Contador pagará con cárcel efectiva estafas millonarias en perjuicio de tres personas

Tribunal Oral en lo Penal resolvió que la modalidad y los móviles determinantes del
delito en cuestión, tampoco aconsejan imponer una pena en libertad.

5 y 10 años de cárcel solicitaban para el acusado

Los jueces del Tribunal Oral de Punta Arenas castigaron con más de dos años de cárcel efectiva al contador Juan Guillermo Soto Mancilla, encontrado culpable de estafas reiteradas.

En esta denuncia fueron tres las víctimas, pero próximamente el condenado enfrentará otros juicios, también por el delito de estafa.

La pena que recibió fue de 818 días de presidio, en perjuicio de tres víctimas. Más el pago de una multa de 11 UTM ($603.658).

Los jueces Julio Alvarez, Jaime Alvarez y Palmira Muñoz, optaron por un cumplimiento de pena efectivo, pese a que el defensor, Guillermo Ibacache, solicitó la remisión condicional de la misma.

Para los sentenciadores esta persona no reúne los requisitos legales, “que permitan presumir que no volverá a delinquir”, o que “la pena sustitutiva lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos”.

No se presentaron antecedentes que permitan pensar que la pena sustitutiva lo inhibirá de seguir cometiendo estafas.

“Por el contrario, la naturaleza del ilícito, esto es, procurarse recursos económicos de manera ilícita mediante el engaño a terceros y fingir negocios supuestos, se evidenció como una conducta repetitiva y constante en su accionar diario durante bastante tiempo, lo cual por ser una conducta arraigada en su proceder, no debidamente asumida y menos aún tratada, se advierte como un peligro cierto de repetición en el futuro”, concluyeron los jueces.

Igualmente dejan expresa constancia que la conducta posterior del acusado a los hechos que se le imputaron, “lejos de admitir y reconocer la situación de engaño, mantiene una persistente actitud de intentar convencer a las personas que afectó gravemente en su patrimonio, de tratarse solamente de un negocio que no funcionó, hasta casi culpar a ellos mismos de tal fracaso, por su insistencia en querer recuperar la supuesta inversión que habían realizado. Ello, revela que el acusado, no ha asumido, en modo alguno, lo reprochable de su conducta, ni los graves perjuicios que ocasionó a distintas personas; por el contrario, intentaba seguir manteniendo esta especie de “ bicicleta “ financiera, sobre la base de llegar a acuerdos civiles con los afectados, sin que en rigor realizara alguna propuesta concreta, sino la manifestación constante de meras intenciones en tal sentido, como método de adhesión a eventuales expectativas de recuperación de los dineros supuestamente invertidos, en un ciclo sin fin de: promesa, esperanza y desílusión, sin que se evidencie por parte del acusado un deseo real y efectivo de quebrar dicho circulo defraudatorio”.

Engaños

“La modalidad y los móviles determinantes del delito en cuestión, tampoco aconsejan a este tribunal una pena en libertad, por cuanto se evidenció que el acusado Soto Mancilla lleva años sosteniéndose económicamente sobre esta base de engaños, los cuales al partir por generar confianza respecto de quienes pretende lograr la disposición de sus patrimonios o parte de él, le ha permitido tener éxito en ello en varias ocasiones, recaudando grandes cantidades de dinero, sin que se evidencie que el imputado en comento, se encuentre desarrollando en la actualidad otra actividad económica distinta a aquella”.

Lo estiman “un riesgo potencial de reiteración de dicha conducta, lo que aconseja no hacer lugar a pena sustitutiva alguna, sin perjuicio de haberse rebajado la pena efectiva a los mínimos legales que le corresponden”.    

El fiscal Oliver Rammsy y el abogado querellante Fernando Pichún actuaron en esta causa, como partes acusadoras.

Las tres víctimas de estafa fueron perjudicadas en 184 millones de pesos aproximadamente, luego de que Soto Mancilla les propusiera un “negocio” que les daría muy buenas utilidades económicas, como era invertir en la compra y suministro de insumos médicos para el Hospital Clínico de Magallanes a través del sistema ChileCompra. Todo lo cual fue un engaño permanente. La Fiscalía solicitaba una pena 5 años de presidio para el acusado. Mientras que el querellante postulaba por una pena de 10 años de cárcel.

Finalmente fueron 818 días, pero efectivos de cárcel, los que deberá entrar a cumplir a la cárcel una vez que la sentencia quede ejecutoriada.