Ley de Patrimonio: rechazo a últimos intentos del gobierno por aprobar proyecto

En las puertas de la seremi de Cultura y las Artes, los funcionarios protestaron contra la Ley de Patrimonio aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora deberá pasar al Senado. El proyecto de ley presentado con urgencia por el gobierno saliente, no consideró una Consulta Indígena previa conforme al Convenio 169 de la OIT al cual Chile suscribe. A su vez se ha denunciado que desarticularía la institucionalidad patrimonial descentralizada vigente.

El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap), Edison Barría, sostuvo que la manifestación busca informar a la comunidad, respecto de lo que está pasando con la Ley de Patrimonio que actualmente se tramita en el Parlamento. “Se realizó a través del Ministerio de Hacienda, con un criterio puramente economicista, ha sido inconsulto a los pueblos originarios y a los trabajadores”, remarcó.

Acusan que el debate legislativo no ha considerado el amplio rechazo que existe en la ciudadanía respecto de esta normativa. Organizaciones patrimoniales, indígenas, sindicales, territoriales, académicas, técnicas, gremiales han señalado que el conjunto de elementos del proyecto significa un retroceso en contenidos, alcances y calidad normativa, muy inferior a los actuales marcos de protección y desarrollo del patrimonio cultural del país.

Otra de las dirigentes de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap), Pamela Domínguez, añadió que junto a la Asociación de Funcionarios de la Cultura Magallanes y al Frente del Patrimonio, han manifestado su rechazo a esta normativa. “No responde a la realidad del país siendo un intento de solución provisoria para intereses específicos, sin comprender la relevancia del patrimonio y la herencia cultural. Aborda el patrimonio desde conceptos obsoletos y monumentalistas que no hacen eco de la diversidad cultural del país. Excluye deliberadamente el patrimonio indígena”.

Reclaman que este proyecto fue elaborado “entre cuatro paredes”, excluyendo a las asociaciones y a los funcionarios de las Culturas, señalando que “la aprobación en la Cámara de Diputados se produce por el lobby realizado por el gobierno a espaldas de las comunidades de las asociaciones. Este gobierno está desesperado por realizar las leyes de amarre, con este proyecto que aspira a facilitar las transacciones con inmuebles patrimoniales”, insisten.