Falta de planificación territorial puede poner en jaque construcción de viviendas sociales

Estudio pone como ejemplo 29 comunas del país donde el Plan Regulador Comunal no existe o está desactualizado. Esto último ocurre con Punta Arenas.

Son 3.500 las viviendas que el actual gobierno espera levantar en Magallanes al término de su gestión de 4 años. Sin embargo, más allá de lo que significa asumir aquello bajo el rótulo de “Plan de Emergencia Habitacional”, con una inversión aún no definida, existe un elemento fundamental: la realidad que presentan las comunas en materia de instrumentos de planificación territorial.

La Corporación Ciudades acaba de presentar un estudio que toma como ejemplo a 29 comunas del país (no incluye a Punta Arenas) donde se plantea la interrogante de si existe una planificación urbana acorde para albergar las viviendas proyectadas. A partir de aquello, se pregunta también si existen las condiciones necesarias para cubrir las necesidades de las personas que llegarán a vivir a estos lugares.

El análisis, que toma el 50% de la cantidad de viviendas sociales proyectadas por el gobierno (129.185), pone en alerta la falta de planificación territorial. Argumenta que el 79% de estas comunas no cuenta con un Plan Regulador Comunal y, si lo tiene, está desactualizado.

Esto último, justamente, es lo que ocurre con Punta Arenas. Desde el año pasado el municipio viene trabajando en dos modificaciones, una más pequeña y urgente que tiene que ver con las áreas inundables, y la otra de mayor envergadura que apunta a fijar un nuevo límite urbano para acoger el crecimiento y evitar la dispersión. Esto considera subsanar el factor que se presenta hoy hacia el sector sur (Agua Fresca) con el crecimiento del núcleo urbano, y al norte con el área de Cabo Negro como punto de convergencia para proyectos industriales relacionados con hidrógeno verde y tecnología.

En cuanto a plazos para esta actualización, en el municipio estiman que el proceso se prolongará al menos durante 4 años.

Por otro lado, el mencionado estudio señala que a nivel nacional el promedio de desactualización de los planes reguladores comunales es de 21 años. En el caso de la capital magallánica este instrumento de ordenamiento territorial data de 1998, con actualización en 2016. Tal como lo explicó en su oportunidad la asesora urbanista del municipio, Angela Salazar, dicho trabajo “fue importante porque permitió una actualización, aunque lamentablemente su aprobación demoró mucho y, como en la mayoría de los casos mientras eso ocurre, la ciudad sigue creciendo y se presentan nuevos temas que necesitan irse modificando. Hoy más que extender los límites lo importante es contener. De hecho, las ciudades sustentable siempre son más contenidas que extensas, pero aquí como que nos hemos ido mucho de los límites, con calles, con loteos irregulares y por la situación de las zonas rurales”.

Bienestar territorial

Otro factor que considera el análisis de la Corporación Ciudades tiene que ver con el Indicador de Bienestar Territorial, herramienta compuesta por indicadores de infraestructura, accesibilidad, ambientales y socioeconómicos, los que permiten evaluar la calidad de los espacios y su potencial, y visibilizar oportunidades para mejorar la calidad de vida en relación al territorio y hacer manifiestas las brechas que son necesarias de superar.

Al menos en las 29 comunas que incluye el estudio, se constata que el 41% posee un IBT bajo, lo que deja en evidencia que 46.827 hogares serían construidos en localidades que no cuentan con las condiciones necesarias para poder suplir las necesidades y demandas. En el caso de Punta Arenas, este indicador es medio alto, aunque con algunos ítem bajo el promedio nacional; tal es el caso de los que refieren a servicios públicos, servicios de educación y equipamiento cultural.

En cuanto a infraestructura de vivienda, se establece que la capital regional está bajo el promedio nacional.

Dicho factor, sumado a la carencia y desactualización del Plan Regulador llevarían a la siguiente estimación nacional: 397.016 personas llegarían a vivir a localidades carentes en términos de planificación territorial e infraestructura, lo que es equivalente en términos poblacionales a tres veces Punta Arenas.

El problema de 2020

Si bien la modificación al Plan Regulador está siempre presente fue en 2020 cuando se produjo un conflicto a raíz de  zonas inundables donde no es posible edificar.

La observación puso en riesgo proyectos por $130 mil millones, los que un año antes no habían recibido reparos. Sin embargo, meses después vinieron auditorías, informes, denuncias y cuestionamientos por la entrega de permisos, que terminaron con la resolución que prohibió edificar. Aquello también puso en jaque a los proyectos sociales impulsados por la EP Municipal.

Lo anterior llevó al municipio a trabajar en una modificación del plan a corto plazo y a asumir la actualización que se espera concretar en los próximos años, tomando en cuenta además que el alcalde Claudio Radonich plantea la necesidad de incrementar la actual cobertura de 4 mil hectáreas a 8 mil, de tal manera “que sea un instrumento válido para todos, que podamos ordenarlo, definir calles a dos vías, por ejemplo, y que los vecinos sepan cuáles son las reglas claras”, enfatizó el propio jefe comunal, quien también plantea la creación de planes reguladores seccionales en el sector de Cabo Negro y Agua Fresca.

Hoy, enfatiza la autoridad comunal, el actual Plan Regulador genera  una serie de inconvenientes, tanto por las zonas inundables como por no considerar el crecimiento abultado de la ciudad, “por eso proponemos un crecimiento del límite urbano y un crecimiento para donde se está ampliando la ciudad, por ejemplo, la densificación en Enrique Abello, prolongaciones céntricas y lado sur”.

Viviendas en
el sector sur

A fines del año pasado se instaló otro conflicto en materia de edificaciones. Esta vez por la oposición que generó en vecinos la construcción de viviendas en un sector aledaño al Barrio Archipiélago de Chiloé.

El argumento fue la intervención de un terreno cercano a un humedal y con presencia de especies como lengas y ñirres en riesgo de tala.

El caso llegó a la justicia y fue la Corte Suprema la que mantuvo a firme un fallo que entregó a los servicios técnicos la responsabilidad de decisión y despejar dudas respecto de la continuidad de la construcción de 297 viviendas dentro del denominado proyecto “Brisas del Estrecho” (en 9,9 hectáreas).

Hoy la iniciativa se encuentra sometida a evaluación del Sea, luego que la constructora respectiva presentara una declaración de impacto ambiental, Dia, (herramienta menos exigente que un estudio de impacto ambiental).

En la justificación de localización, la Dia señala: “no se encuentra población, recurso, área puesta bajo protección oficial y/o Monumento Nacional en el área del proyecto; cabe destacar, que si bien el polígono se encuentra dentro del Inventario Nacional de Humedales, éste no se encuentra declarado como tal, y hasta la fecha no existe un proceso de declaratoria ante la Seremi de Medio Ambiente, además no se consideran impactos significativos sobre este, sumado a lo anterior, no corresponde a zonas de valor paisajístico y/o turístico, o zonas declaradas de interés turístico nacional, no se encuentran evidencias de lugares o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folklore de algún grupo, comunidad o grupo humano. Finalmente el proyecto habitacional que se presenta a evaluación se ajusta a lo permitido al PRC de Punta Arenas, dando así continuidad al área urbanística y se encuentra aprobado sectorialmente por Serviu Regional por lo que cumple con los requerimientos urbanísticos requeridos por la normativa vigente”.

Hasta la fecha sólo la autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, y la de Energía han presentado observaciones, en las cuales se solicita incorporar nuevos antecedentes.