Necrológicas
  • Orlando Vera Muñoz
  • Yerco González Cárcamo
  • Leonor Silva de la Fuente
  • Francisco Moreno Chávez
  • Luz Edulia de las Mercedes Chapa Muñoz
  • Margarita Ríos Collier
  • Elena Cea Vidaurre

Fijan millonario monto que adeuda concesionaria de ZF y piden a intendente que evalúe caducar el contrato

Por Elia Simeone Viernes 7 de Agosto del 2015

Compartir esta noticia
590
Visitas

El intendente, Jorge Flies, deberá iniciar un proceso de negociación con la actual concesionaria de Zona Franca, a fin de que ésta cancele la millonaria deuda que mantiene con el fisco por concepto de incumplimiento y atraso en su plan de inversiones, uso de sociedades espejo y subarriendos, diferencias en el pago del precio de la concesión (28% de los ingresos brutos anuales) y nula reinversión (6% de los ingresos anuales).

De no alcanzar un acuerdo y persistir las diferencias, la autoridad regional deberá recurrir a los tribunales de justicia.

Así lo determinó la Contraloría General de la República en el informe Nº43/2014, emitido con fecha 30 de julio de este año, por su División de Auditoría Administrativa, Area Administración Interior y Justicia.

Extraoficialmente, fuentes ligadas a Cámara Franca estimaron en cerca de $8 mil millones lo que se debe exigir que pague la actual concesionaria de ZF.

Pero, más allá de estas instrucciones, la Contraloría se expresa claramente respecto de que, atendidas todas las observaciones reseñadas en tal documento, “corresponde que la intendencia regional evalúe la aplicación” de la caducidad del contrato de concesión celebrado con Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. (SRI).

Así, la emisión de este informe es un nuevo paso, con insospechado derrotero, que se vivirá en torno al bullado caso Zona Franca.

La Contraloría también pide que la intendencia siga con su proceso de sanción por las diferencias tarifarias que aplica SRI a los usuarios del recinto y que determine el monto de otras deudas que mantiene la concesionaria con el fisco.

 

Los incumplimientos denunciados

La investigación especial se inició a raíz de las sucesivas presentaciones realizadas ante la Contraloría por Cámara Franca, solicitando que indague eventuales irregularidades en que habría incurrido la concesionaria y la falta de control y sanción de parte de la intendencia ante las anomalías que señaló.

En resumen, Cámara Franca planteó que la administradora creó sociedades espejo, como Rentas Pacífico Sur Ltda. en el año 2009, suscribiendo cuatro contratos con ella para el desarrollo de obras comprometidas en el contrato de concesión.

La entidad gremial agregó que SRI incumplió el pago total de la concesión anual, equivalente al 28% de los ingresos brutos anuales calculados en base devengada durante los años 2007 al 2011, pagando por ello un menor monto, sin que la autoridad hubiera aplicado y cobrado intereses y multas.

Un tercer reparo se refirió a la no reinversión del 6% de ingresos brutos anuales de los trienios terminados en los años 2009 y 2012, indicando que por ello adeudaría al fisco la suma de $1.072 millones.

Un cuarto punto fue su alegado de discriminación en el cobro de tarifas.

Cámara Franca también apuntó a que el plan de inversiones comprometido tuvo evidentes retrasos en las obras allí indicadas e, incluso, incumplimiento de las mismas, sin que la intendencia haya cursado multas por aquello, salvo en el caso del fallido terminal rodoviario.

La entidad gremial preguntó si, por los incumplimientos observados, corresponde o no declarar la extinción del contrato.

 

Conclusiones: obras comprometidas y plazo de ejecución

En el contrato vigente, SRI se comprometió a ejecutar diez obras de construcción, incluida la urbanización, por la suma total de 304.473 Unidades de Fomento (UF). Luego, se introdujeron modificaciones a aquello (en 2008 y 2013) y estos cambios significaron incrementar la inversión a 332.606 UF.

La Contraloría determinó que SRI dejó de invertir 124.157 UF (unos $3.118 millones) por concepto de obras no realizadas de su plan de inversión.

“La intendencia deberá continuar la actual negociación con la concesionaria, teniendo en cuenta su obligación de arbitrar las medidas que resulten pertinentes a fin de dar cumplimiento al plan de inversión pendiente y de las obras que se encuentren en ejecución, así como hacer efectivas las multas calculadas, ascendentes en 57.900 UF (unos $1.454 millones) por atrasos en la entrega de las obras comprometidas”, se indica en el informe.

De no mediar acuerdo en la precitada negociación, las discrepancias del caso deberán ser sometidas al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia. Al respecto, la autoridad tendrá que informar el estado de avance de las gestiones realizadas al efecto, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del informe.

 

Pago precio concesión

Respecto de la divergencia de cálculo del pago del precio de concesión (correspondiente al 28% de los ingresos brutos anuales), se pide a la intendencia que negocie con SRI este punto, para que procure hacer efectivas las diferencias determinadas entre 2007 y 2013, por un monto de $150.339.630, más los correspondientes reajustes, intereses y multas.

Se pide a la intendencia que valide y acredite los ingresos brutos declarados por SRI para los años 2014 y 2015 y lo efectivamente pagado en enero de este año como precio de concesión.

De no haber acuerdo, deberá ir a los tribunales. Tendrá que informar del estado de avance de tales diligencias en el señalado término de 60 días hábiles.

 

Subarrendamientos y tarifario

También se le solicita a la intendencia que realice gestiones para obtener la suma de $15.173.000, por el perjuicio fiscal producto del subarrendamiento de Rentas Pacífico Sur, haciendo efectivas las multas. Pide que informe, en 60 días, sobre el proceso de sanción por los contratos con tarifas distintas a las previas al Reglamento Interno de Operación (Rio) y sobre el posible daño fiscal, producto de la relación entre la concesionaria y la Sociedad Distribuidora y Logística Magallanes Ltda..

 

Extinción contrato

“En todo caso, atendidas las observaciones reseñadas en el presente informe, corresponde que la intendencia regional evalúe la aplicación de lo previsto en las cláusulas vigésimo cuarta, letra C), en relación con las cláusulas esenciales del contrato, a que alude el numeral 1.6.2 de las bases de licitación; y vigésimo quinta, letra c), relacionada con el punto 1.8.6 de tales bases, todas del contrato de concesión, relativas al término anticipado y a la extinción del mismo”.

Este es uno de los párrafos cruciales que incluye el informe y que se base en la citada cláusula vigésimo cuarta, que determina que el intendente “podrá poner término anticipado al presente contrato si la Sociedad Administradora faltare en forma grave o reiterada a cualquiera de las cláusulas u obligaciones contenidas en el presente contrato, sin derecho a indemnización alguna”. Mientras que el artículo vigésimo quinto citado también dispone que la concesión se extinguirá por “incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones del concesionario señaladas” (letra C).

Como faltas graves se consideran la transferencia o cesión del derecho de concesión y acumulación de multas por incumplimiento de obligaciones por sobre la cantidad de 1.000 UF en un año calendario, entre otras.