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En el procedimiento falleció Nelson Quichillao en El Salvador

Coronel de Carabineros relató “presiones” de la Intendencia para realizar operativo en que murió trabajador

Por Agencias Jueves 3 de Septiembre del 2015
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Fue en la segunda declaración que realizó ante el fiscal de Diego de Almagro cuando uno de los encargados del operativo para despejar el camino que une esa ciudad con El Salvador y el ingreso a una mina, el prefecto de Carabineros de Atacama Jorge Garrido Díaz, relató las “presiones” que supuestamente le transmitió el intendente de esa región, Miguel Vargas (PS), para llevar adelante el procedimiento que desalojaba a los manifestantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que durante el mes de julio realizaron manifestaciones en la zona.

Según consta en la carpeta de investigación que lleva adelante el fiscal adjunto de Diego de Almagro, Julio Artigas, en su segundo testimonio Garrido respondió casi exclusivamente por el operativo que llevaron adelante efectivos policiales bajo su mando, que terminó con el trabajador subcontratado Nelson Quichillao muerto tras recibir un disparo del sargento Marcos Guerrero, uno de los uniformados que se enfrentaron a los mineros la madrugada del 24 de julio.

En la declaración, a la que accedió The Clinic Online, Garrido señala que Vargas le insistió telefónicamente en varias oportunidades y durante varios días para el despeje del camino, presionado a su vez por sus superiores en el “nivel central”.

Ante las preguntas del fiscal Artigas, Garrido reiteró que entendía “claramente que a nivel central, Ministerio del Interior, se había dispuesto la intervención policial en este conflicto de los trabajadores movilizados en El Salvador”, dijo.

El uniformado señaló también que  mientras Vargas pedía la intervención de Carabineros desde el primer día de manifestaciones (21 de julio), el seremi de Justicia, Freddy Arancibia, y él optaban por una salida por otras vías.“Hasta que debí cambiar mi posición”, precisa.

En su testimonio dice que las autoridades de quienes recibió órdenes de proceder fueron sus superiores, el general Leonidas Venegas Briceño y el general Christian Fuenzalida López. “Respecto del intendente, como referí, también recibí su solicitud de que se interviniera, sin que exista una relación jerárquica con él, por lo que su petición estuvo a mi discrecionalidad, ahora, en el sentido del cumplimiento del deber me pareció que lo que planteaba era lo que correspondía legalmente”.

Sobre la hora del operativo, que comenzó a las 23 horas, según relatan diversos testigos en la investigación, Garrido dijo que “ya que era vital el elemento sorpresa para tener una mayor probabilidad de éxito en despejar los puntos 1 y 2 que según mi cálculo era en lo que estábamos con probabilidad de realizar”.

Imperativo legal
de actuar

A lo largo de su declaración, Garrido señala que cuando el dispositivo regional de Carabineros se vio superado tratando de despejar “el sector del Puño de Diego de Almagro”, pidió dos arietes, los que consistían en un carro lanzaguas, un jeep blindado y un bus con dotación completa de personal de Fuerzas Especiales, compuesto por veinte funcionarios. “Esto, en atención al nivel de organización, muy elevado, de los manifestantes; unido al nivel de violencia muy alto y es un movimiento que tiene nivel nacional, en El Teniente, Chuquicamata y otras minas de Codelco”, dijo, agregando ante la negativa a la negociación entre la CTC y la cuprífera estatal y la “presión ambiental” con la prolongación del conflicto se encontró con el imperativo legal de actuar.

Por último, sobre el uso del arma de fuego, el uniformado señala que no existió ninguna orden o autorización de su uso, pero en los tres casos -los tres carabineros que dispararon contra los manifestantes- lo hicieron porque el riesgo era importante y que no sabían que las máquinas eran blindadas, aunque sí era posible evadirlas.

Según Garrido, “es muy posible que los disparos hayan evitado una consecuencia mayor, ya que con independencia que las balas no atravesaron el vidrio de la cabina el impacto puede haber generado la reacción del conductor de detener su avance en contra del personal policial”.

Intendente:
“nunca hubo presión”

Por su parte, el pasado 1 de agosto el intendente Miguel Vargas, declaró ante el fiscal Artigas. En su testimonio, incluido en la carpeta de investigación a la que accedió The Clinic Online, Vargas señala que se enteró del conflicto de la CTC con Codelco a partir de la connotación pública y nacional que tuvo y que en esa división tenía otra connotación dado el anuncio de cierre de las faenas.

Pero además la autoridad regional rechazó tajantemente haber presionado al coronel Garrido para la intervención en la zona. “Quiero dejar en claro que no existió ninguna orden de mi parte para que se adoptara algún procedimiento, ni en este caso ni en ningún otro. Lo que se hace es solicitar, manifestar preocupación para el cumplimiento de la función de Carabineros de mantener el orden público”, dijo Vargas.

The Clinic