Las cosas del Estado y las cosas de la Política
Toda actividad política es necesaria para el desarrollo de un Estado y debe atender, entre otros, a dos objetos fundamentales: a) mantener la adhesión popular que legitime el ejercicio del poder; b) solucionar los problemas de la ciudadanía y otorgar la protección que no pueden prodigarse en forma individual. Por supuesto que existen otros objetivos, pero éstos son los más relevantes y necesarios para expresar mi opinión en la columna de esta quincena.
Es necesario, aunque ingenuo, considerar que el ejercicio de la actividad política tiene su fundamento en el imperativo de propender a la realización del bien común por sobre los intereses particulares de cada coalición o grupo político, pero, en el mismo sentido, es razonable asumir que existe un interés particular en que los principios e instrumentos que establece nuestro pensamiento político sean los que constituyan las bases de las soluciones colectivas, pues de esa forma mi posición política se aprecia por los demás y permite mantener mis adherentes. Pero, en los hechos, cada vez se atiende menos al sentido de bien común colectivo y se atiende más a la protección de los intereses de cada grupo político.
Lo relevante es entender que el ejercicio de la política implica intereses particulares de los grupos o partidos políticos los que, nunca, deben anteponerse a los intereses comunes. Lo precisado es importante porque estamos en una época y situación en la cual, más allá del gobierno de turno, necesitamos de la acción de hombres y mujeres que, en el ejercicio de la política, tienen la responsabilidad de resolver problemas que se han arrastrado por décadas en nuestra patria y que, más que cosas de la política, son cosas del Estado.
A mi juicio, son cosas de Estado, que requieren solución urgente, las siguientes: a) el sistema de pensiones que requiere una solución no ideológica, pues es evidente que el Estado es ineficiente en la gestión, pero también es evidente que el sistema capitalista no ha solucionado el problema de otorgar pensiones dignas en cuanto a su monto; b) la satisfacción de necesidades sociales: vivienda, salud, educación, trabajo digno y bien remunerado requiere un trabajo mancomunado del Estado y privado, pero también una fiscalización en el actuar de los ciudadanos quienes, en ocasiones, se aprovechan indebidamente abusando de beneficios que se destinan para los más desposeídos por medio de mañas y gestiones poco éticas, y este control es importante pues se debe asegurar que el apoyo vaya a quien lo necesita; c) la reforma del Estado que exige, para el cumplimento de sus fines de bien común, una intervención decidida del aparato estatal, pero con una nueva estructura que permita la intervención de privados por contratos o estatutos propios de dichas actividades que permitan asegurar rapidez, eficiencia y seguridad en la ejecución de determinadas acciones o tareas de interés público, apelando al sentido de vocación que cada profesional experimentado pueda desarrollar para apoyar en forma decidida la gestión estatal.
Para todo lo demás, se pueden recorrer los caminos de la política pequeña, pero lo más urgente debe ser resuelto con visión de Estado, conmiseración con los más desposeídos y con la debida apertura de criterio que permita alejarse del dogmatismo para contribuir a mejorar la vida de quienes viven más lejos de las oportunidades.
