Derechos irredargüibles

Inquietud causó en el Senado la reacción del gobierno argentino frente a la actualización de los límites de la plataforma continental de Chile en la zona del mar Austral, a través de la publicación el viernes pasado de la Carta Náutica Nº8, la que establece las áreas jurisdiccionales marítimas de nuestro país.

En tal documento, se determinó el límite exterior de la plataforma continental de Chile de 200 millas marinas desde Punta Puga a islas Diego Ramírez, que se extiende por el sur al este del meridiano Cabo de Hornos.

La Cancillería trasandina ha acusado al gobierno de Piñera de buscar apropiarse de una parte de su área, ya que las pretensiones argentinas se superponen a algunas zonas de la plataforma chilena.

El área de plataforma extendida que reclama Argentina se superpone en 5.302 kilómetros cuadrados a la plataforma jurídica chilena, la que cubre un área de 25.383 km2.

La forma beligerante con que la administración de Fernández reaccionó llevó a los senadores a solicitar una reunión con el Canciller Andrés Allamand y otros representantes del señalado ministerio.

Los senadores entregaron su total respaldo a las acciones emprendidas por el gobierno y expresaron que toda posible discrepancia debe ser solucionada a través un diálogo fluido entre las dos naciones.

En el ámbito de la Comisión Parlamentaria conjunta argentino-chilena, creada en el Tratado de Maipú, también invitaron a Argentina a dialogar sobre este asunto.

En rigor y más allá de lo que se ha intentado sostener, en este tema no existe una disputa, sino un planteamiento chileno respecto de lo que son sus derechos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Respecto de ello, Chile tiene títulos claros, basados en antecedentes históricos, jurídicos y soberanos irredargüibles y, si alguien quisiera instalar en el futuro un diferendo, existe un mecanismo de solución de controversias en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.