73 mil 900 pesos, en la mayor cantidad de unidades.
El mismo producto entre enero y agosto de 2007, fue vendido entre los 5 mil y los 6 mil pesos, y al resto del mercado nacional en un mínimo de 2.700 pesos y un máximo de 14 mil pesos.
Dicho incremento artificial de los precios de venta de Corma Magallánica a Corma San Juan fue una maquinación ideada por Jesús Manzur, quien impartía las instrucciones desde sus oficinas en Santiago, y como consecuencia de ello percibió recursos indebidos del fisco de Chile, por la suma de 7.600 millones de pesos.
El empresario del rubro textil, Jesús Manzur Saca, fue condenado en octubre de 2008 como autor de tres delitos económicos, tras dos meses de juicio en Santiago, en el que, por esos días, fue el segundo fraude más cuantioso desde el llamado “Caso Lozapenco”. La justicia lo condenó a cumplir una pena de 5 años de presidio.