Régimen de gobierno parlamentario

Carlos Contreras Quintana
Abogado

En esta semana, precisamente con la conmemoración, recuerdo o aniversario del estallido social, se inicia la discusión de los contenidos de la nueva Constitución en un proceso que, a pesar de las opiniones afiebradas y carentes de fundamentos de personas de diversos ámbitos ideológicos, ha tenido un desarrollo mucho más práctico y útil de lo que se había supuesto o prejuiciado pues, a pesar de las críticas, a) ya se tiene un reglamento, b) se ha constatado que existe diálogo y grandes acuerdos que, naturalmente, excluyen a quienes no quieren este proceso constitucional y dicha exclusión no es ideológica, si no que lógica, pues no se puede construir con quien no quiere hacerlo y, c) se tiene plena claridad de los temas que deben ser materia de discusión para dar contenido y forma a la nueva Carta Magna.

Así las cosas, serán los contenidos de las diversas materias que componen un texto constitucional los que serán debatidos y resueltos en los próximos meses.

Uno de los aspectos vitales es la definición de la forma de gobierno, estimando por muchos que el sistema presidencialista esta agotado en nuestro régimen político, apostando o argumentando por una forma de gobierno parlamentarista en la cual existe una cohabitación jurídica y práctica del gobernante electo y del Parlamento en la dirección política de la Nación, figura que puede tener muchas manifestaciones siendo la más conocida la del Presidente, por un lado, y el Primer Ministro por el otro.

Sin conocer los fundamentos jurídicos, políticos e ideológicos de esta propuesta, me parece que es una propuesta peligrosa para nuestra idiosincrasia, historia y forma de gobierno considerando, además, el actual estado de cosas en nuestro país, por las razones que paso a señalar.

Primero, se trata de un régimen que requiere mucha educación cívica, tolerancia y conocimiento o estudios y, en general, salvo honrosas excepciones, nuestra clase política actual ha demostrado que carece de estas preciadas herramientas, por lo cual, de instalarse este sistema, probablemente generará una línea continua de acusaciones y destituciones de un bando a otro.

Segundo, si se trata de mejorar el sistema democrático, creo que no es la vía; el camino es establecer y hacer funcionar regularmente procesos de participación ciudadana vinculantes y referéndum revocatorios para castigar a los representantes populares que abandonen o actúen en contra de aquello que postularon como plataforma de elección.

Tercero, los grandes desafíos que se presentan requieren herramientas eficientes para su concreción, pues la nueva Constitución debe instalarse lo más pronto posible y con todos los elementos que le permitan concretarse en la cotidianeidad. Si lo anterior depende de un co-gobierno, lo más probable es que su instalación se suspenda indefinidamente mientras se resuelven las consecuencias prácticas de hacer funcionar un nuevo sistema de gobierno, cuestión que no acontece si se mantiene un ejecutivo fuerte con mecanismos de control ciudadano.

Cuarto, es evidente que en esta época la institucionalidad ha demostrado que carece de la grandeza para llevar adelante un gobierno de esta naturaleza con ex oficiales superiores del Ejército, Carabineros e Investigaciones en procesos legales por fraude, con un número indeterminado de parlamentarios que accedieron a financiamiento ilegal y con constituyentes embusteros que al poco andar traicionaron a sus electores con historias de vida falsas.

Es necesario, antes que todo, mejorar el acceso al poder y el control de quienes nos gobiernan y deciden, antes de repartir el poder.