Control de armas: ¿fin a la violencia?

El Presidente Boric ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que aumente el control de armas y apunte a la total prohibición de tenencia de las mismas entre civiles.  Se ha presentado por parte del Gobierno el plan “Menos armas, Más seguridad”, que propone entre varios puntos el límite a su acceso legal.  Esto ha traído como consecuencia una controversia entre quienes apoyan esta medida y quienes reclaman la libertad del derecho a armarse como una necesidad ante el aumento de la inseguridad ciudadana.

Lo cierto es que en el informe entregado por la PDI de los primeros 5 meses de este año, los homicidios en nuestro país aumentaron en un 26,7% respecto a la misma fecha del año anterior. De estos 351 homicidios, en un 61,8% fue utilizada un arma de fuego, aumentando a 217 casos en contraste con los 138 del 2021.  316 homicidas son chilenos y la restante minoría corresponden a extranjeros. Pero lo más relevante de estas cifras es que la gran mayoría se da en un contexto del aumento de bandas criminales, empleando armas hechizas artesanalmente o cuya procedencia se desconoce, por lo que habrían ingresado de contrabando a nuestro país.

Debe recalcarse además que el plan gubernamental no sólo pretendería prohibir el total acceso a armas por parte de los ciudadanos, ya que su foco principal estaría en la desarticulación de la delincuencia y el uso que hacen de este armamento, donde encontramos una amplia variedad que va desde pistolas a fogueo a incluso armamento de guerra en algunos lugares. Además se contemplan otros aspectos relevantes como la mayor exigencia y justificación para su tenencia y adquisición, marcaje de municiones más riguroso, indicadores territoriales de monitoreo, entre otras medidas.

Si bien se aplaude la intención de este tipo de iniciativas que apuntan a un mayor control en pos de un entorno más seguro para la comunidad, hay algunas observaciones que me gustaría compartir. Relacionar nuestra realidad como país respecto a Estados Unidos al expresar que no deseamos tragedias como la ocurrida hace unos días en que hubo 21 muertos, sería compararnos con una cultura en que poseer armas de fuego es uno de los derechos más sagrados en su Constitución, con una cantidad que incluso sobrepasa el número de habitantes en ese país. Chile no es un país donde coleccionarlas es un pasatiempo habitual, ni tampoco la demografía de quienes las poseen representa una cantidad relevante respecto a nuestra población. No tenemos una cultura armamentista popular ni masiva y por eso precisamente nos llama la atención el aumento de éstas.

Al analizar la noticia, recordé lo expresado hace un tiempo atrás por el conocido comentarista deportivo Danilo Díaz. Al ser suspendido el Estadio Monumental de Colo Colo por la mala conducta de un puñado de hinchas que perjudicaron al club y a la inmensa mayoría de aficionados que se comportaban adecuadamente, Díaz recordaba el fracaso de “Estadio Seguro” y analizaba la sensación que los procedimientos de supervisión y aplicación de sanciones era sólo para aquellos que estaban dispuestos a obedecer la ley, mientras que otros simplemente descartaban la obediencia ante la impunidad de sus actos, que a pesar de representar una minoría igualmente ocasionaban un daño relevante. Como ejemplo aludía al control minucioso que eran sometidos los espectadores comunes y corrientes que pagaban su entrada, a quienes revisaban exhaustivamente e incluso les quitaban objetos que potencialmente podrían convertirse en peligrosos, mientras que otros grupos ingresaban bengalas, juegos de artificio y otros elementos que sí revestían una mayor amenaza. ¿Cuál era la diferencia entre estos tipos de espectadores? Sólo la disposición a acatar la ley y el tipo de resistencia, más que la potencialidad del peligro que a final de cuentas era el objetivo a controlar. Este fenómeno se extiende no sólo a barras de clubes populares de nuestro país, pues otros grupos están adoptando dinámicas parecidas en desmedro de mayorías que acatan las leyes y normativas necesarias para la convivencia social.

Si bien creo actualizar el control de armas de fuego es un punto relevante para abordar los niveles de violencia, principalmente por la disponibilidad al que accederían personas que no están preparadas para su uso, tanto en el manejo práctico como en el discernimiento pertinente de sus decisiones, mi aprensión se relaciona con la real aplicación de este plan más allá de lo que dice el papel. ¿Cuáles son las cifras de acontecimientos violentos en que emplearon armas debidamente inscritas?, ¿cuál es la incidencia estadística de accidentes domésticos en que niños(as) accedieron a armas de fuego por descuido de sus dueños?, ¿El control priorizará requisar armamento utilizado por bandas delictuales, con el costo que eso tendría; o sólo se terminará fiscalizando a los dueños de armas legalmente inscritas que las utilizarían en caso de emergencia justificada?, ¿se intervendría a grupos específicos cuyo propósito es la ocupación territorial?, ¿se otorgarán los recursos, facultades y respaldo a los agentes del Estado para realizar esta labor en que arriesgarán sus vidas?, ¿prohibir comprar armas de manera legal a ciudadanos responsables disminuirá la violencia e inseguridad o aumentará la indefensión ante los delincuentes?

Estas y muchas otras preguntas surgen en un análisis de un tema controversial, pues si bien suena muy bien que en una comunidad se restrinja el acceso a las armas y que la gran mayoría de las personas colaborarían para disminuir la violencia; ¿la autoridad estará dispuesta a la acción, y por ende al costo político y de imagen, ante quienes se nieguen a ceder su poder de fuego?  Como todo fenómeno social relevante, es muy cierto que la educación es clave, pero no es menos cierto que se requieren medidas concretas, efectivas y urgentes para hacer frente a la violencia pronto, en una problemática tan fundamental como la seguridad ciudadana.