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EDITORIAL

Polémica por limitación de la prensa en viajes presidenciales (I)

Polémica resultó la decisión adoptada la semana pasada por la oficina de Prensa de la Presidencia, en cuanto a limitar la participación de los medios de comunicación social en las giras de la Mandataria al exterior. En efecto, se indicó que el Ejecutivo se arrogaría el derecho de confeccionar nóminas de los medios que en cada viaje podrían subirse al vuelo presidencial para cubrir los hechos informativos.
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Por La Prensa Austral Lunes 1 de Febrero del 2016

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Polémica resultó la decisión adoptada la semana pasada por la oficina de Prensa de la Presidencia, en cuanto a limitar la participación de los medios de comunicación social en las giras de la Mandataria al exterior. En efecto, se indicó que el Ejecutivo se arrogaría el derecho de confeccionar nóminas de los medios que en cada viaje podrían subirse al vuelo presidencial para cubrir los hechos informativos.

La medida, como era de esperarse, concitó de inmediato el repudio de los medios de comunicación, la Asociación Nacional de la Prensa S.G, el Colegio de Periodistas y los propios reporteros acreditados en el Palacio de La Moneda.

Primero, porque se entendió como una seria limitación al deber de los medios de proporcionar una completa y oportuna información, tanto como una coacción a la labor fiscalizadora que ejercen de las autoridades, sus actos y declaraciones.

Segundo, porque conlleva el riesgo de que, a través de la confección de las referidas nóminas, se establecieran sesgos y se privilegiaran a aquellos periodistas y prensa afines al régimen. Por defecto, se “castigará” con la exclusión a aquellos dispuestos a criticar en forma constructiva y/o efectuar denuncias.

Tercero, porque se presentó como una resolución ilógica dentro de un régimen democrático e inconsecuente con el discurso gubernamental de protección y promoción de la diversidad informativa.

Las libertades de opinión e información son la base de la libertad de prensa y, a su vez, son elementos consustanciales de la democracia. Por ello, es un deber de todos los actores y sectores de la sociedad defenderlas y rechazar todo tipo de control y de limitación de las mismas.

Si bien el gobierno echó pie atrás a lo anunciado, quedó en el ambiente cierta preocupación por lo sucedido.

Una sociedad sana y desarrollada requiere y no se concibe sin la libertad de prensa y, desde los tres poderes del Estado, tiene que existir una acción consecuente y sistemática de defensa de este bien colectivo, así como sanciones acordes a la gravedad de la transgresión o amenazas a tales libertades.