Defensora denunció que recluso estuvo una semana esposado y con grilletes
Una denuncia conjunta dieron a conocer ayer la defensora regional, Gustava Aguilar, y el jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, Cristián Figueroa, debido a diversos problemas del complejo penitenciario de Punta Arenas, fundamentalmente de la Unidad de Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria.
La Defensora regional, Gustava Aguilar, dijo que como institución hace varios años han planteado problemas al interior de esta unidad, y por eso el año 2019 se conformó la mesa penitenciaria regional.
Es una unidad que depende técnicamente del Servicio de Salud, pero está inserta en el complejo penitenciario.
La defensora indicó que siguen suscitándose problemas graves al interior de la unidad y que esta semana un interno fue trasladado al complejo penitenciario de Alto Bonito en Puerto Montt.
“Este interno estuvo una semana sujeto a medidas de contención esposado y con grilletes”
Según la defensora, esta unidad no cumple los fines para los cuales fue creada de atender a la población con problemas de salud mental.
De los 384 internos, 7 pacientes están en la Upfhi, que además entrega medicamentos y debiera atender al resto de la población con problemas de salud mental.
“No basta que la unidad se convierta en una farmacia, sino también las personas deben ser evaluadas cada cierto tiempo por profesionales, si bien hay un siquiatra y una sicóloga y técnicos paramédicos, ignoramos el horario que cumple el siquiatra. Y la psicóloga atiende en la medida de sus posibilidades a los pacientes”.
“Hay atención de reacción no así una atención preventiva como debiera existir”, enfatizó Gustava Aguilar.
Derechos Humanos
Cristian Figueroa señaló que han representado a la dirección regional de Gendarmería y a la seremi de justicia una serie de falencias que presenta el recinto penitenciario, pero no ha habido las debidas diligencias para solucionarlas
“Esta última semana un interno estuvo con grilletes de acero sin poder alimentarse ni hidratarse adecuadamente, imposibilitado de ir al baño a hacer sus necesidades básicas apropiadamente, lo que es una situación inaceptable y un atropello a sus derechos humanos y vulnerando todos los estándares de derechos humanos de una persona que está en proceso de reinserción, de habilitación, en una institución estatal”, señaló Figueroa.