Régimen cubano pidió hasta 25 años de prisión contra los manifestantes del 11J

E

l gobierno cubano quiere hacer pesar el castigo contra aquellos que se manifestaron contra el régimen el pasado 11 de julio y advertir a aquellos que tengan pensado volver a protestar contra Miguel Díaz-Canel.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en la provincia de Mayabeque la Fiscalía pidió penas ejemplarizadoras de hasta 25 años de cárcel contra las personas que se adueñaron de las calles de toda la isla en las históricas marchas.

A tres semanas de las manifestaciones programadas para el 15 de noviembre, el régimen cubano utiliza todas sus herramientas para desincentivar a los ciudadanos a que se movilicen. A través de la utilización de delitos comunes buscan condenar a quienes están presos por motivos exclusivamente políticos.

De esta forma, mediante la sumatoria de delitos ordinarios, se llega a pedidos de condena extremadamente altos. Esta práctica ha sido condenada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Onu.

La población carcelaria per cápita de la isla del caribe es de las más altas del mundo, y los hechos represivos del último mes de julio han hecho que la cifra de prisioneros políticos aumente hasta niveles que no se veían desde la década de los ‘80.

A su vez, además de actuar contra los acusados, el régimen ha utilizado sus herramientas represivas para silenciar a las familiares de las víctimas. A veces mediante amenazas y otras a través de falsas promesas. “Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que sólo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo”, lee el comunicado difundido por el OCDH.

La desproporción entre los delitos y la cantidad de años de prisión pedida por la Fiscalía muestra la cara real del régimen y su propensión a utilizar el poder judicial para controlar a su población y sus aspiraciones de poder expresarse. “Se han forzado algunos argumentos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos o la interpretación cabal de éstos”, denuncia el OCDH.