Cerca de 50 empresas de Magallanes deberán adoptar nuevas medidas de inclusión laboral este 2022

El 21 de octubre de 2020 se promulgó la Ley N°21.275 con la finalidad de promover políticas en materias de inclusión al interior de las empresas con el fin de afianzar y expandir la inclusión laboral de personas con discapacidad.

La normativa comenzará a regir el 1 de noviembre para todas aquellas empresas y organismos públicos que cuenten con 100 o más colaboradores o colaboradoras. De este modo, esas instituciones deberán promover políticas de inclusión laboral, realizar planes de capacitación anual a sus equipos y certificar las competencias de un trabajador(a) o más, como gestor(a) de inclusión laboral de personas con discapacidad. 

Alvaro Aguilar Huerta, subjefe de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de ChileValora, la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, explica que “será una contribución al escenario laboral, pues entrega orientaciones acerca de lo que se espera de los trabajadores que cumplen esta función, en relación a sus conocimientos, habilidades y destrezas, ofreciéndoles a través de la certificación de sus competencias una importante herramienta de empleabilidad”.

La realidad regional

Según el Servicio de Impuestos Internos, al año 2020 eran 46 empresas en la Región de Magallanes con 100 trabajadores (as) o más, las que por tanto, deberán contar con al menos una persona con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad, desempeñando esa función en recursos humanos de su compañía. 

Para los organismos públicos la normativa aún no será obligatoria, sin embargo se trata de una corresponsabilidad entre todos los sectores, donde organizaciones públicas y privadas se unieron para informar y responder a las inquietudes de las empresas en este proceso. 

Al respecto, María José Escudero Moreno, directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, dice que “es clave unir fuerzas a favor de la inclusión de comunidades históricamente con barreras de acceso, como lo son las personas con discapacidad. Esta Ley 21.275 es una maravillosa oportunidad para que las distintas compañías y profesionales de nuestro país amplíen sus competencias y expertise para que puedan aprender a gestionar el talento diverso. Y esto no sólo beneficiará a la organización, sino que también será un tremendo plus en el currículum del profesional, como también impactará directamente en que los procesos de inclusión de personas con discapacidad sean efectivos y sostenibles en el tiempo. Es decir, un ganar ganar”.

Para Luis Murillo, gerente general de Ecerlab, que es un organismo especializado en certificación de competencias, manifestó que “el ser certificado como gestor de inclusión en la Región de Magallanes va más allá de reconocer formalmente las destrezas de las personas independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas, que es lo que comúnmente hacemos, ya que le entregará a las personas y a las empresas una cuota de humanidad fundamental para desarrollarse en estos tiempos en cerca de 50 empresas que los requerirán”.