Concurren a la Contraloría acusando intervencionismo y falta de prescindencia de funcionarios públicos

El pasado viernes, los consejeros regionales de oposición Roxana Gallardo, Alejandro Riquelme y Rodolfo Moncada ingresaron a la Contraloría un requerimiento para solicitar el pronunciamiento del contralor Jorge Bermúdez, por la eventual utilización de recursos públicos de funcionarios del gobierno en Magallanes, apuntando a funcionarios de la Delegación Presidencial Regional.

De acuerdo al requerimiento: “existen antecedentes suficientes, para afirmar que: podría existir un intervencionismo electoral coordinado y reiterado en la Región de Magallanes por parte de las principales autoridades electas y designadas en la región. Han propiciado, coordinado y realizado actividades tendientes a favorecer una de las opciones del actual referéndum a realizarse este 4 de septiembre del presente año
 como se detallará en los próximos hechos materia de la solicitud de investigación, desarrollados exclusivamente por funcionarios, tanto en recintos públicos como privados y financiadas con el erario fiscal, lo cual a juicio de los denunciantes contraviene las normas vigentes e instructivos, de vuestra repartición contralora, respecto a la prescindencia política y uso de recursos fiscales en el próximo plebiscito de salida”.

Los consejeros hacen referencia a un correo electrónico enviado por una funcionaria de la Delegación Presidencial de Magallanes. “La funcionaria pública contratada por la Delegación Presidencial de Magallanes: Camila Mansilla, utiliza en horario de trabajo y correo institucional para: la coordinación y cita de este “comité político” donde se coordina la opción Apruebo”, indica el requerimiento.

A su vez, aseguran que “las reuniones del comité político donde se coordina la opción Apruebo, se utilizan correos institucionales de la Delegación Presidencial, se cita y se coordina por parte de funcionarios públicos y se realiza en dependencias de un edificio público. Además, citan una nota publicada el 17 de julio en nuestro medio: “en el comité político -liderado por la delegada presidencial, Luz Bermúdez, e integrado por algunos seremis; los partidos de Apruebo Dignidad, además del PR y el PS- se está trabajando en la campaña por una de las opciones de cara al plebiscito
Estamos trabajando (comité político) muy concentrados en lo que tiene que ver con la campaña del Apruebo”.

Los descargos de la delegada presidencial

Mediante una declaración enviada a La Prensa Austral, la delegada presidencial regional, Luz Bermúdez, hizo sus descargos, manifestando que “en lo que se refiere al próximo plebiscito constitucional, debo ser enfática en señalar que, en todo momento, las acciones del gobierno han estado orientadas a informar lo mejor posible a la ciudadanía, garantizando el buen ejercicio democrático del proceso, respetando a toda hora los instructivos y normas establecidas por Contraloría General de la República”.

Igualmente, indica que “no es el primer requerimiento presentado a Contraloría en que se acusa a la Delegación Presidencial Regional de proselitismo político y uso de recursos públicos para favorecer la campaña de la opción Apruebo. Recientemente, el ente contralor se pronunció al respecto, descartando categóricamente dichas acusaciones”.

A su vez, Bermúdez enfatizó en que “atendiendo a la evidencia a la que hacen referencia (correo institucional), es posible constatar inmediatamente que no hay mención alguna para favorecer una opción el próximo 4 de septiembre. En este sentido, queremos ser muy claros en señalar que, lamentamos profundamente que, a sólo días de un evento cívico de esta envergadura, se busque empañar un proceso que ha sido totalmente transparente y abierto a la comunidad, en el que se ha actuado con prescindencia, sin favorecer o perjudicar a ninguna de las opciones que se votarán el próximo 4 de septiembre”.

Finalmente, la representante del gobierno planteó que “siendo coherentes con nuestros principios democráticos, entregaremos todos los antecedentes que sean requeridos, para demostrar, una vez más, nuestra responsabilidad política y probidad en la acción gubernamental”.