Organizaciones ambientales suman apoyos de profesionales en su argumentación contra proyecto “Brisas del Estrecho”

Mientras las agrupaciones de vivienda manifiestan a la comunidad el drama de la postergación de su sueño de la casa propia, por el suspendido proyecto “Brisas del Estrecho”, los ambientalistas que se reunieron para frenar esta iniciativa han continuado recabando antecedentes y elaborando informes técnicos para sustentar que su reclamo va más allá de proteger “unos arbolitos”, como muchos críticos han expresado.

Los han tildado de egoístas por ser los causantes de la destrucción de los sueños de cientos de familias, pero lo cierto es que estas agrupaciones aseguran que su motivación es poner fin a un sistema que termina siendo perjudicial para todos. 

Una de las que lidera esta iniciativa es la trabajadora social y activista ambiental María Belén Bravo. Antes de presentar el recurso de protección que mantiene paralizadas las obras, organizó una exposición en la sede vecinal Archipiélago de Chiloé, en la que intervinieron ingenieros ambientales y forestales. Indica que, como agrupación, lejos de estar en contra del derecho a las personas a tener su vivienda, buscan que se cumpla la Ley de Humedales y que, si ésta no fue contemplada en el transcurso del proyecto, es responsabilidad de la entidad patrocinante y de las instituciones que están apoyando a la agrupación creada para tener una vivienda propia.

“Aquí entra el concepto de Patrimonio Ambiental que se define en la ley 19.300 ‘Derecho a la protección del medio ambiente, preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental”, el cual es el uso y aprovechamiento racional o reparación de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos con el objeto de asegurar permanencia y su capacidad de regeneración”, define.

Es por ello que, como trabajadora social, va por el desarrollo sostenible y por ser capaces de satisfacer necesidades actuales sin comprometer recursos y posibilidades de futuras generaciones, garantizando equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y bienestar social. Por eso es que los concejales tildados en el letrero (N. de la R.: expuesto en la protesta del jueves) han puesto énfasis en conocer la situación, ya que procuran satisfacer necesidades ciudadanas, como es el caso de las familias afectadas. Por eso la invitación a las sesiones virtuales junto a Salfa y Serviu para obtener explicaciones respectivas y orientar sobre el proceso que estamos llevando a cabo. La idea es que se construya su conjunto habitacional por sobre todas las cosas, pero en un terreno “apto” y para eso se requiere pasar por determinados procesos que la empresa Salfa se saltó y que el municipio no fiscalizó”, profundiza María Belén Bravo.

Para la activista, no es tan simple como talar árboles y plantar nuevos, ya que estas 5,6 hectáreas de bosque que podrían verse afectadas entregan un servicio ecosistémico que a simple vista no se aprecia. Advirtió que, en particular, esa zona específica inundable presenta características de humedad, pues presenta una capa de turba de 2,7 metros de profundidad. Pero para que pueda ser incluida dentro de la Ley de Humedales, se debe demostrar a través de un estudio de vulnerabilidad del territorio, que debe tener una línea base que involucre a la flora y fauna.

“Queremos participar como sociedad civil en la planificación urbana”

Advierten que, ante cualquier proyecto de esta envergadura, que involucre intervención de espacios naturales, las empresas que no sometan sus iniciativas a estudios de impacto ambiental corren el riesgo de que cualquier recurso de protección paralice sus trabajos, como ocurre ahora, acciones judiciales que pueden presentar cualquier persona u organización. En resumidas cuentas: cuando un proyecto no considera la variable ambiental ni social sobre la pertenencia del territorio, siempre va a tener problemas, y sobre todo ahora, que hay una ley que puede frenar un proyecto como éste, añaden desde la organización que se formó para detener esta iniciativa.

De esta manera, a través de sesiones virtuales, han estado promoviendo una mesa técnica que incluye a profesionales del área, agrupaciones ambientales y juntas de vecinos y han tomado contacto con Conaf, Dirección de Medio Ambiente, Serviu, Dirección de Obras hidráulicas, el municipio y el Servicio de Evaluación Ambiental, Sea. “Porque queremos participar como sociedad civil en la planificación urbana de la región. Realmente no existe la consulta ciudadana y, claro, es tan baja la participación que por eso nos señalan a nosotros, siendo que es un tema que involucra a todo “humano” por así decirlo. Lamentablemente el pensamiento ambiental se encuentra con obstáculos de carácter pragmático y epistemológico, de no ser así me habrían respondido lo que solicité y las agrupaciones estarían bien asesoradas”, finalizó María Belén Bravo.