Defensora insta a retomar presencialidad en audiencias

• La jefa regional indicó que se han hecho las gestiones ante la Corte de Apelaciones y el comité de jueces.

La defensora regional de Magallanes, Gustava Aguilar, manifestó su aprensión porque al día de hoy aún no se retoma la atención presencial en los tribunales de garantía de la jurisdicción. 

A su juicio, si bien la pandemia no está superada, ya se está en un contexto sanitario distinto, que indica que “también en el ámbito de los tribunales se puede volver a la presencialidad”. 

Explicó que el retomar la presencialidad ha sido una preocupación constante de la Defensoría tanto nacional como regional, siendo abordado por el propio defensor nacional, Carlos Mora, en recientes entrevistas y cartas a los medios de comunicación. 

“Como defensora regional he insistido y representado en distintas instancias esta necesidad, como ante la comisión coordinadora regional del sistema de justicia penal. La presencialidad es un requerimiento urgente porque, si bien la pandemia no está superada, han cambiado las condiciones, el escenario es otro. Se han abierto las aulas de los colegios, se han retomado los espectáculos y eventos deportivos masivos, los servicios públicos atienden presencialmente, las personas comparten en reuniones sociales, salen de vacaciones, visitan la Zona Austral, los supermercados. Entonces, no se observa qué motivo pueda impedir audiencias presenciales en los tribunales”, objetó.

Vulneración de derechos 

Según Gustava Aguilar, “como actores de la justicia debemos dar una señal clara a la ciudadanía de que se está respetando el derecho de acceso a la justicia, porque la reforma procesal penal, que está pronta a  cumplir 20 años en Magallanes, se sustenta en principios básicos  reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos; garantías fundamentales como la presencialidad, inmediatez contradictoriedad, publicidad, que el defensor tenga contacto directo con su representado y que la ciudadanía tenga acceso a saber lo que  ocurre en las audiencias”.

En este sentido, la jefa de la Defensoría regional comparte la opinión del fiscal regional Eugenio Campos, mencionando que durante el mes de junio enviaron un oficio conjunto al pleno de la Corte de Apelaciones para que las audiencias de control de detención se realicen en los juzgados de garantía y terminar con las audiencias de control de detención desde los cuarteles policiales de Carabineros y de la PDI en la región. 

“El pleno de la Corte dictó una resolución analizando lo que planteamos, reconoció que estamos en una situación de alerta sanitaria y dejó entregada la decisión de volver a la presencialidad o semipresencialidad a criterio de los jueces de garantía”, enfatizó.

Asimismo, junto al Ministerio Público sostuvieron una reunión con el presidente del comité de jueces de garantía, “donde planteamos la necesidad de dar una señal clara a la comunidad, porque se están vulnerando de manera grave los derechos de las personas. Hablo por el caso de nuestros imputados, pero, también, tenemos que ponernos en la situación de las víctimas. Todos entendemos que nos debemos seguir cuidando, tomar las medidas del caso, por ejemplo, el tribunal oral está realizando juicios orales bajo la modalidad de semipresencialidad, por así denominarlos, pero los fiscales, las víctimas, los defensores, los imputados están presentes en la sala de audiencia y la prueba se rinde de manera presencial, los jueces de acuerdo a la situación en que se encuentran, algunos están en sus oficinas o también comparecen en la sala de audiencias”. 

Añade que, lamentablemente eso no ocurre en las audiencias del tribunal de garantía donde todo se realiza de manera virtual; “si bien no podemos hacer exigencias a los magistrados, a mi modo de ver se están conculcando los derechos de los imputados”, expresa la defensora.

Falta de espacio

Otro de los escenarios que plantea es que cuando se manifiestan reparos de realizar las audiencias de control de detención de manera presencial, con el fin de cautelar la salud de los funcionarios del tribunal y de los demás intervinientes, “¿quién piensa en los funcionarios policiales en las comisarías?”. 

“La Primera Comisaría de Carabineros de nuestra ciudad – añadió – es un recinto que no reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo las audiencias de control de detención, incluso para que los funcionarios puedan realizar a cabalidad sus funciones, lo ideal sería que Carabineros contara con un recinto adecuado como un nuevo cuartel”, subraya. 

En esto, valora que la institución policial haya hecho un esfuerzo enorme para habilitar un espacio, “pero es reducido, al igual que los calabozos, que gracias a los arreglos hechos por los carabineros en alguna medida se han podido adecuar”.

Junto con esa falta de espacio, Gustava Aguilar sostiene que, además, “se quita tiempo y resta de sus funciones habituales a las policías para estar en audiencias virtuales desde muy temprano y hasta que se terminan. También hay que considerar que los imputados detenidos se conectan a la audiencia desde una cámara, sin privacidad para conversar con su defensor, y terminada la audiencia no entienden mucho lo que sucedió. No es lo mismo que tener a su defensor a su lado como sucede en las salas de audiencia de los tribunales”.