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Subsecretario Galli descartó separación de familias en la expulsión de migrantes

Por Agencias Miércoles 9 de Junio del 2021

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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, descartó que en la expulsión colectiva de extranjeros del país llevada a cabo este fin de semana se hayan separado a familias, situación que fue denunciada por distintos organismos de defensa civil.

En conversación con Cooperativa, la autoridad indicó que “nosotros, en la nueva ley, queda expreso el principio de unificación familiar y el interés superior del niño, hace que ninguna persona que haya acreditado un vínculo con un niño, niña y adolescente es expulsado de Chile”.

Esto luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusiera cuatro recursos de amparo en favor de algunos de los migrantes, convocando para ello el principio de “reunificación familiar”.

Aun así Galli fue tajante y explicó que “lo que puede pasar es que esa persona no haya logrado acreditar el vínculo con las personas en Chile y eso puede ocurrir” y agregó que “el vínculo hay que acreditarlo porque es importante que no se utilicen niños para fines migratorios”.

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva expulsión masiva de 56 personas, 37 de ellas por faltas administrativas y 19 por algún caso judicial, situación que fue altamente criticada, principalmente, por la Servicio Jesuita Migrantes (SJM), quienes acusaron que no se les sacó del país con un “debido proceso”.

“El cuestionamiento es que si estas expulsiones no están debidamente justificadas, eso no está asociado al número de expulsiones sino que a lo que corresponde”, dijo Galli y expresó que, aparte de las personas con antecedentes judiciales, “hay una infracción migratoria grave” por parte de los otros 37 migrantes expulsados.

Argumentando que “nuestra obligación como gobierno es hacer cumplir la ley y nuestra ley hoy día establece que el ingreso clandestino es una infracción, quizás una de las más graves en materia migratoria, y por lo mismo hay que tomar medidas, llevar adelante un procedimiento administrativo y que esas personas -si se acredita su ingreso clandestino- sean expulsadas de nuestro país por haber incumplido nuestra legislación”.

Además, recalcó que a todos aquellos que fueron sacados del país por infracciones administrativas fueron notificados “dos y tres meses antes” de este hecho y, en algunos casos, hace más de un año, por lo que cuestionó que “el último día” se tomen medidas judiciales, siendo que tuvieron un plazo para regularizar su situación.