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  • José del Carmen Velásquez Saldivia

Tribunal ordena que Flor Oyarzo pida disculpas públicas a Marcela Muñoz  

Por La Prensa Austral Domingo 6 de Diciembre del 2015
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Ante la presentación efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de fecha 9 de noviembre de 2015 ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Punta Arenas, el tribunal desestimó las disculpas públicas entregadas por Amara Alvarado Legaza, administradora provisoria del Colegio de Profesores de Chile, y ordenó que sea la destituida presidenta regional, Flor Oyarzo, quien entregue disculpas públicas a Marcela Muñoz, ex trabajadora del Jardín Gabriela Mistral, donde el Colegio de Profesores actuaba como sostenedor.

“En cuanto a las disculpas públicas que el Colegio de Profesores de Chile debe dar a la trabajadora a través de la Presidenta del Colegio Regional de Profesores, ante la comunidad educativa del Jardín Infantil Gabriela Mistral, no existen antecedentes que demuestren que la Presidenta del Colegio Regional haya renunciado a su cargo o a la asociación gremial o haya sido destituida del mismo, por lo que no se avizora obstáculo para que Flor Oyarzo brinde las disculpas ordenadas a nombre del Colegio de Profesores de Chile, pues eso es lo que ordenó la sentencia de la instancia”, estableció el documento.

Cabe recordar que Amara Alvarado, administradora provisoria del Colegio de Profesores de Chile, concedió las disculpas en virtud de una carta poder, estando presentes únicamente ocho trabajadoras. En cuanto a la realización de la capacitación dispuesta en la sentencia en la causa por vulneración de derechos en contra de Marcela Muñoz, se programó para el día 14 de octubre de 2015, sin que ésta pudiera llegar a realizarse, dado que únicamente estaban presentes ocho personas, pese a que la resolución instruyó que debían concurrir los miembros de la directiva del Colegio Regional de Profesores, el personal del Jardín Infantil Gabriela Mistral y el personal administrativo del señalado Colegio, los que en total serían aproximadamente 50 personas. Por ello, se determinó la imposibilidad de realizar la actividad por falta de quórum.

Es en este sentido que la Inspección Provincial del Trabajo realizó una presentación al tribunal, alegando que: “la situación descrita evidencia la nula intención de cumplir las medidas antes dichas, pues las disculpas proporcionadas por una persona que ni siquiera trabajaba en el lugar en el momento de ocurrir los hechos denunciados no reparan la situación vivida por la trabajadora cuyos derechos fundamentales se vulneraron”.