Ignorar nuestro pasado: uno de los errores de la Convención Constitucional
La historia constitucional de nuestro país está marcada por importantes interrupciones. En efecto, la Guerra Civil de 1829 y las crisis políticas de 1924 y 1973 terminaron con las constituciones de su tiempo, abriendo paso a nuevas Cartas Fundamentales. Esta historia fragmentada, en todo caso, tiene un elemento feliz: las nuevas constituciones siempre nacieron de una reflexión anclada en nuestra propia historia, es decir, en la tradición constitucional nacional. Frente a las crisis, afortunadamente para nuestro país, surgían reflexiones respecto a cómo mejorar nuestro sistema político.
La Constitución de 1833 -la de mayor vigencia en nuestra historia- nació precisamente de la búsqueda de modificar la Constitución de 1828, la que por sus imprecisiones había gatillado la Guerra Civil de 1829-1830. Pero esta labor, emprendida por una “Gran Convención” en 1831, fue más allá. En palabras del historiador Mario Góngora, lo que se descubrió en este momento fue “una idea nueva de puro vieja”. El éxito de esta Constitución nació de reconocer nuestra historia, desde antes de la Independencia, y nos permitió construir un modelo acorde con nuestra experiencia política e histórica, en el que se rescataba un principio político de larga duración: el orden y el Estado de Derecho.
La referida Constitución, hacía 1924, se encontraba agotada. Su débil diseño en materia de relación entre el Presidente y el Congreso había generado una guerra civil en 1891, una incapacidad para enfrentar los problemas sociales de la época y, finalmente, una nueva crisis política. La trágica situación impulsó al ex Presidente Arturo Alessandri Palma a impulsar una nueva Carta Fundamental, la cual permitió fortalecer las atribuciones del Presidente de la República y solucionar algunos aspectos críticos de la relación Ejecutivo-Legislativo. En esencia, la Constitución de 1925 actualizó a su antecesora, solucionó sus fallas, pero nunca pretendió “refundar” Chile. Fue sabia en entender que un país próspero se construye con la experiencia de los años y no con modelos inventados del aire y sin verdadero arraigo en la realidad. Misma lógica impulsó al proceso constituyente que dio como fruto la Constitución de 1980, así como al amplio proceso de reformas llevado a cabo por el ex Presidente Lagos en 2005. Así las cosas, nuestra Constitución vigente -con sus luces y sombras- es el fruto de largos años de aprendizaje.
Lastimosamente para nuestro país, la Convención Constitucional desechó la sana -y necesaria- visión reformista con la que se debía afrontar este proceso histórico. Frente a la experiencia de la madurez y del tiempo, se prefirió impulsar un “borrón y cuenta nueva”, partir de cero, como si todo lo que habíamos logrado en nuestra historia constitucional de casi 200 años estuviera mal. Se quiso, y así lo han afirmado numerosos convencionales, refundar Chile.
La referida refundación se observa en diversas normas del borrador de nueva Constitución. Tal vez uno de los más graves es la desaparición del Senado, institución tan antigua como nuestra República, que ha sido un cuerpo esencial en la correcta formación de la ley, en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la representación de las regiones. Lo mismo sucede con la protección de la propiedad. Luego de los abusos expropiatorios de las décadas de 1960 y 1970, se hizo necesario el fortalecer este derecho para evitar arbitrariedades por parte de la autoridad, y que, frente a una expropiación legalmente tramitada, siempre existiera una indemnización proporcional al daño patrimonial efectivamente causado al expropiado. La propuesta de la Convención Constitucional olvida esta experiencia histórica, volviendo a consagrar criterios ambiguos de expropiación, que -en caso de que se apruebe- dejarán a los privados a merced de decisiones arbitrarias, sin una regla clara y objetiva a la que el juez deba atenerse.
Lamentablemente, los ejemplos expuestos no son los únicos errores históricos contenidos en el borrador de Constitución aprobado por la Convención. De hecho, el olvido de nuestra experiencia histórica permea toda la propuesta constitucional, pretendiendo refundar sin consideración a lo aprendido, olvidándose que un país es una comunidad no solo de los vivos, sino que también de los muertos y de los que nacerán, con quienes tenemos el deber de transmitir lo que nuestros mayores nos transmitieron a nosotros.
