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Interponen primera querella criminal por estafa atribuida a ex ejecutivo bancario

Por La Prensa Austral Jueves 12 de Mayo del 2016

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La presentación de una querella criminal que persigue investigar las responsabilidades de la sede local del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), en particular de un ex ejecutivo bancario, por los delitos de apropiación indebida y estafa, ingresó a tramitación ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Los hechos dicen relación con la noticia publicada por La Prensa Austral a mediados de marzo pasado, cuando salió a la luz pública la auditoría realizada por el mismo banco, que dejó al descubierto el manejo fraudulento que un funcionario de dicha repartición habría hecho de los fondos de más de 15 clientes de la sede Punta Arenas del BCI.

Los dardos, en esta primera acción judicial formal por estos hechos, apuntan a un ex ejecutivo de la sucursal, el cual fue desvinculado de la institución. El querellante acusó en su escrito la apropiación de más de 45 millones de pesos de sus fondos mutuos, y consignó un “blindaje” de parte del banco, para acceder a la información de sus cuentas.

La auditoría interna permitió revisar los movimientos de valores que había realizado el ex ejecutivo Gerardo Menéndez Torres, sindicado por los afectados como presunto responsable, y contra quien apunta la querella ingresada el pasado 5 de mayo ante el Juzgado de Garantía, por el abogado Rodrigo Higuera Muñoz, en representación de su cliente, un pensionado residente en esta ciudad.

La primera presentación legal por estos hechos fue admitida a trámite, siendo reenviada al Ministerio Público para el inicio de las primeras diligencias. En su oportunidad, la entidad declaró a este medio que “esta irregularidad es un caso puntual y la auditoría interna descarta de plano la participación de otros ejecutivos del banco”, agregando la versión oficial, “queremos dar tranquilidad a todos los clientes de la sucursal de Punta Arenas, en especial a aquellos que se vieron afectados, ya que se trata de un hecho aislado”, y a continuación indica que “al detectarse esta situación, el banco tomó las medidas y, de comprobarse actos dolosos, tomará las acciones judiciales que correspondan”.

Contra quienes
resulten responsables

Si bien la acción judicial en trámite está dirigida en contra de todos quienes resulten responsables, el detalle del escrito se refiere expresamente a Menéndez, señalando en uno de sus acápites: “por informaciones de terceros, me enteré de que a algunos clientes del banco les habían hecho retiros de dinero sin su consentimiento, los cuales a su vez eran asesorados por el mismo ejecutivo, razón por la cual, y con evidente preocupación decidí pedir informaciones”.

Dichos informes lejos de entregar calma al cliente, habrían comenzado a dejar en evidencia el perjuicio económico del que habría sido víctima, por lo que insistió en la solicitud de detalles al banco, consignando que un llamado desde Santiago le informó que sería el gerente de inversiones del BCI, Gilbert Andersen, quien viajaría a Punta Arenas, el que personalmente se haría cargo de estudiar su caso. La reunión con el ejecutivo se llevó a cabo el 18 de marzo, asegurándosele al afectado que en 15 días se le daría respuesta, cuestión que no ocurrió, sino hasta el 4 de mayo, cuando se reunió ahora con el subgerente de inversiones, Guillermo Díaz, quien reconoció las malas prácticas del ejecutivo, y confirmó el despido de Menéndez.

Respecto de los perjuicios económicos, el querellante complementa en la presentación que “de acuerdo a la información entregada por el banco” -dejando entrever que faltarían detalles- el monto ascendería a más de 45,5 millones de pesos, los que corresponderían a retiros no autorizados de saldos en fondos mutuos y ventas de sus acciones, reduciéndole al afectado su patrimonio bancario, entre 2007 a la fecha, de 85,2 millones de pesos a 45,5 millones de pesos.

Por lo anterior, la querella procura probar el delito de apropiación indebida, pero además considera la estafa, ya que a juicio de la parte querellante, el ex ejecutivo habría incurrido en maniobras distractivas con la clara intención de ocultar lo que hacía, pese a que el banco mantiene procedimientos para las transacciones, lo que haría presumir la utilización de instrumentos ilícitos para cumplir el cometido.

Diligencias

El escrito solicitó a la Fiscalía decrete orden amplia de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI; se cite a declarar a todos quienes cumplen funciones en la sucursal bancaria de calle Errázuriz, y se llame a declarar a Menéndez Torres, a fin de establecer responsabilidades e iniciar proceso contra quienes resulten responsables directos y encubridores.