Colombia no suelta la calle pese a retiro del proyecto que encendió la caldera
Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.
Miles de colombianos salieron ayer nuevamente a las calles, en el comienzo del segundo “paro nacional” contra el gobierno del Presidente Iván Duque, después de una semana de intensas manifestaciones y violencia con decenas de muertos, convocadas inicialmente en rechazo al ya retirado proyecto de reforma tributaria del Mandatario y a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.
Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.
Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.
El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.
Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016 abrió una caja de Pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.
Aunque una de las críticas principales al paro nacional es que su pliego de peticiones supera las 100 demandas, hay tres líneas generales que atraviesan la causa política de un movimiento que es heterogéneo y difícil de definir:
Una economía más igualitaria
Por mucho esfuerzo que haga Duque para destacar el valor asistencialista de su reforma, sus iniciativas económicas cuentan con un problema quizá irremediable: la desconfianza.
Duque es un aliado férreo del sector privado, viene de un partido conocido por su carácter terrateniente y su ahora ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es famoso por su ortodoxia neoliberal a favor de las grandes empresas.
Duque, el Centro Democrático y, sobre todo, Carrasquilla representan como pocos el modelo económico que las protestas buscan enterrar.
Aquel que le ha permitido al país una estabilidad macroeconómica, pero lo gradúa como el segundo más desigual de América Latina, según cifras del Banco Mundial.
Para los manifestantes del paro, la economía colombiana está anclada en el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería, entre otros.
Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente -que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación- está en el corazón de este movimiento de protesta.
Una reforma a la policía
En estos días de protestas, la ONG Temblores ha documentado 940 casos de violencia policial e investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías; entre enero y el 28 de marzo registraron 146 abusos y 13 muertos y el año pasado contabilizaron 86 presuntos homicidios.
En septiembre de 2020, el asesinato de 13 personas durante la represión policial de dos jornadas de protesta en Bogotá generó un debate profundo en el país: la necesidad de una reforma a la policía, que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios, encargado de reprimir las protestas.
A diferencia de la mayoría de países, la policía en Colombia hace parte del Ministerio de Defensa y está estructurada -su capacitación, lenguaje y objetivos- para un contexto de conflicto armado contra un enemigo concreto: las guerrillas marxistas.
Desde el punto de vista de los manifestantes, entonces, se espera una autoridad que no los trate de subversivos, sino como civiles con derechos democráticos, y que esté sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes.
Mejor implementación
del proceso de paz
La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo.
La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los mantras polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.
Para eso, un primer gesto que los manifestantes esperan del gobierno es que implemente el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
Duque defiende su política de paz, la cual tiene como principal apuesta el desarrollo productivo de las regiones más afectadas por el conflicto.
Sin embargo, sus críticos señalan que la pobre implementación del acuerdo ha generado el aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país.
Toda una vuelta, al menos parcial, a los tiempos cruentos del pasado.
BBC
