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Municipio pierde juicio por buses escolares

Por La Prensa Austral Jueves 7 de Enero del 2016

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Es una vieja historia que se arrastra al 20 de agosto de 2009 cuando los entonces alcaldes de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, y de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros, suscribieron un convenio de colaboración mutua entre ambas ciudades.

En virtud de esta alianza, el 25 de septiembre de ese año el alcalde Vladimiro Mimica y el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Luis Antonio González, viajaron a Puerto Montt para asistir a una reunión de trabajo con el alcalde de Puerto Montt, y de esa forma, conocer en terreno el servicio de transporte escolar implementado por el Departamento de Educación Municipal de esa comuna, y los beneficios obtenidos principalmente en el mejoramiento de la asistencia escolar, buses que habían sido conseguidos por medio de una donación realizada por una empresa estadounidense.

En razón de lo anterior, Mimica expuso con fecha 26 de octubre de ese año al Concejo Municipal de Punta Arenas el tema de la donación de buses traídos desde Estados Unidos, señalando haber sido invitados a Puerto Montt para ratificar en terreno la posibilidad que les ofreció el alcalde de dicha ciudad de importar desde Estados Unidos 10 buses de segunda mano que llegarían gratuitamente para satisfacer las demandas de los escolares de Punta Arenas, debiendo asumir este último municipio solamente los costos que demandaren la internación de los buses y que fluctuaban entre los 12 y 13 millones de pesos cada uno.

Sus características

Se trata de 8 buses normales y 2 para pasajeros minusválidos, los que serían destinados fundamentalmente al mundo escolar municipal, los que tendrían como objeto facilitar el acceso diario de los estudiantes más carenciados del sistema de educación municipal y, de este modo, aumentar la asistencia de los estudiantes de los colegios municipales.

En ese entonces, también se dijo que para la internación de los buses se suscribiría un convenio de colaboración con el municipio de Puerto Montt, entidad que se haría cargo de las gestiones necesarias para lograr la donación de los vehículos ante la empresa donante de Estados Unidos.

El 11 de noviembre de 2009, el abogado Rodolfo Lazo Araya, del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt, remitió a Punta Arenas una factura donde la empresa norteamericana Don Brown Sales Inc. cobra la suma de US$155.050, por concepto de servicio de flete desde Johnstown, Nueva York, Estados Unidos, hasta el puerto de San Antonio de Chile, de los 10 autobuses escolares americanos reacondicionados, presuntamente donados por la empresa norteamericana, para el municipio de Punta Arenas, objeto del convenio. Cursado el pago, en enero del año siguiente, arribaban los buses al puerto de San Antonio.

Después de verificado el pago, el municipio de Punta Arenas tomó conocimiento que el desembarque de los buses registraba gastos de flete de 45 mil dólares.

Dos meses después, en marzo de 2010, Contraloría Regional de Los Lagos estableció que los buses usados internados desde Estados Unidos obedecían a una operación de compra y no a una donación.

En base a dicho informe, en mayo de 2010 la dirección nacional de Aduanas presentó ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt una querella por el delito de contrabando, de acuerdo a lo previsto en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, dando origen al inicio de una causa penal.

El entonces alcalde Quinteros, de Puerto Montt, defendió la legalidad de sus actuaciones y el correcto actuar de todos los funcionarios intervinientes en el proceso.

Sin embargo, para el municipio de Punta Arenas existe una diferencia entre lo que suscribió y, lo que realmente realizaron los funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt, alejándose del espíritu del citado convenio.

Y, es que en virtud del convenio intermunicipal, se acordó que la Municipalidad de Puerto Montt se comprometía a realizar las gestiones necesarias para obtener la donación de vehículos destinados al transporte escolar desde Estados Unidos a las empresas que se encontraban en condiciones de realizar esa donación, y que al municipio de Punta Arenas sólo le correspondía proporcionar los recursos necesarios para la internación de los buses al país y la coordinación del flete.

En razón de los hechos descritos, el 6 de junio de 2011 el entonces alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, demandó al municipio de Puerto Montt, representado por su alcalde Rabindranath Quinteros, por estimar que a éste le asiste responsabilidad civil contractual en los hechos, por incumplimiento del contrato suscrito. Al mismo tiempo, afirma que de la conducta de la demandada aparece claramente que existe al menos culpa por negligencia, imprudencia e impericia en la ejecución del convenio suscrito.

Sobre el perjuicio y el daño ocasionado, el municipio de Punta Arenas estimó un perjuicio patrimonial avaluado en la suma de 110 mil dólares americanos (77 millones de pesos), correspondiente al monto pagado en exceso por concepto del mencionado flete, al existir una diferencia producida entre el monto cobrado por la empresa Don Brown Sales Inc, firma que entregó los buses y, la empresa Nippon Yusen Kaisha, responsable del transporte marítimo al puerto de San Antonio. Lo anterior, fundado en las conclusiones del informe final de la Contraloría Regional de Magallanes y ratificado por dictamen de la Contraloría General de la República.

Y es que canceló 155.050 dólares, por lo que creía era por concepto de flete. En marzo de 2010 el municipio de Punta Arenas se percató que aquel pago fue por el precio de los buses y no por flete, pues el costo de este último servicio fue sólo de 45.060 dólares.

Incumplimiento

La Municipalidad de Punta Arenas pretendía que la justicia declarara que la Municipalidad de Puerto Montt, incumplió el convenio de fecha 30 de octubre de 2010, al apartarse de la letra, espíritu y objeto del mismo, al no obtener en definitiva la donación de los buses a título gratuito.

Este lunes, 4 de enero, después de casi cinco años, la jueza suplente del Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, Isabel Velásquez Rojas, resolvió rechazar la demanda de indemnización de perjuicios de la Municipalidad de Punta Arenas.

“Surge con meridiana claridad que la obligada a prestar su consentimiento para la operación y donación y liberar el pago era la municipalidad demandante (Punta Arenas) y, al haber liberado el pago, pese a existir inconsistencias en los documentos de respaldo, era su responsabilidad detectarlo y suspender el curso del mismo, por haber asumido la demandante el pago de los costos del flete y, por ende, haberse puesto en el lugar de ejecutor presupuestario. Luego, de lo dicho, surge que el sujeto pasivo de la obligación contractual o más bien del convenio intermunicipal ejecutado imperfectamente no era la demandada, sino la municipalidad demandante, motivo por el cual su acción de indemnización por incumplimiento de contrato no podrá prosperar”, señala el veredicto.

El Tribunal eximió a la demandante del pago de las costas del juicio.