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Ex secretario de la Corporación Municipal pierde juicio por 200 millones de pesos

Por Poly Raín Miércoles 17 de Agosto del 2016

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Ex secretario de la Corporación Municipal
pierde juicio por 200 millones de pesos

Un serio revés sufrió el abogado y ex secretario de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Hermes Hein Bozic, luego de que ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad perdiera un juicio que había ganado previamente en primera instancia, ante el juzgado civil de esta ciudad, tras ser desvinculado de esta organización de derecho privado.
La pretensión original del profesional superaba los 246 millones de pesos. Ya un fallo del Juzgado Laboral había concedido casi 30 millones de pesos, traducido en 13.812.108 pesos por indemnización legal por años de servicio; 2.302.018 pesos por indemnización sustitutiva del aviso previo, y otros 13.812.108 pesos a título de indemnización convencional por seis meses de remuneraciones por despido intempestivo.
Respecto de otros estipendios, el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, a través de su juez Claudio Jara, había fallado a favor de Hein, condenando a la demandada -Corporación Municipal- a pagar 3.000 UF (78.555.000 pesos) por concepto de honorarios y la suma de 7 millones de pesos por el mismo concepto.
Cabe recordar que en una sesión del Concejo Municipal donde se debatió este juicio, el concejal y abogado Juan José Arcos se opuso enérgicamente a que el municipio desembolsara la suma de 200 millones de pesos para responder frente a estas dos demandas.
El tribunal superior regional al conocer del recurso entablado por la Corporación Municipal, el pasado 12 de agosto declaró de oficio la nulidad absoluta de las estipulaciones contractuales en que Hein Bozic sustenta la demanda, por lo que procedió al rechazo de la demanda civil por 85 millones de pesos que habían sido acogidos en primera instancia. En razón de lo anterior, la Corte revocó la sentencia del 16 de abril de 2016 que acogió parcialmente las pretensiones del ex secretario de la Cormupa, que superaban los 200 millones de pesos.
En su parte resolutiva, los ministros plantean que “las estipulaciones contractuales que adolecen de objeto ilícito, aparece de manifiesto que éstas se celebraron entre un órgano creado para el cumplimiento de una función administrativa de carácter público y un empleado de éste, por un monto superior a 200 unidades tributarias mensuales, por actividades particulares cuyo desarrollo coincidía parcialmente con la jornada laboral del empleado”.