TCP declaró ilegal licitación de cámaras corporales destinadas a Carabineros

El Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró ilegal que la Subsecretaría de Prevención del Delito adjudicara la licitación de cámaras corporales de Carabineros, por $378 millones, a la multinacional Motorola, llevada a cabo el 2021, cuando Katherine Martorell estaba al mando del organismo.

Según lo consignado por “Tu Día” de Canal 13, la decisión del TCP fue dictada la semana pasada, a raíz de una presentación de la empresa Pegasus que alegó discriminación como oferente, pese a que presentó una propuesta que cumplía con lo requerido en las bases y un menor precio.

Dichas cámaras corporales requerían una característica técnica específica, para poder adjudicar la licitación, la cual se basa en que los aparatos debían contar con pre y post grabado de 120 segundos respectivamente, es decir, una vez que fuera activada debía registrar los dos minutos previos a la grabación oficial y una vez finalizada, debía ocurrir la misma situación.

En detalle y de acuerdo a lo publicado por el TCP, Motorola ni siquiera debió ser evaluada técnicamente por la Comisión Revisora de la Subsecretaría del Delito, por lo que las bases de licitación no fueron cumplidas a cabalidad.

Sin embargo, el tribunal aclaró que una vez adjudicada la licitación y entregadas las cámaras corporales a Carabineros, Motorola corrigió el problema e instaló un software adicional que permitió agregar los detalles técnicos requeridos.

En base a lo anterior y si bien se estimó que la Subsecretaría de Delito, en ese entonces liderada por Katherine Martorell actuó fuera de las normas de contratación pública, el TCP reconoció que el mejoramiento evitó que las arcas fiscales se vieran mermadas.

Aún así, en su dictamen, el tribunal acreditó la demora en la puesta en marcha de los productos vendidos por la multinacional y no está claro que se aplicarán multas por ello.

En tanto, la Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando a Katherine Martorell y a miembro de la comisión evaluadora de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por delitos de corrupción, luego que Pegasus interpusiera una querella criminal en su contra.