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A 31 millones de pesos asciende estafa denunciada por un grupo de postulantes a la casa propia

Por La Prensa Austral Sábado 16 de Abril del 2016

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Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

“Esto me enfermó. Ayer tuve una subida de presión y tuve que ir al hospital, se me inflamó el estómago por los puros nervios. Me corren las lágrimas porque me da impotencia. Para las personas humildes no hay oportunidades, pero para el ladrón se abren las puertas” (sic.), lamentó entre sollozos Ludomila Vásquez Morales, una de las 47 personas que, para obtener una vivienda de forma más rápida, le depositó dinero a Patricia Mireya Ojeda Ojeda, quien se desempeñaba como asesora externa de cuatro agrupaciones que trabajaban para reunir fondos que tendrían como fin la adquisición de un terreno para optar a la casa propia.
Pero su atribulación y su tormento no recaía en los $270 mil que ella entregó, sino que la causa de su angustia tiene que ver con los casi $2 millones que sus hijos Patricio y Andrés reunieron con mucho esfuerzo con el objetivo de tener un lugar en donde vivir y donde poder criar a sus hijos.
“Nosotros pecamos de ingenuos con esto. Mis hijos son gente nueva, jóvenes, y con las ansias de tener su vivienda. Ellos compraron cortinas, muebles, se ilusionaron. Nosotros encontramos que estaba la oportunidad aquí para tener una vivienda más rápido. Confiábamos ciegamente en ella y le pasamos la plata para que nos entregara la casa en diciembre del año pasado. Ella jugó con nosotros”, llora sin cesar, mientras se secaba las lágrimas.
Según relata Ludomila, Patricia Mireya Ojeda solicitaba a distintas personas montos que variaban entre los $270 mil a $1 millón 200 mil, los cuales constituían -según la asesora- a una garantía que tendrían supuestos desertores de viviendas adjudicadas al conjunto habitacional Integración 2012, en el sector sur de Punta Arenas, para poder retirar su dinero invertido y así suplir los cupos con distintas personas que integran las agrupaciones Alto Alerce, Hebrón, El Pacífico y Terra Australis.
“Ella me dijo que esta plata, 270 mil pesos, eran para gastos operacionales y que ya las casas estaban listas y yo tenía que pagar ese monto para que los papeles de la persona que los había dejado pasaran a nombre mío. Me dijo que con esta plata que yo le deposité me iba a dar una casa en diciembre. Después llegó enero y febrero, y no salió la casa. Entonces empecé a llamarla y me dijo que a mis hijos le entregaría las casas el 16 de abril, por lo que comencé a presionarla para que deposite el dinero porque ya venía la entrega y a nadie le van a dar una propiedad sin tener un subsidio o un monto en la libreta. Ahí yo me puse nerviosa y dije que todo esto debe ser mentira. Hasta la fecha yo no me convenzo de que ella nos haya podido hacer esto, porque siempre fue atenta y cariñosa, ¿por qué tendría que hacernos esto a personas humildes, que siempre la atendíamos aquí como una familia?”, precisa.
Otro testimonio
Alejandra Vega Sánchez también se cataloga como una afectada. Ella ingresó a la agrupación el 9 de septiembre de 2015 y apenas llegó la misma asesora (recomendada por Ludomila, que es suegra de su hermana) le ofreció acelerar el trámite de la casa propia, pidiéndole $1 millón 200 mil que ella entregó. Hasta el momento, Patricia Mireya Ojeda le devolvió en enero de este año un poco más de $400 mil mediante un depósito, pero del resto aún no tiene respuesta.
“Yo le pasé 1 millón 200 mil pesos en mano, con lo que quedé exenta de pagos de inscripción y mensualidad, que eran 30 mil pesos. Ella señaló que nosotros íbamos a ser dueños de las casas que están detrás de la cárcel, porque según ella había mucha gente que las había rechazado. Al asegurarnos de que estas personas no querían esas propiedades, la señora Patricia nos dijo que iba a entrar a negociar con la directiva de esa agrupación para que nosotros pudiéramos tener esas casas u otras las de la población Fitz Roy, cosa que fuimos descubriendo con el tiempo que lo que ella ofrecía eran propiedades que no tenían cupo o estaban destinadas a la Armada. Primero me aseguró que el primer depósito me lo iba a realizar el 24 de octubre, yo la llamé ese día y me dijo que me esperara unos días, tranquilizándome con que el 10 de abril salía la casa”, describe Vega, agregando que ha ido a la casa de la falsa asesora para exigirle respuestas “porque ya se había destapado todo este asunto y hay muchas personas que no quieren hablar porque tienen miedo a cómo ella pudiera reaccionar. Yo eso se lo dije y ella me señaló que había mucha gente de la municipalidad metida en esto, que le habían pasado plata en mano y que obviamente no iban a hablar por miedo a perder sus cargos públicos”.
Tanto Ludomila como Alejandra y otras 45 personas firmaron una declaración jurada ante los notarios públicos Ulises Morales Ríos e Igor Trincado Urra, cuyo documento afirmaba que el dinero sería utilizado tanto para “gastos operacionales” como para “los fines que sean pertinentes”.
“Yo fui a Policía de Investigaciones y me dijeron que la declaración jurada que yo firmé me servía para hacer una denuncia, pero que no me iba a ayudar en nada porque es un papel de mutuo acuerdo, entonces como que no es válido”, puntualizó Alejandra.
“El día D”
Tras haberse cumplido ayer 15 de abril el plazo en que Patricia Mireya Ojeda habría prometido a diversas personas que depositaría el dinero requerido, las presidentas de las cuatro agrupaciones -que ayer recibieron asesoría legal del Serviu- indicaron que se reunirán la próxima semana con el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses, para luego entablar la denuncia formal, junto con la querella que el Minvu presentará ante la Fiscalía en contra de la ficticia operadora.
“Ayer hubo una ayuda en orientarnos como para donde ir a buscar asesoría. Esperamos que el seremi nos pueda apoyar un poco más y quizás ayudarnos a conseguir a un abogado, porque la verdad es que queremos llegar hasta las últimas instancias con esto. Nosotros ahora vamos a seguir el proceso como corresponde, nos vamos a asesorar con el Serviu y buscaremos una entidad patrocinante para llevar a cabo el conducto regular, como debió haber sido desde un principio, y aunque nos duela, vamos a volver a juntar la plata para comprar el terreno”, sostuvo Carolina Jiménez, presidenta de la agrupación Alto Alerce, totalizando $31.221.000 el monto que habría sido solicitado a los 47 afectados de los cuatro comités para la vivienda.
Por otra parte, y consultada por la situación, la fiscal regional de delitos económicos, Wendoline Acuña, señaló que “en el caso de las estafas y otras defraudaciones hay una figura que se contempla en el caso justamente relativo a los inmuebles y que están en el artículo 470 del Código Penal, en el numeral noveno”.
Dicha especificación precisa que a un individuo que con ánimo de defraudar dedicada al rubro inmobiliario o a la construcción hace suscribir a otras personas promesas de compraventa de inmuebles para obtener viviendas sin cumplir con las exigencias de la Ley General de Urbanismo, y si se produce un perjuicio para las personas que se supone van a adquirir el inmueble, se incurre en una conducta de estafa, y la pena que está asociada a ese delito va en directa relación con el monto perjudicado.
“Si en este caso, el monto defraudado excediera las cuatrocientas unidades tributarias mensuales ($18.126.400), se aplicaría una pena de presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día a cinco años), más una multa de 21 a 30 UTM”, sentenció.