Ortega busca enjuiciar a sacerdotes y confiscar los bienes de quienes critiquen su régimen

El régimen de Daniel Ortega se encamina a enjuiciar sacerdotes y confiscar los bienes de los opositores acusados de “traición a la patria” a través de reformas al Código Penal que buscan, según el abogado Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, “instalar más miedo, más persecución y más acciones abusivas” en Nicaragua.

El miércoles, el Parlamento nicaragüense, controlado por el gobernante Partido Sandinista, aprobó un informe de trabajo de las comisiones de Justicia y Gobernación para endurecer las penas a las personas condenadas por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” también llamada “traición a la patria”, la figura más recurrente del régimen para apresar y procesar opositores.

En el último año, unos 50 líderes opositores, empresarios, periodistas y críticos del régimen fueron detenidos y condenados en una ola represiva a través de la cual Ortega buscaba eliminar a la oposición y llegar a las elecciones generales de noviembre 2021 sin competencia alguna. La gran mayoría de ellos fueron condenados por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”. Siete de los presos políticos son personas que intentaron ser candidatos presidenciales para enfrentar a Ortega.

El informe, denominado “Análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros”, fue aprobado por los diputados con 77 votos a favor, 11 abstenciones y tres presentes, y propone judicializar a sacerdotes, directores de organizaciones de derechos humanos y confiscar bienes a quienes se involucran en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que en el documento llaman “aventura golpista”.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha responsabilizado a la Iglesia Católica de la rebelión ciudadana de 2018, por la actitud crítica que mantuvo hacia su gestión y la protección que brindaron algunas iglesias a las personas que protestaban. Tanto Ortega como Murillo se han referido a los sacerdotes con calificativos de “fariseos”, “diablos con sotana” y “terroristas”, entre otros.

Hasta ahora, la jerarquía católica de Nicaragua no ha hecho comentarios a la iniciativa legislativa del régimen.

La presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, diputada sandinista María Auxiliadora Martínez justificó la mención explícita de los religiosos y defensores de derechos humanos en el informe porque “el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores, ni representantes de Cristo”.

Infobae