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Consideraciones acerca de la presencia chilena en el continente antártico

Por La Prensa Austral Domingo 24 de Julio del 2016

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“A mi modo de ver es evidente que, considerando o no la normativa del Derecho Antártico, la realidad nos indica que Argentina, haciendo uso del derecho que le asiste en tanto Estado Parte de la Convemar, ha creado un diferendo limítrofe con Chile que -es importante asumir- se extiende al Sur al Norte del área de aplicación del Tratado de 1959”, señala Jorge Guzmán.

Jorge G. Guzmán

MPhil & PhD Cantab
jgg29@cam.ac.uk

Con preocupación he leído el artículo publicado el 19 de julio último en el diario de su digna dirección, firmado por Alfredo Soto y titulado ‘Antártica Traslapada’.

Ese texto contiene diversos errores históricos, geográficos y jurídicos que estimo importante aclarar. Esto, para aportar al fortalecimiento de nuestra conciencia antártica en una coyuntura jurídica y geopolítica de gran complejidad. Soy de la opinión que nuestra ciudadanía debe asumir sin dudas ni condicionantes que los espacios polares y australes son efectivamente partes esenciales del territorio de Chile, en tanto los espacios situados ‘a la otra banda’ del estrecho de Magallanes eran un componente fundamental del proyecto geopolítico de ‘Valdivia y sus compañeros’.

Sobre el asunto creo entonces necesario aclarar:

Hacia 1690 el continente antártico permanecía desconocido (‘terra australis incognita’ o ‘terra australis nundum cognita’). Las latitudes más australes para entonces visitadas eran 60°S-61°S, alcanzadas por navíos que intentaban ‘doblar’ el Cabo de Hornos aplicando la técnica conocida a través de las narraciones que referían la expedición holandesa de 1642, comandada por Hendrick Brouwer. Durante la segunda parte del siglo XVII esta técnica de navegación fue aplicada por bucaneros que, como Edward Cooke, William Dampier o Alexandre-Olivier Exquemelin, desde la década de 1660 asolaron las colonias españolas en el Pacífico Sudeste. Todos estos piratas publicaron más tarde ‘sus aventuras’ en el Pacífico. A través de ellos se sabía que al sur del cabo de Hornos se extendía un sector subpolar de lo que la cartografía occidental entonces llamaba mar magallánico.

La presencia de balleneros y, más tarde, de foqueros en aguas de la Patagonia Oriental primero, y Occidental, después, es un fenómeno histórico que se desarrolló a partir de la década de 1770, a saber, una vez que los caladeros del Hemisferio Norte comenzaron a declinar.

Hacia 1690 la caza y el comercio de pieles de focas no existía en el Hemisferio Sur.

El descubrimiento de las Islas Shetland del Sur ocurrió sólo en 1819, cuando el bergantín inglés ‘Williams of Blyth’, capitán Smith, practicando la técnica de Brouwer para doblar el Cabo de Hornos, accidentalmente descubrió el Cabo Shirreff, Isla Livingstone. La noticia fue enseguida comunicada en Valparaíso. En un segundo y tercer viaje entre Valparaíso y Montevideo, Smith verificó su descubrimiento. Ello dio paso a lo que el historiador y diplomático Jorge Berguño Barnes denominó ‘el primer ciclo lobero en la Antártica’. Ello ocurrió a partir del verano austral de 1819-1820, solamente.

El descubrimiento del continente antártico propiamente tal fue verificado por el bergantín chileno ‘Dragón de Valparaíso’, capitán Andrés Macfarlane. La tripulación de esta nave dedicada precisamente a la caza y al comercio de focas ocurrió en diciembre de 1820. Macfarlane llegó al país como piloto de una nave inglesa y, enseguida, se enroló en la naciente Armada de Chile. A mediados de 1820 renunció con el grado de teniente para hacerse cargo del ‘Dragón’. A fines de 1817 esta nave (entonces 22 de julio 2016 llamada ‘Dragón de Liverpool’) había llegado a Chile con una carga de armas y pólvora que luego fueron empleadas por el Ejército Patriota en la Batalla de Maipú.́

En cuanto al problema de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas, la situación actual se origina en la aplicación de una norma de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), cuya implementación en espacios situados más al sur de la latitud 60°S (área de aplicación del Tratado Antártico de 1959) es contradictoria con el principio del Artículo IV de ese instrumento, esto es, la norma que establece que durante la vigencia del Tratado de 1959, los denominados reclamos territoriales en la Antártica están, para únicamente efectos jurídicos, ‘congelados’.

Esta fórmula establece el principio de ‘estar de acuerdo en que no hay acuerdo’, y en ella se sustenta no sólo el Tratado de 1959, sino que todo el Sistema del Tratado Antártico. La misma no es, como se entiende del texto del señor Soto, una contribución norteamericana, sino que uno de los aportes más relevantes de la diplomacia chilena al sistema internacional.

Desde 1959 ningún país ha renunciado a sus pretensiones territoriales en la Antártica.

Hace algunas semanas publicamos en este mismo medio una carta solicitando información acerca de las medidas geojurídicas que Chile está adoptando para enfrentar la nueva situación en la Antártica creada por los reclamos de plataforma continental efectuados por Australia, Noruega y Argentina. Ello, en el espíritu de contribuir con seriedad y conocimientos al debate de esta importante materia, toda vez que no sólo el gobierno y las autoridades, sino que nosotros, los ciudadanos, tenemos el deber de ocuparnos de esta compleja materia.

A mi modo de ver es evidente que, considerando o no la normativa del Derecho  Antártico, la realidad nos indica que Argentina, haciendo uso del derecho que le asiste en tanto Estado Parte de la Convemar, ha creado un diferendo limítrofe con Chile que -es importante asumir- se extiende al Sur al Norte del área de aplicación del Tratado de 1959.

Acerca de las condiciones jurídico-diplomática de los Miembros de este instrumento es importante establecer que son sólo dos: Partes Consultivas que, términos simples, tienen derecho ‘a voz y voto’ en materia de decisiones antárticas, y; Partes No Consultivas, que han adherido al Tratado y que participan de las reuniones y actividades antárticas, no obstante que no tienen ‘derecho a voto’ en los procesos de decisión. No hay, por lo tanto, ‘grupos de países’ en el sentido que lo afirma el señor Soto.

Con todo, lo más importante de aclarar se refiere a la condición polar de nuestro país, esto es, la existencia efectiva de un Territorio Antártico Chileno.

Como es bien conocido, en lo fundamental la tradición antártica chilena se sostiene en la aplicación del principio del ‘utis posidetis’, esto es y para los efectos prácticos, la aplicación del concepto de la ‘línea de partición’ del Tratado de Tordesillas de 1494. Al margen que la literatura no-hispana ha discutido la validez de dicho instrumento jurídico, lo concreto es que desde el punto de vista de ambas potencias ibéricas, la legalidad de ese instrumento nunca fue motivo de desacuerdo.

Por ello, no obstante que los trabajos de campo acordados en 1494 para verificar la longitud de dicha línea no fueron realizados (un problema científico-técnico más allá de las capacidades científicas de la época), en la década de 1760 España y Portugal negociaron diversos instrumentos que incluían la delimitación entre sus posiciones en el Río de la Plata y el Brasil.

Un siglo después esos acuerdos formaron el referente para la determinación de la frontera entre Uruguay y Brasil (1851), ámbito en el que se estableció que el límite internacional entre ambas Partes se iniciaba en la costa atlántica sobre la denominada ‘Barra del Chuy’, situada sobre la longitud 53°O.

Toda vez que la República de Chile heredó los límites del ‘Reyno de las Provincias de Chile’, el límite oriental de su territorio antártico es consecuentemente la citada longitud (53°O). Desde un punto de vista epistemológico, jurídico y político, esa posición corresponde a la longitud de la ‘línea de partición’ del Tratado de Tordesillas de 1494.

En cuanto a su límite occidental (90°O) el territorio Antártico Chileno se ajusta al principio de ‘Hemisferio Americano’ derivado, entre otros aspectos, de la idea de ‘América’ desarrollado a partir de la llamada ‘Doctrina Monroe’. Esa doctrina proclama el principio de ‘América para los americanos’, ergo, la Antártica Americana’ para Chile, legítimo heredero de España en el sur lejano del mundo.

Junto con principios tales como el del ‘asilo’, el principio de ‘Hemisferio Americano’ forma parte de la tradición jurídica interamericana, y ha sido reconocida en tratados multilaterales tales como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) de 1946.

De esta forma, el Decreto Antártico firmado por el Presidente Pedro Aguirre Cerda el 7 de noviembre de 1940 sólo fija los límites de nuestro territorio antártico, esto es, no constituye una reclamación territorial, sino un acto administrativo que simplemente especifica la extensión de un espacio geográfico que desde el principio pertenece a Chile.

Así el Territorio Antártico Chileno no es resultado de un ‘reclamo territorial’, toda vez que se trata de un espacio geográfico íntimamente vinculado a la ‘idea original de Chile’ y, además, es un territorio directamente vinculado a la historia magallánica, toda vez que desde la misma Punta Arenas, a partir de la década de 1840, Chile proyectó hacia esas regiones una presencia permanente a través de las actividades de sus foqueros, balleneros y de otros pescadores de latitudes altas, al igual que por medio de la vigilancia permanente de la Armada Nacional.

Entre otros aspectos, la familiaridad adquirida por los magallánicos con nuestra Antártica explica la simplicidad del rescate de los náufragos de la HMS Endurance desde la isla Elefante, cuyo centenario estamos próximos a celebrar.

A diferencia de lo expresado por el señor Soto, estimo que el Artículo IV del Tratado no otorga la ‘tranquilidad’ que él sugiere. Esto porque, primero, el ‘modus vivendi’ y la ‘Pax Antarctica’ de la que hemos disfrutado desde 1961 no depende, desgraciadamente, de la aplicación de esa norma, sino que, en los hechos, depende de la dinámica que adquiera la aplicación de la Parte VI de la Convemar, la cual fija los criterios y procedimientos geocientíficos para que los Estados Ribereños puedan extender sus plataformas continentales mucho más allá  de las 200 millas marinas.

Segundo, porque en función de esa dinámica, haciendo uso de un derecho que le asiste en tanto Estado Parte de la Convemar, Argentina nos ha impuesto un nuevo diferendo limítrofe que se refiere -es importante tener presente- a espacios geográficos situados al Sur y al Norte del área de aplicación del Tratado Antártico. Es bien conocido el mapa argentino que su reclamo de plataforma continental extendida ilustra con toda claridad que en la pretensión argentina se incluyen espacios de suelo y subsuelo de la  Región de Magallanes ubicados al sur del Cabo de Hornos y de las Islas Diego Ramírez.

Lejos de tranquilidad, me permito recomendar que nos preparemos para un largo y complejo proceso de negociaciones del que -si no en este gobierno, seguramente en alguno de los próximos-, deberemos hacernos cargo. Para ello debemos prepararnos para defender, con las armas de la ciencia y el derecho, lo que es nuestro desde la fundación de nuestro país.

No hay espacio para la tranquilidad. Improvisar -como lo hemos visto en casos recientes- es caro: nos cuesta territorio de la República.