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EDITORIAL

Fin de la huelga de hambre de ex preso político

Un centenar de ex presos políticos protagonizó una huelga de hambre en todo el país, como medida de presión para que el gobierno se allanara a considerar una serie de demandas.
[…]

Por La Prensa Austral Martes 28 de Julio del 2015

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Un centenar de ex presos políticos protagonizó una huelga de hambre en todo el país, como medida de presión para que el gobierno se allanara a considerar una serie de demandas.
Esta movilización nacional duró unos 40 días y se levantó luego de que se llegara a un acuerdo con La Moneda, donde se registró el compromiso del Ejecutivo de considerar, entre otros temas, el reajuste de la pensión Valech a manera de reparación justa para aquellas personas que fueron torturadas durante la dictadura.
Mientras en el resto del país la huelga de hambre se fue levantando en todas las regiones, en Magallanes el ex preso político Manuel Aguilante Barrientos optó por continuar con su protesta como una forma de sensibilizar al gobierno regional respecto de temas pendientes para quienes sufrieron prisión y, no pocas veces, tortura durante el régimen militar.
Finalmente, la huelga del magallánico se depuso este domingo al lograr un acuerdo con la intendencia, el cual firmó junto con Jorge Flies. El compromiso del gobierno regional consiste en acceder a abordar medidas reparatorias en múltiples ámbitos, como son los de salud, educación y vivienda.
Así, el ejecutivo magallánico acordó seguir trabajando en tres subcomisiones e indicó que tiene prácticamente definida la lista de posibles beneficiarios con las medidas a adoptar.
Como en otros casos y situaciones, entre los ex presos políticos hay diferencias respecto de lo vivido y el acceso a reparación efectiva. Existe un grupo importante que, más allá de las ayudas estatales, no logró recuperarse de lo vivido y ha enfrentado, además, situaciones desmedradas en términos socioeconómicos.
El Estado tiene que garantizar a todos los habitantes del país los derechos básicos y, en este caso particular, tiene un doble deber en tal sentido, pues se trató de un grupo de personas que fue víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de organismos estatales.