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Títulos de Dominio y Centro Cívico en el barrio 18 de Septiembre

Por La Prensa Austral Martes 27 de Septiembre del 2022

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El próximo martes 27 de septiembre, se cumplirán 66 años desde que un grupo de regidores de la entonces Municipalidad de Magallanes decidió otorgarle nombre a la población, a las calles y a la plaza del incipiente grupo habitacional que emergía al interior de la Hijuela Municipal Nº20 de Punta Arenas.

Víctor Hernández
Sociedad de
Escritores de Magallanes

El próximo martes 27 de septiembre se cumplirán sesenta y seis años desde que un puñado de regidores pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Magallanes decidió otorgarle nombre a la población, a las calles y a la plaza del incipiente grupo habitacional que surgía lentamente al interior de la Hijuela Municipal Nº20 de Punta Arenas.

Un mes antes, el 29 de agosto de 1956, el alcalde de la comuna Natalio Brzovic Radonic notificaba el establecimiento de una comisión compuesta por tres regidores, René Lillo González, Manuel Ibáñez Pérez y Jorge Cvitanic Simunovic para que estudiaran y propusieran nombres a las siete arterias enumeradas de uno a siete, vías que conformaban la precaria población que sus propios moradores llamaban “del Río de la Mano”.

La comisión expuso su informe en la reunión extraordinaria Nº254, de 27 de septiembre de 1956 en que acordó nombrar a ese sector habitacional como población 18 de Septiembre y a las calles ubicadas de norte a sur, la Nº1, como Francisco Javier Reyna; a la Nº2, Juan Martínez de Rozas; a la Nº3, José Gregorio Argomedo, y, a la Nº4 como Gaspar Marín. En tanto, a las calles situadas de mar a cerro, se les llamó de esta manera: a la Nº5, Mateo de Toro y Zambrano; a la Nº6, Fernando Márquez de la Plata y, a la Nº7, como José Martínez de Aldunate. El informe entregado por la comisión agregaba que el sitio destinado a erigir la futura plaza de la población recibiría el nombre de José de San Martín. En aquella ocasión, el regidor Ibáñez Pérez precisó las razones de colocar aquellos nombres:

“En realidad esto se hizo en torno a un motivo patriótico con nombres de quienes formaron la Primera Junta de Gobierno. Por otra parte, la Comisión hizo suyo el pedido formulado por los propios pobladores”.

A su vez, el regidor Armando Barría Triviño aprovechó de agregar algunas ideas que cobraron sentido en la década siguiente cuando se autoconstruyeron las poblaciones obreras “21 de Mayo”, “Williams Norte” (llamada después Salomón Corvalán y desde fines de 1973 Cecil Rasmussen) y el loteo “Quellón” (población Carlos Ibáñez a contar de 1967).

“Una calle debería llamarse Primero de Mayo; otra, 27 de Julio. Asimismo, habría que rendir el homenaje que se merece no sólo al doctor Mateo Bencur, sino también a otros ciudadanos que han hecho bien a la colectividad y cuyos nombres no aparecen más que en una simple placa de recuerdo”.

Una historia que

empezó mucho antes

Habían transcurrido cuatro años, desde que los dirigentes de los pobladores consiguieron negociar con la municipalidad para que permutara al Ministerio de Tierras y Colonización la hijuela Nº20, con el propósito de buscar una solución habitacional para los jóvenes trabajadores y sus familias, que vivían de allegados o arrendaban en diversos hogares de la ciudad.

A mediados del siglo XX la provincia de Magallanes exhibía un apremiante déficit de vivienda. Al respecto, el 10 de junio de 1947, los senadores Alfonso Bórquez, Eliodoro Domínguez, Carlos Alberto Martínez y Salvador Allende presentaron al Congreso Nacional un proyecto de ley de reforma constitucional que promovía una descentralización administrativa y la creación de zonas geográficas y económicas, con el propósito que las provincias pudieran reutilizar sus propios recursos. En el caso de Magallanes, la iniciativa buscaba fomentar el crecimiento en infraestructura, obras públicas y en la edificación de casas para empleados, obreros y sus familias. El informe presentado por los parlamentarios estimaba en dos mil, el número de viviendas que hacían falta sólo en Punta Arenas para reducir la dramática realidad habitacional que afectaba a nuestra provincia.

El problema de la escasez de viviendas que adolecía el austro en las décadas del cuarenta y cincuenta del siglo pasado, quedó en evidencia con el crecimiento demográfico acelerado que experimentó la zona al conocerse la noticia del descubrimiento de petróleo en Springhill, Tierra del Fuego, el 29 de diciembre de 1945; unido a la inauguración del terminal marítimo de Clarencia, el 17 de febrero de 1950; la creación de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) el 19 de junio de 1950 y la fundación del pueblo-campamento de Manantiales, el 28 de agosto de 1952. A ello se agregaba, en diciembre de 1949, el inicio de las actividades de transporte marítimo de carbón extraído del yacimiento de Río Turbio en Argentina, vía Río Gallegos, con destino a Buenos Aires. Cientos de trabajadores, en algunos casos con sus familias, emigraron de ciudades sureñas de nuestro país, y muchos otros, principalmente del archipiélago de Chiloé, se internaron en la Patagonia, tanto en Chile como en Argentina, para desempeñarse en los distintos empleos y oficios que requería las nuevas industrias carboníferas y de hidrocarburos que despuntaban en el fin del mundo.

La transformación demográfica que vivió el austro en ese período, tuvo relación también, con la posibilidad de un nuevo auge económico y social, lo cual quedó en evidencia luego que las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes fueran beneficiadas con la dictación de la ley Nº12.008 o de Puerto Libre, el 23 de febrero de 1956.

Primera entrega de sitios

A grandes rasgos, este fue el contexto histórico que precedió al acuerdo suscrito entre la Municipalidad de Magallanes y el Ministerio de Tierras y Colonización que permitió favorecer, en primera instancia, a ciento sesenta y ocho familias.

A fines de 1952 se decidió dividir la hijuela Nº20 en 168 sitios iguales, cada uno de 12.50 metros de frente por 25 metros de fondo. En el criterio de selección, primó la resolución que priorizaba a los matrimonios o parejas jóvenes que tuvieran tres hijos o más.

El 10 de enero de 1953, el vespertino El Magallanes titulaba: “Quedó resuelta la entrega de 84 sitios de la nueva población de Río de la Mano”. De esta manera, los primeros grupos de pobladores comenzaron de inmediato a construir sus mediaguas, utilizando todo tipo de materiales disponibles; maderas, cartones, zinc y fonolitas. Los vecinos decidieron organizarse fundando el 2 de febrero de ese año, el comité Pro Adelanto que entregó a la intendencia de la provincia un pliego de peticiones que en lo medular, solicitaba la instalación de infraestructura y servicios básicos para la pequeña población, como agua potable, luz eléctrica y alcantarillado. Como medida provisoria, la municipalidad habilitó el 30 de abril de 1953, dos pilones donde los pobladores podían obtener agua ubicados en la intersección de las calles 5 y 2 (hoy Toro de Zambrano con Martínez de Rozas) y 4 y 7 (hoy Gaspar Marín con Martínez de Aldunate).

Antes que finalizara ese verano, fueron notificadas otras 84 familias de la entrega de sus sitios. En ese momento, el comité Pro Adelanto estableció un programa de trabajo con los vecinos, cuyas primeras conclusiones legitimaron la necesidad que la pequeña población tuviera una escuela, un policlínico, un retén policial y una iglesia.

Una medida comunal de trascendencia fue la propuesta en la sesión ordinaria Nº153 del 16 de marzo de 1953, del regidor Crescencio Soto Vargas quien presentó una moción en el Concejo Municipal tendiente a reservar en la Hijuela Nº20 una superficie de 8.515 metros cuadrados de terreno para la construcción de un establecimiento escolar. Recordemos que para ese entonces, el límite urbano de Punta Arenas por el oeste era el barrio San Miguel; por tanto, el plan del regidor Soto Vargas contemplaba erigir un amplio edificio ubicado por el norte, en la extensión de calle Pérez de Arce; por el sur, con los deslindes de calle Serrano; al este, por la prolongación de calle Prat y al oeste, con los terrenos municipales.

Como veremos más adelante, esta propuesta fue retomada años más tarde por otros ediles, primero, para situar en el perímetro descrito por Soto Vargas la primigenia plaza del sector y luego, para levantar el centro cívico de la población.

Años muy difíciles

Distintas propuestas se efectuaron para mejorar las condiciones de vida en la población. La municipalidad acordó el 4 de junio de 1954, que apenas empezara a aplicarse el nuevo plan regulador de la ciudad, se procedería a subdividir la Hijuela Nº20 en 19 lotes, por un total de 416.908 m2, cuyos excedentes permitirían realizar la primera etapa de canalización del río de la Mano, obra entregada finalmente el 30 de marzo de 1955, que se reveló como esencial para extender la ciudad hacia el sur y facilitar a futuro, la entrega de otros sitios.

Al interior de las viviendas, las familias superaban con su esfuerzo todo tipo de carencias. El comité Pro Adelanto en sucesivas reuniones, instruyó a los vecinos para que en los patios de las pequeñas casas se construyeran pozos negros donde cada integrante de un clan pudiera hacer sus necesidades fisiológicas. La higiene personal se aseguraba con un baño familiar semanal que se efectuaba en tinajas de madera que se obtenían de los barriles de vino que llegaban al puerto, los que se partían por la mitad.

Hasta la llegada de los primeros refrigeradores con el sistema de Puerto Libre, los alimentos se preservaban en pequeños cajones cuyas dimensiones generales eran de 1,5 metros por 50 cm de largo y 30 cm de alto. En el interior se depositaban los alimentos que una familia promedio de cinco integrantes iba a requerir durante quince días. En la parte superior del habitáculo, iba una ranura que aseguraba el oxígeno para los productos. Allí se colocaban las carnes y el pollo.

Para mantener la limpieza de las ropas, los vecinos diseñaron un tipo de jabón que se producía luego de derretir soda cáustica. El proceso incluía la maceración del producto, su posterior enfriamiento y una subdivisión en barras. Por último, se le endosaba un colorante de tono azul que aminoraba el fuerte olor original.

Como dijimos, la entrada en vigencia de la ley de Puerto Libre implicó también, la aplicación de su artículo Nº10 que permitió la construcción de viviendas populares y que éstas quedaran exentas del pago de contribuciones. Fue el resquicio legal que utilizaron los regidores Armando Barría Triviño y Ernesto Guajardo Gómez para entregar nuevos sitios a pobladores y sus familias, que fueron construyendo sus habitaciones desde la calle 4 (Gaspar Marín) al sur y desde la 7, (Martínez de Aldunate) al poniente. Muchas casas se estaban levantando cuando la municipalidad nombró al sector original como población 18 de Septiembre.

La plaza se convierte

en centro cívico

Aunque sin servicios básicos, los vecinos consiguieron erigir varias instituciones señeras que funcionan hasta el día de hoy. En este sentido, hay que rescatar el aporte de la congregación Metodista que en mayo de 1955 trasladó desde Barranco Amarillo en estilo minga, una antigua construcción la que fue emplazada en la esquina de calles 4 y 1 oeste (Victorino Lastarria). Este lugar, fue sede de encuentro y de culto religioso. En el invierno de 1957 transformó dos modestas piezas en salas de clases, inaugurando así la primera escuela de la población.

En paralelo, unos meses más tarde, a instancias del regidor Guajardo, un grupo de pobladores empleando restos de materiales y maderas extraídos del cierre al monumento de Bernardo O´Higgins, construyeron una vivienda en calles Mateo de Toro y Zambrano con Francisco Javier Reyna, dedicada exclusivamente como escuela de emergencia. El recinto estrenado el 12 de marzo de 1958, se convirtió en un ícono de los anhelos de superación de los vecinos.

El comité Pro Adelanto había encauzado otras obras significativas; como por ejemplo, articulando las actividades de los fieles de la religión católica que se registraba anualmente con la celebración del mes de María en el domicilio de la dirigente Sofía Quenti; y luego del lapidario informe sanitario emitido por el Servicio Nacional de Salud en 1959, (que solicitaba la habilitación inmediata de servicios básicos, y sugería construir a la brevedad un policlínico en la población) reuniendo a los trabajadores que materializaron la construcción del edificio entre julio y octubre de 1960.

Ese mes se tomaron dos decisiones gravitantes. El día 10 de octubre el Concejo Municipal colocó nombres a las calles numeradas del 5 a 11 sur: Juan Enrique Rosales, Camilo Henríquez, Manuel de Salas, Diego Portales, Ramón Freire, Francisco Antonio Pinto y Mariano Egaña, respectivamente; y, a la 1 y 2 oeste: José Victorino Lastarria y Paula Jaraquemada. Una semana más tarde, el regidor Jorge Cvitanic expuso ante sus pares sobre la necesidad de dotar al sector de un retén de Carabineros:

“A medida que la población 18 de Septiembre iba en aumento la  municipalidad anterior se estuvo preocupando de instalar un Servicio de Seguridad, en este caso la atención de parte de Carabineros.

“La actual municipalidad debe agotar los medios para ubicar un terreno para que de acuerdo con el señor prefecto de Carabineros se pudiera cristalizar en realidad una necesidad tan imperiosa como es la instalación de una tenencia de Carabineros. Hechos han ocurrido en esta población que indudablemente pudieron haberse evitado con la presencia de este cuerpo que no solamente aquí presta tan importante misión sino también en el resto del país.

“Soy de opinión que esta corporación autorice a Ud., para que haga las gestiones pertinentes para convertir en realidad un anhelo de anteriores corporaciones y que ahora más que nunca se justifica dado el crecimiento de esta población”.

La iniciativa de Cvitanic coincidió con la propuesta emanada de la Corporación de la Vivienda (Corvi) para que la municipalidad cediera a este organismo del estado la Hijuela Nª20 y procediera a solucionar los aspectos legales de los ocupantes de los sitios.

A su vez, la Municipalidad de Magallanes replicó con un proyecto de ley que transfería al fisco la referida hijuela Nª20, para que el estado a través del Ministerio de Tierras y Colonización, entregara la propiedad de los respectivos sitios, a los que hayan construido sus viviendas, las estén construyendo y las habiten personalmente en el casco histórico de la población 18 de Septiembre, es decir, a los pobladores del sector comprendido en las siete calles que originaron este núcleo humano en el verano de 1953.

En síntesis, a la moción presentada por el regidor Cvitanic de crear un retén de Carabineros, se agregó el proyecto de ley que a la postre, entregaba los ansiados títulos de dominio a los pobladores. Ambas iniciativas fueron expuestas en el Congreso Nacional y aprobadas el 16 de mayo de 1962. Posteriormente, en el transcurso de aquel año los parlamentarios que participaron en la redacción de los proyectos, Alfredo Lorca, Orlando Millas y Jorge Cvitanic fusionaron ambas iniciativas en un solo cuerpo legal que fue promulgado en el Diario Oficial el 1 de diciembre de 1962 como la ley N°15.040 que establecía:

“La transferencia gratuita que se autoriza por la presente ley es con el exclusivo objeto de que el terreno sea transferido gratuitamente a su vez a sus actuales ocupantes que han construido en él viviendas con autorización municipal. Además el Fisco podrá reservar una superficie de 3.182 metros cuadrados para la construcción de un retén de Carabineros y las superficies necesarias para construir un Consultorio del Servicio Nacional de Salud y un Grupo Escolar”.

De esta manera, se consolidó un bien raíz para muchos pobladores y, al mismo tiempo, se ganó un espacio para edificar una moderna escuela, un centro de salud y el mencionado cuartel policial. Habían triunfado los vecinos.