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Trabajadoras civiles desvinculadas del Ejército acusan hostigamiento

Por La Prensa Austral Martes 25 de Agosto del 2015

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Una fuerte acusación realizaron dos funcionarias civiles de la Quinta División de Ejército, Susana Maya Meza, de 61 años de edad, y Marta Ceballos Cornejo, de 45, quienes se desempeñaban en el área de cocina, luego de que fueran desvinculadas de la institución sin una justificación satisfactoria y quedando en el total desamparo laboral.
La resolución fue dada a conocer el lunes 17 de agosto, cuando se les informó a ambas trabajadoras que no seguirían trabajando en dicho lugar, dejándolas en el total desamparo.
En el caso de Susana Maya, quien cuenta con 30 años de servicio en la institución, se encontraba haciendo uso de licencia médica al momento de ser notificada de la destitución, la cual se extendía desde noviembre de 2014. Lo anterior, porque presentaba problemas en los hombros, producto de su trabajo.
Marta Ceballos también había estado con licencia médica entre diciembre y abril.
Ambas funcionarias habían hecho saber su situación hace algunos meses, cuando hicieron públicas las precarias condiciones laborales con que cuentan los trabajadores civiles del Ejército, luego de lo cual comenzó, según denunciaron, una serie de actos de persecución y hostigamiento hacia ellas.
“Estando con licencia, nos llamaban a firmar la hoja de vida. Cuando llegué, me dijeron que tenía una amonestación sin justificación. Nos escondían el libro para poder firmar en las mañanas, y así una serie de cosas”, explicó Ceballos Cornejo.
No tienen contratos
Además de los reducidos salarios, los funcionarios civiles no tienen contratos de trabajo, ya que están sujetos a una resolución del Ejército que no les permite acumular años de servicio, y sus sueldos son pagados por el Estado, pero no figuran como funcionarios públicos.
Todo lo anterior derivaría, según señalan las trabajadoras, en que ninguna institución pueda fiscalizar las irregularidades que se cometen, llevando a que todas las situaciones estén sujetas a la voluntad de las autoridades militares.
“Vamos a la Inspección del Trabajo y nos dicen que pertenecemos a la Contraloría. Vamos a la Contraloría, nos dicen que tenemos que ir a la Inspección del Trabajo. Al final, somos NN dentro de la institución. A nosotros nos paga el Estado, pero trabajamos para el Ejército”, afirmó Susana Maya, quien podría jubilarse, pero en la AFP figura un monto de $12 millones, lo que significaría una pensión de, aproximadamente, $30 mil mensual, siendo que ha trabajado más de 30 años en el Ejército.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), Jessica Bengoa, señaló que “aquí hay un problema de fondo que, en definitiva, es cómo muchos trabajadores en nuestro país, en este caso el de ellos como funcionarios del Ejército, o en empresas del Estado, no hay forma de poder fiscalizar o de tener un resguardo frente a las arbitrariedades que cometen los empleadores, en este caso, el Ejército”.
Las trabajadoras acudirán, nuevamente, a Contraloría y solicitarán una reunión con el intendente Jorge Flies Añón, para que se analice su situación y se les pueda entregar una solución al respecto.