Joven busca a sus hermanos tras una historia de “adopción ilegal”

Han sido 17 años de preguntas e incertidumbre, pero también de algunas pocas respuestas dolorosas.

Querella por sustracción de menores. Así se sustancia en la justicia la acción interpuesta en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por una joven que vio su infancia marcada por la pérdida de sus 3 hermanos, a quienes busca afanosamente con más preguntas que respuestas.

Sin embargo, el tirar del hilo de la madeja le ha permitido tener una convicción: “Fueron parte de una adopción ilegal”.

Karina Cumilef Quinchamán dice que todo comenzó en 2005 cuando ella estaba con una familia de tutores y que por su corta edad lo poco que podía entender era que sus hermanos de entonces de 3 y 4 años (un varón y una niña) se encontraban junto a su madre, mientras otra pequeña de 9 años permanecía internada en el Hogar Miraflores.

Recuerda que repentinamente sus hermanos desaparecieron y que la única explicación recibida fue que se los había llevado una familia al extranjero.

El golpe fue duro para una niña de 7 años que poco y nada entendía respecto de una situación que sólo con el paso de los años fue capaz de asimilar. “Yo creo que me salvé de que no me vendieran al extranjero sólo porque estaba con tutores”, señala.

Apenas tuvo la capacidad de discernir acerca del episodio, comenzó un largo andar de preguntas, la mayoría sin respuestas. Cuenta que revisó sin éxito los procesos judiciales de la época y que tampoco ha obtenido indicios de algo en las decenas de instancias a las que ha recurrido. “Pude saber que no hubo consulta del convenio 169 de la OIT a la etnia mapuche huilliche residente, a la cual pertenece mi familia. Y la poca información que he recibido da cuenta de que en este proceso hubo funcionarios públicos que habrían intervenido en la venta de mis hermanos para dar una apariencia de legalidad. Por eso, aquí hay un delito de violación a los derechos humanos, por ser además una sustracción de menores que se ha mantenido en el tiempo. Hoy necesito saber si ellos están vivos o muertos, y ojalá volver a abrazarlos ”, asegura Karina.

Al conocer el contenido de la querella criminal, se señala que “en el caso de marras revisado el portal del Registro Civil, mis hermanos no registran matrimonio ni hijos ni convivencia civil; en cuanto a los ascendientes mis padres no están en condiciones de ejercer estos derechos, por otro lado hablamos de un delito de lesa humanidad, donde prima el interés superior establecido en la convención de derechos del niño, por lo que aun cuanto este Tribunal no considerare a la suscrita como víctima directa del delito por privársele del contracto con sus hermanos a lo menos debe considerar esta querella como denuncia”.

La acción considera además de la sustracción ilegal de menores la suplantación de identidad y la falsificación ideológica de instrumentos públicos, buscando se sancione a “quienes resulten responsables”, a fin que “en definitiva los responsables sean condenados al máximo de las penas legales, al pago de los perjuicios y demás indemnizaciones legales, según acción civil que deduciré oportunamente, y a las costas de la causa”.

Clara vulneración a los derechos humanos

Para el abogado patrocinante de la querella, Juan José Arcos, aquí se está frente a una “clara vulneración de los derechos humanos” y ante una situación que, aunque dolorosa, parece haber sido una práctica común en una época de nuestra historia reciente.

“Durante muchos años el envío de niños hacia el extranjero fue una práctica donde no se tomaban en cuenta elementos establecidos en la ley, como la consulta indígena, por ejemplo. Los hijos indígenas eran entregados casi como una pieza de colección que deseaban personas que querían adoptar, produciendo una circunstancia de desarraigo total, porque ellos pertenecen a una cultura, a una etnia y tienen derechos, y todo eso lo perdían a través de procedimientos violatorios del Convenio 169”.

Arcos expone que en el caso que se conoce hoy “no hay ningún antecedente que indique que hubo una adopción legal y sólo hay sospechas, porque en esa época existieron muchos procesos de venta de niños con papeles falsos, incluso hoy la justicia investiga a un médico ya fallecido en Magallanes que tenía prácticamente montado un negocio para este tipo de situaciones”.

El abogado añadió que sólo resta esperar que la justicia actúe y que permita a los hermanos reencontrarse “para cerrar un ciclo triste y terrible, donde claramente hubo una vulneración a los derechos humanos de niños”.