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Senador Bianchi fue despojado de su inmunidad y deberá enfrentar juicio como cualquier persona

Por La Prensa Austral Sábado 6 de Junio del 2015
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En un juicio oral y público deberá zanjarse la acusación por fraude al fisco y negociación incompatible que enfrenta el senador por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, por el sobreprecio del arriendo de una propiedad a familiar para el funcionamiento de una sede parlamentaria.

Así lo resolvió ayer el Pleno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas al acoger la solicitud de desafuero del parlamentario, que de este modo pierde su inmunidad para ser llevado a juicio.

En jerga boxeril, este round fue para el fiscal regional Juan Agustín Meléndez quien asestó el primer “golpe”. Pero sin duda el ganador absoluto de la jornada fue el ex diputado Miodrag Marinovic, denunciante anónimo en primera instancia y posterior querellante contra Bianchi, protagonista de una verdadera vendetta política luego de que fuera derrotado en las elecciones parlamentarias de 2013 en su carrera por llegar a la Cámara Alta.

A las 13 horas de ayer los ministros Marcos Kusanovic, María Isabel San Martín y Víctor Stenger dieron a conocer su veredicto adoptado 12 días después de que tuvieran lugar los alegatos de las partes. Ausente estuvo la ministra Marta Jimena Pinto quien se encuentra haciendo uso de permiso.

La lectura del dictamen estuvo a cargo de la relatora (s) Mónica Mancilla y se produjo en una estrecha sala, abarrotada de público, donde además de la asistencia del fiscal regional Juan Agustín Meléndez; el procurador del Consejo de Defensa del Estado, abogado Dagoberto Reinuava, querellante; Francisco Cárdenas, querellante por Marinovic, y el abogado Mauricio Daza, defensor de Bianchi, hubo numerosa presencia de medios de comunicación.

En un fallo de 64 páginas, 58 de ellas están destinadas a hacer  un lato repaso de las argumentaciones de los intervinientes durante la ronda de alegatos realizados el pasado 25 de mayo, tanto para acreditar como para desvirtuar los hechos dados por establecidos por el Ministerio Público durante la fase investigativa.

Parte resolutiva

En opinión del tribunal superior regional, el cúmulo de antecedentes aportados por el Ministerio Público, están en directa relación y pertinencia con los hechos expuestos por el Consejo de Defensa del Estado.

En consecuencia, para los ministros “el somero análisis de los hechos, permite calificarlos como antecedentes que en lo formal y en cuanto a su peso permiten sustentar una acusación penal por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco y ello en razón de no haber sido discutidos en la audiencia de desafuero, en cuanto a su acaecimiento, sino fundamentalmente, en tres aspectos; el primero, que el contenido de los elementos comunes de ambos tipos penales, ‘empleado público’ y ‘en razón de su cargo’ requiere ser colacionado con una actuación en representación del Senado, materia que no habría sido considerada ni acreditada; en segundo lugar, se ha hecho cuestión del real valor que se atribuye a la parte del inmueble objeto del contrato. Y en tercer lugar se ha discutido que el elemento dolo forma parte del tipo penal y, por tanto debería también ser apreciado ahora, en relación con la tesis de la defensa de tratarse, las actuaciones reprochadas, de conductas exentas de tal ánimo delictual”.

En consonancia con lo anterior, para el Tribunal los hechos analizados en la presente causa, “objetivamente descritos, aunque desprovistos por ahora de calificación penal definitiva, se apoyan en elementos suficientes para sostener una acusación en juicio. Esta conclusión se extrae después de considerar que, para desvirtuarlos se debe profundizar en un análisis de fondo, -propio de dicha instancia procesal (Tribunal de Juicio Oral en lo Penal)- “.

En los planteamientos relativos a la destinación del inmueble en cuestión a sede parlamentaria en la región; a la contradicción que en abstracto y en concreto supondría mantener conjuntamente las imputaciones por los delitos contemplados en los artículos 239 y 240 del Código Penal; el argumento del senador que objeta la negociación incompatible, así como la calidad en que habría actuado y el interés público en los delitos a que aluden las disposiciones legales citadas, como es de advertir, para el Tribunal de Alzada se trata de construcciones fácticas y jurídicas que son propias de una teoría del caso a confrontar y dilucidar en un escenario de litigación adversarial propio de un juicio oral y dependiente de la prueba que en concreto se rinda en dicha instancia.

Consecuentemente, añade el fallo, resolver la materia requiere del análisis de las aludidas pruebas que en calidad de tales, ya no de meros antecedentes, ni tampoco someros, debieran producirse en juicio sobre el fondo ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en conformidad al artículo 296 y siguientes del Código Procesal Penal.

En su parte medular, el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, constituida en Tribunal Pleno, resolvió acoger el desafuero solicitado por el Ministerio Público declarando que da lugar a la formación de causa por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco establecidos en los artículos 240 y 239 del Código Penal, respectivamente, en contra del senador de la República don Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech.

La defensa del parlamentario tiene un plazo de cinco días para interponer un recurso de apelación ante la Corte Suprema, con el fin de revertir la decisión adoptada por los ministros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.