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Navimag dispuesta a negociar con pescadores por millonaria demanda indemnizatoria en su contra

Por La Prensa Austral Miércoles 15 de Septiembre del 2021

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Presentada ante la Justicia por daños ambientales provocados por el hundimiento del transbordador Amadeo I en el paso Kirke

Luego de siete años, la naviera Navimag se abrió a conversar con los pescadores que presentaron una demanda indemnizatoria en su contra por el daño ambiental provocado por el hundimiento del transbordador Amadeo I, ocurrido el 18 de agosto del año 2014.

El abogado Héctor Szigethi de la oficina de Winston Montes, quien representa a más de 150 pescadores artesanales, armadores y empresarios vinculados al sector pesquero viajó hasta Puerto Natales a reunirse con ellos para informarles sobre el estado de la acción judicial. Con ellos se encuentran trabajando desde el mismo año 2014, cuando ocurrió el siniestro.

Tras el fallo condenatorio contra el capitán y el piloto de la nave y la sanción administrativa que aplicó la Armada a dichos funcionarios y a la empresa Navimag, el año 2017 se presentó la demanda indemnizatoria en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la cual en el último tiempo ha estado paralizada debido a la pandemia, indicó el profesional.

Informó que en este momento, en forma paralela al proceso judicial, la naviera mandató a sus abogados para “poder tener algún tipo de acercamiento y ver si existe la posibilidad de negociar. Es algo que estábamos esperando que hubiera sucedido mucho antes. Ha pasado siete largos años. Hay personas que han visto mermada su fuente laboral, algunos de nuestros clientes han quebrado”. Agregó que ante los pronunciamientos que han existido por parte de la Justicia y de la Armada, habrían esperado que la empresa Navimag se hubiese allanado mucho antes a conversar sobre las compensaciones.

Demanda colectiva

Indicó que se trata de una demanda colectiva donde cada uno de los demandantes exige un monto individual. No quiso adelantar la suma total para no entorpecer las conversaciones, pero en el peor de los casos se habla de $160 millones por persona.

Agregó que “hemos venido a plantear y tranquilizar a nuestros clientes e indicarles que tiene que ser una cantidad razonable la que Navimag ponga sobre la mesa para poder llegar a un acuerdo”.

Por este mismo caso otros grupos de pescadores, armadores y empresarios pesqueros han presentado demandas por diversos montos contra Navimag.

Sentencia penal

El 18 de agosto del año 2014, alrededor de las 9 horas, el transbordador Amadeo I, chocó al cruzar el paso Kirke (50 kilómetros al sur de Puerto Natales). El cruce por dicho paso se tendría que haber efectuado no antes de las 14 horas, momento en el cual se presentaba la pleamar que permitía un tránsito seguro por el lugar.

Sin embargo, el capitán de la nave, Eleodoro Barría, ordenó el cruce del canal en conocimiento que enfrentaban condiciones no óptimas para la circulación del navío. Ya en el interior del paso el timonel Ricardo Zurita viró a estribor cuando lo debió haber hecho a babor, y debido a que el capitán había dispuesto el ingreso a una hora no adecuada, el transbordador golpeó su casco contra las rocas a la altura de las bodegas de carga, sufriendo diversos daños y hundiéndose parcialmente sobre su lado derecho. Esto provocó la tocada de fondo de la nave y el derrame de combustible y petróleo que transportaba en sus propias bodegas y de los existentes en los vehículos que transportaba. A consecuencia de lo anterior se produjo la contaminación directa del agua con hidrocarburos provenientes del navío, la muerte de 152 animales que la nave llevaba como carga, cuyos cuerpos quedaron en el agua y la muerte de una gran cantidad de mauchos, recursos hidrobiológico autóctono de la zona. Para evitar el hundimiento de la nave su capitán la varó en la caleta Aguada, ubicada en las cercanías, logrando con ello salvar a los pasajeros y la tripulación.

El 9 de octubre del año 2017, el magistrado Jorge Lavín condenó a ambos marinos como autores del cuasidelito descrito en el inciso primero del articulo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura al pago de una multa ascendente a 50 UTM, más la sanción accesoria de cancelación de su matrícula o título otorgado por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante en relación al capitán de la nave.

Los sentenciados recurrieron de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que rechazó el recurso el 18 de abril del año 2019.

De acuerdo a la sentencia, este hecho causó un grave daño ambiental a todo el entorno marino, un grave detrimento al patrimonio ambiental y perjuicios a la biodiversidad de la zona.