Tres taxistas, dos mujeres, un civil de Gendarmería y dos reclusos involucrados en red de microtráfico de droga
“Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. Así le ocurrió a la banda delictual que terminó detenida por la Policía de Investigaciones, integrada por ocho personas, que durante mucho tiempo traficaron droga en pequeñas cantidades al interior de la cárcel de Punta Arenas. Otro tanto lo comercializaban y distribuían con el apoyo de tres taxistas, hasta que fueron descubiertos.
Por ahora la justicia prohibió a los medios de comunicación revelar la identidad de los imputados.
El éxito de las operaciones de esta organización se logró gracias al apoyo prestado por un funcionario civil de Gendarmería. El mayor Nelson Acevedo, alcaide del complejo penitenciario de Punta Arenas reconoció que en el allanamiento realizado el domingo se incautaron diversos elementos prohibidos, “los cuales se pudieron asociar a la detención de un funcionario de Gendarmería”.
Dijo que la información la venían manejando hace aproximadamente cuatro meses, gracias al trabajo de la Oficina de Seguridad Interna de Gendarmería, que se contactó con el Ministerio Público, instancia que dispuso que la PDI realizara la indagación.
Investigación
La información que entregó el oficial de seguridad del penal le permitió a la Fiscalía establecer que habían personas dedicadas al tráfico de drogas.
La PDI recibió “luz verde” y la investigación la denominó como “Operación infiltrados”.
A partir de enero comenzaron a trabajar sigilosamente, hasta que se logró establecer los vínculos de dos internos de la cárcel y sus respectivas convivientes, una de nacionalidad paraguaya. Los presos recibían la droga que vendían a sus pares del penal y las mujeres hacían lo propio, pero en el exterior.
El entramado y escuchas telefónicas amplió el abanico y fue así que los policías dieron con tres taxistas. Al “pinchar” los teléfonos celulares aparecían claritas las instrucciones.
Funcionario involucrado
¿Pero quién ingresaba la droga a la cárcel, siendo que los controles y revisiones son extremadamente estrictos? Tenía que ser alguien que no fuera regularmente revisado. Ahí entró en escena un funcionario civil contratado por Gendarmería, con funciones en la enfermería del penal.
Este sujeto se transformó en pieza clave. Era el nexo entre los dos internos y las mujeres, que operaban desde afuera, coordinando la compra de droga a través de diferentes distribuidores.
“Ellas se encargaban de obtener la droga para luego dosificarla y comercializarla entre distintos consumidores de Punta Arenas, además de coordinar el ingreso de la droga al penal, sirviendo de enlace el civil, que aprovechando su calidad de funcionario de Gendarmería, evadía los controles, e ingresaba a la cárcel diferentes sustancias que entregaba a los internos”, manifestó el fiscal.
Allanamiento
La información recabada llevó al fiscal Manuel Soto a solicitar una orden de allanamiento y detención, la que se hizo efectiva el domingo, a las 7 de la mañana. Los involucrados jamás imaginaron un despertar tan abrupto y movido, sin dar ninguna posibilidad a ocultar nada.
En casa del funcionario civil de Gendarmería encontraron tres celulares utilizados en las operaciones. Y en el auto, un BMW de color negro, habían varios cilindros con marihuana.
Una de las mujeres tenía en su casa un sistema de cultivo indoor, con 18 plantas de Cannabis sativa en proceso de crecimiento y en una caja encontraron 360 comprimidos de Clonazepam, y marihuana; además de otros dos celulares.
A la otra imputada le incautaron dos frascos con marihuana; y en una cartera tenía un millón 330 mil pesos. Más 13 teléfonos celulares, una balanza, y una libreta con nombres y montos de entregas.
Uno de los taxistas tenía en el auto un banano con pequeños envases de cocaína, tres celulares y 139.000 en dinero efectivo. Otro de los taxistas guardaba 900 mil pesos.
Los ocho detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de droga.
En prisión
El funcionario civil de Gendarmería quedó con prisión, la que por su seguridad personal cumplirá en una dependencia de la enfermería del penal. “Como funcionario público y atendida la función que cumple, resulta inaceptable puesto que con su actuación delictiva ha vulnerado reglas elementales de ética y probidad funcionaria”, argumentó el juez Juan Villa al imponer la medida cautelar.
En el caso de una de las mujeres, dijo que la prisión era completamente justificada dado que está cumpliendo una condena bajo libertad vigilada intensiva.
Mientras que la segunda imputada quedó con arresto domiciliario total.
En el caso de los taxistas, estos no podrán salir de noche al tener que cumplir arresto domiciliario nocturno.
Para el magistrado es claro que en esta operación se desplegó “una conducta concertada para traficar drogas, en conjunto con dos internos. Es posible visualizar una agrupación de delincuentes dedicada al tráfico de sustancias prohibidas de la Ley 20.000 como la comisión de este tipo de delitos al interior de un recinto carcelario, lo que termina otorgando a estos hechos una especial gravedad”.
