Necrológicas
  • Jorge Ulloa Ulloa
  • Mario Riquelme Haselbach

Corte de Apelaciones ordenó la prisión para “cuatreros”

Por La Prensa Austral Sábado 31 de Diciembre del 2016

Compartir esta noticia
845
Visitas

Por mayoría ayer la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso interpuesto por el fiscal Fernando Dobson, respecto de la resolución adoptada por el juez Pablo Miño, quien el pasado 22 de diciembre dejó en libertad a tres de los cuatro imputados por abigeato, vinculados a la matanza de un centenar de corderos de la costosa raza 4M, que afectó a la estancia Pecket de propiedad del ganadero José Marín Antonín. Los ministros estimaron que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad, y ordenó su ingreso a la cárcel pública.

El voto en contra correspondió al ministro (s) Luis Alvarez Valdés. De este modo, el pronunciamiento a favor de la ministra María Isabel San Martín y la fiscal judicial (s) Connie Fuentealba, la Fiscalía le dobló la mano al juez Miño, revocando lo resuelto en la audiencia de control de detención del 23 de diciembre realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, oportunidad en que se rechazó la medida cautelar de prisión para los hermanos Víctor y Pablo Chávez Cuyul y Sebastián Eduardo Velásquez Delgado, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de abigeato.

Lo anterior, dice relación con lo ocurrido en la tarde del pasado 21 de diciembre, cuando los tres imputados, además de un menor de 16 años, fueron detenidos por carabineros de la Subcomisaría Río Seco, luego de que un puestero los divisara junto a un piño de corderos que había sido sacrificado al interior de uno de los predios de la Ganadera Marín.

En su oportunidad, los imputados pasaron a control de detención, quedando el menor de edad con cautelares proporcionales a su edad, mientras que dos de los tres adultos, fueron liberados, mientras que el tercero ingresó a cumplir una sanción pendiente que pesaba en su contra, pese a que Dobson había pedido la prisión para todos los mayores de edad.

La primera sala de la Corte de Apelaciones estimó que en esta etapa de la investigación, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además del carácter del delito y el hecho de haber actuado en grupo.

Con lo anterior, resta que los requeridos sean localizados para ser ingresados al complejo penitenciario de Punta Arenas, recordando que en la audiencia de formalización se fijó un plazo de 90 días para la investigación.