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EDITORIAL

Fiscalización del contrato de la Zona Franca

Por La Prensa Austral Domingo 24 de Abril del 2016

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Desde que se concretó el traspaso de la administración del recinto franco al nuevo concesionario en 2007, se inició un camino intrincado y que terminó constituyendo el denominado caso Zona Franca, caracterizado por ser extremadamente complejo, con un sinnúmero de ramificaciones y posturas.
El único denominador común ha sido la falta de fiscalización de parte de los respectivos gobiernos regionales y de los servicios públicos llamados a controlar la marcha y cumplimiento del contrato.
Razones para ello pueden existir muchas, siendo la más benigna esgrimir que esto fue posible por simple y llana desidia, si es que ésta no constituye una falta grave al tratarse de funcionarios públicos.
Actuaciones tardías, omisiones y, a ratos, hasta acusaciones de posible colusión entre la autoridad de turno y los intereses empresariales forman parte de lo registrado y especulado a lo largo de estos años.
La actual administración anunció desde un principio que iba a fiscalizar el contrato y, tras casi ocho meses de un proceso de negociación, anunció un acuerdo con la concesionaria.
Lo convenido tiene como premisa que gran parte de los incumplimientos registrados y de la aplicación de las respectivas multas están hoy prescritos, por lo que sería batalla perdida perseguirlos.
Así, se fijan algunos montos mínimos a cancelar por parte de la concesionaria y se fundamenta que lo pactado tuvo en consideración que, en caso contrario, se hubiera tenido que llevar los antecedentes al ámbito de la justicia.
¿Cuánto perdió el fisco y cuánto gana la región con este acuerdo? Son preguntas que sólo las responderá el tiempo y quienes tejieron lo convenido.
Importante es que, subsanadas algunas de las principales diferencias -en la medida que el acuerdo sea ratificado-, no vuelva a suceder que, existiendo un contrato de concesión de un bien estatal, haya una empresa que no lo cumpla y jefaturas gubernamentales y servicios públicos que no jueguen el rol fiscalizador que éste y las normas legales le confieren como garantes del patrimonio estatal.