Fiscal que indaga tragedia del Hércules pide tener acceso a la investigación “reservada” de la Fach

Juzgado de Punta Arenas fijó una audiencia de cautela de garantías para el 10 de marzo.

El fiscal regional que investiga el accidente aéreo ocurrido en diciembre de 2019, donde fallecieron 38 personas, solicitó la intervención del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para poder tener acceso a la información que la Fuerza Aérea de Chile clasificó como “reservada”, en la investigación interna realizada.

Eugenio Campos Lucero elevó esta solicitud, en el marco de la investigación que tomó en sus manos “por presuntos delitos de cuasidelitos de homicidio, incumplimientos de deberes militares del Código de Justicia Militar, y otros delitos del Código Aeronáutico”.

Esta es una investigación que “se origina en razón al lamentable y trágico hecho de la caída del avión Hécules C-130 N°990 de la Fuerza Aérea de Chile, acaecido en territorio jurisdiccional de este tribunal, donde perdieron la vida los treinta y ocho ocupantes del mencionado avión institucional, entre ellos, funcionarios civiles y de planta de la Fuerza Aérea de Chile, funcionarios del Ejército de Chile y personas civiles particulares. Hechos sucedidos el día 19 de diciembre de 2019”, detalla en el escrito que ingresó al tribunal.

Causa desformalizada

A consecuencia de estos hechos, en la presente causa (aún desformalizada), “se han deducido diversas, múltiples y sendas querellas criminales para la investigación de los hechos. Muchas de ellas por los delitos de incumplimientos de deberes militares del Código de Justicia Militar, de cuasidelitos de homicidio en carácter de reiterados, de otros delitos del Código Aeronáutico, por ahora”.

En razón de las diversas diligencias solicitadas por todos los querellantes, la Fiscalía ha desarrollado un sinnúmero de diligencias. Entre ellas solicitudes de requerimientos de información, instrucciones particulares, requerimientos de información a la Fuerza Aérea de Chile, como asimismo la investigación sumaria que dicha institución realizó y que culminó en el mes de octubre de 2021.

Los resultados fueron informados a la Fiscalía Regional de Magallanes, y a los familiares de los afectados. La copia fue remitida íntegra de todo lo obrado y sus anexos.

Existe una salvedad, y es que algunos de los antecedentes e información que remitió la Fach están asilados y amparados en el Código de Justicia Militar, sobre lo que se conoce como “secreto militar”.

Campos hace mención a que hay oficios públicos que señalan que tal información no podrá ser divulgada (lo que impediría a los querellantes acceder a la misma).

A su turno ellos, en representación de sus poderdantes y víctimas, han solicitado diversas diligencias como también su derecho de acceder y obtener copia a todo lo obrado en autos en conformidad a lo dispuesto en el Código Penal en su calidad de intervinientes.

Conforme a esto, Campos estima plausible una colisión en cuanto a que los afectados y víctimas indirectas, muchas de ellas querellantes puedan acceder al total contenido de lo obrado en la investigación fiscal, en razón a aquella limitante de divulgación.

En razón de la obligación de velar, además, por los derechos de las víctimas en todas las etapas del procedimiento penal como asimismo, la obligación del tribunal de garantizar en conformidad a la ley vigente los derechos de las víctimas durante el procedimiento, es que solicitó esta audiencia.

La idea es que se cite a todos los intervinientes, los querellantes, con el propósito que el tribunal “arbitre las medidas necesarias para que los afectados accedan y obtengan copias a determinadas piezas de la investigación, en la cual la autoridad armada ha dispuesto secreto militar y se acceda a la misma, o determine las instrucciones necesarias para su acceso por los intervinientes evitando la divulgación de las mismas”.

Audiencia

El tribunal acogió esta petición y fijó una audiencia de cautela de garantías para el 10 de marzo, a las 12,30 horas, bajo modalidad de videoconferencia.

Además, el juez Juan Villa Martínez dispuso citar al representante legal para estos efectos, de la IV° Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile.