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EDITORIAL

No a la explotación de personas

Por La Prensa Austral Viernes 5 de Agosto del 2022

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– Se debe ejercer un control permanente de los extranjeros que trabajan en la zona para constatar que no se están vulnerando sus derechos y, muy importante, que se encuentran trabajando por voluntad propia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población sobre este delito.

Trata de Personas se denomina a una forma de esclavitud moderna, que degrada al ser humano a la condición de objeto, negociándolo en cadenas mercantiles, mediante el traslado fuera de su país, para en el destino final ser sometido a condiciones de explotación (entre ellas la sexual) y otros fines ilícitos.

En esta línea, es que bajo ningún punto de vista las autoridades chilenas deben amparar la explotación de individuos, ya sean connacionales o extranjeros.

En nuestra edición de este jueves, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, advirtió que las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad corren mucho más riesgo de ser víctimas de este delito, siendo importante que la comunidad pueda reconocer algunos padrones de conducta. Y, es que en la mayoría de los casos, las víctimas no pueden pedir ayuda o denunciar.

En tanto, el coordinador de Gestión Territorial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Chile) Víctor Flores Dañobeytía, subrayó que gracias al establecimiento de normas internacionales se ha logrado que países que forman parte de la Onu hayan ido modificando sus legislaciones para poder contar con herramientas que permitan por un lado, identificar este tipo de conductas, vincularlas con un tipo penal y poder sancionarlas, perseguirlas judicialmente de manera de establecer una condena para un delito tan complejo y tan grave como es la trata de personas.

En lo que respecta a nuestra región, los departamentos de Extranjería de la Policía de Investigaciones y de la Delegación Provincial deben ejercer un control permanente de los ciudadanos extranjeros que trabajan en la zona para constatar que no se están vulnerando sus derechos y, muy importante, que se encuentran trabajando por voluntad propia.

Esta es una tarea que debe ser permanente, sobre todo para identificar a quienes lucran con las necesidades de otros seres humanos, de modo de, como objetivo final, desarticular las posibles redes que se dedican a una actividad tan repudiable como la descrita.