Fisco se querelló por el mal uso de fondos para la educación
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ste lunes 13 de junio, el juez de Garantía de Punta Arenas, Cristián Armijo, ordenó remitir a la Fiscalía los antecedentes de la querella criminal que tres días antes, entabló el procurador fiscal de Magallanes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), abogado Claudio Benavides, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en contra de quienes resulten responsables del mal uso de fondos para la educación, al interior de la Corporación Municipal de esta ciudad.
Se trata de los recursos aportados por el Estado, relativos a la Subvención Escolar Preferencial.
La acción penal responde al resultado de una auditoría realizada por Contraloría entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año, que para el CDE establece una serie de irregularidades que revisten caracteres de delito.
En dicho año, el Ministerio de Educación transfirió a la Corporación Municipal para fines de la Ley Sep, fondos por 3.341.169.102 pesos, sin embargo al ser descontados los gastos asociados a la implementación de los planes de mejoramiento educativo y los gastos de administración de la Cormupa, arrojó un faltante de 1.122.813.484 pesos. “De lo señalado se establece que no existe congruencia entre los montos utilizados y el saldo disponible en la cuenta corriente de la Cormupa del BCI, la cual presenta remanentes distintos e inferiores a los de la subvención”, se plantea en el libelo.
Fue en medio de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de este lunes donde se analizaban temas de educación y la Cormupa, donde la concejala Verónica Aguilar pidió la palabra para dar cuenta de un reportaje que justo, en ese mismo momento, estaba emitiendo el canal Mega. El trabajo periodístico daba cuenta de graves irregularidades vinculadas al destino de recursos provenientes de las Subvenciones Escolares Preferenciales (Sep) y los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (Faep), con 14 municipios siendo objeto de querellas por parte del Consejo de Defensa del Estado. Uno de ellos, señaló la edil, el de Punta Arenas.
“Sobre esta querella no tenemos información alguna”, fue lo primero que señaló el alcalde Claudio Radonich, para luego recordar que hace algunos meses un medio de circulación nacional involucró a la entidad edilicia de la comuna en otro tema con el CDE y luego tuvo que salir a aclarar que se había tratado de “un error de redacción”.
La investigación que llevó al reportaje emitido ayer menciona que, según el Concejo de Defensa, son más de $23,7 mil millones los que permanecen desaparecidos entre los 14 municipios, con San Bernardo y Maipú encabezando el listado.
“Según este reportaje la querella la hizo el CDE luego de una investigación en Contraloría. Sería importante solicitar información y, de esta manera, prever algunas situaciones que se pudieran generar. Es importante estar preparados si esto es efectivo, más ahora cuando estamos hablando de la Cormupa y de posibles soluciones a su situación financiera, para ver qué acciones podríamos seguir”, señaló la concejala, quien calificó de “sorpresa” el hecho que la información involucrara a Punta Arenas. “Por eso, lo menciono para poner esta alerta sobre la mesa”, apuntó.
Sin conocimiento
Sobre el mismo tema el secretario general de la Corporación Municipal, Luis Almonacid, aseguró que “desconocemos, hasta el momento, si nos ha ingresado alguna notificación o acción respeto de lo que planteó la concejala Aguilar. Aquí hay una situación administrativa donde estamos sujetos a una fiscalización de la Superintendencia de Educación, que son procesos de largo aliento donde, generalmente, los controles tanto por la Sep y los Faep tienen un desfase de a lo menos 2 ó 3 años. La última Sep tomó el periodo 2019”.