Convención Constitucional pide urgencia a indulto de “presos de la revuelta”

El pleno de la Convención Constitucional aprobó por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, en una segunda votación, emitir una declaración que aborda la situación de las personas detenidas por participar en hechos de violencia después de las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y la desmilitarización del wallmapu.

La mesa directiva del órgano constituyente recibió dos documentos concretos. El primero provino de un grupo conformado por constituyentes del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio e independientes. El segundo fue elaborado por integrantes de la Lista del Pueblo y representantes indígenas.

En una primera instancia, ninguno de los dos textos alcanzó el quorum de 78 sufragios para ser elegido. Sin embargo, tras una segunda votación, se impuso la primera declaración por 105 votos contra cero.

Además, hubo 34 votos en contra del proceso y 10 abstenciones de parte de los constituyentes.

La propuesta aprobada señala que “miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, consigna el escrito.

Por otra parte, se solicita máxima celeridad en la tramitación del proyecto de indulto, el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la inmediata desmilitarización del Wallmapu y la implementación de una política de reparación.

Peticiones

En ese contexto, la propuesta pide que “respecto del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad” y “al Poder Ejecutivo dar suma urgencia” a la misma iniciativa, y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos.

Aimismo, reclama el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.

En tanto, sobre el wallmapu, indicaron que la necesidad de generar la “inmediata desmilitarización”, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto “para la represión del territorio mapuche”.

“Que el indulto, en el caso de las Regiones del Biobio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche”, agrega el texto, junto con solicitar que se disponga “la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169 en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.