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EDITORIAL

Gratuidad en la enseñanza superior

Serios cuestionamientos recibió la decisión del gobierno de circunscribir la gratuidad en el sistema de educación superior, en un primer momento, sólo a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores -entidad que reúne a 25 instituciones- y a los centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro.
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Por La Prensa Austral Domingo 19 de Julio del 2015

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Serios cuestionamientos recibió la decisión del gobierno de circunscribir la gratuidad en el sistema de educación superior, en un primer momento, sólo a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores -entidad que reúne a 25 instituciones- y a los centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro.

Por   presupuestarias, este proceso comenzará el próximo año cubriendo exclusivamente a los estudiantes de los tres primeros quintiles, que corresponde al 60% de las familias de menores recursos.

El primer ámbito de lo resuelto por el Ejecutivo y que fue ratificado por la nueva ministra de Educación deja fuera de la gratuidad a las universidades privadas, lo cual gatilló acusaciones de discriminación no sólo de los rectores de tales planteles, sino de partidos de la propia alianza de gobierno, como la Democracia Cristiana.

Desde tal nicho, se pidió, entonces, a La Moneda que reconsidere la medida y que revise los criterios que la fundamentan. También se expresaron reparos desde sectores del Partido Socialista y del PPD.

En el caso de los rectores de las universidades privadas, es atendible el reclamo, pues alegan que en sus aulas se cobija a buena parte del estudiantado proveniente de familias de ingresos menores, quienes serán excluidos de tal beneficio.

A la vez, las rectorías de estos planteles han expresado su aprensión por una eventual fuga de alumnos hacia aquellas casas de estudios superiores que brinden carreras gratuitas.

El gobierno ha respondido que esto será neutralizado, de alguna forma, con el congelamiento de la matrícula de las universidades del Cruch e institutos superiores.

Como planteamiento general, el Consejo de Rectores postula que todos los estudiantes vulnerables de la educación superior debieran tener acceso a la gratuidad, si bien es sabido que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para hacer universal tal beneficio y, por ende, resulta congruente que se comience por las universidades estatales y tradicionales del país.

Pero, a la vez, no deja de ser cierta la alerta sobre la falta de un criterio común para definir los niveles socioeconómicos y de un nuevo marco regulatorio que asegure calidad, ausencia de lucro y democracia en las entidades que ofrecerán tal beneficio.