Más de $100 millones debe pagar municipio de Timaukel a profesora despedida

Concejo Municipal votó modificación presupuestaria para poder cumplir.

Fallo definitivo de la Corte Suprema a la causa que se arrastra por más de 3 años por despido ilegal, se agrega a otras demandas contra la austral municipalidad -todas durante la administración anterior- sumando unos 200 millones de pesos, que obligará a hacer severos “recortes presupuestarios”

“Tengo el fallo ganado hace mucho tiempo en mi favor, pero en realidad hasta hoy la Municipalidad no ha pagado, en este momento estoy con un post natal porque tuve una tercera bebé y no ha habido una resolución del municipio por lo que se me debía, ni se me ha informada nada”, especificó desde Punta Arenas, Karla Gallardo

Más de 100 millones de pesos deberá desembolsar la Municipalidad de Timaukel para pagar lo adeudado a la profesora Karla Gallardo, quien fuera despedida de modo irregular y estando embarazada, durante la gestión del anterior alcalde de la austral comuna fueguina, Marcos Martic. Ahora no sólo se le deberá enterar a la docente de la Escuela Rural Ignacio Carrera Pinto de villa Cameron todos los haberes adeudados, ya que también se la debe reincorporar a sus funciones y el municipio deberá responder también por las costas del juicio y las costas generales de la causa.

Así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia, hasta donde había escalado la acción judicial, después de los fallos de primera instancia y de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Todos a favor de la educadora, además de los intentos del ex jefe comunal y de la actual autoridad edilicia, Luis Barría, por llegar a acuerdos extrajudiciales y una serie de condiciones para concretar los pagos propuestos, que se alejaban en demasía de los montos que en derecho le correspondían a la despedida funcionaria municipal.

“Municipalidad
no ha cumplido”

“Tengo el fallo ganado hace mucho tiempo en mi favor, pero en realidad hasta hoy la Municipalidad no ha pagado, en este momento estoy con un post natal porque tuve una tercera bebé y no ha habido una resolución del municipio por lo que se me debía, ni se me ha informada nada”, especificó desde Punta Arenas, Karla Gallardo.

“Cuando presenté mi licencia de prenatal se me dio la sugerencia de los abogados de la Municipalidad de Timaukel, que yo no tramitara ese derecho y ellos me pagaban de inmediato”, aseguró.

Ante lo cual se negó, porque era su derecho maternal y porque esperaba ya más de 3 años que resolvieran su caso. “En un minuto fui a hablar con la representante regional del Ministerio de la Mujer, pero se me sugirió que volviera a Contraloría y que partiera de cero. Cuando la autoridad era Martic, el actual alcalde, que entonces era concejal, me llamó y me dijo que era el colmo que yo estuviera sin sueldo teniendo dos niñas y ahora, teniendo 3 me pide que no tramite mi prenatal, ¿de qué me habla?”, preguntó.

“Una suma muy alta
para un municipio
de pocos recursos”

“En la primera liquidación cuando asumimos, teníamos presupuestado pagarle 63 millones, que dispuso la Corte Suprema, apelamos a esa suma porque según nuestro nuevo abogado no correspondía, pasó el tiempo y hace un par de días nos llegó la cifra definitiva que es 99 millones 600 mil pesos”, reconoció el actual alcalde de Timaukel, Luis Barría.

Una suma demasiado grande para un municipio chico con pocos recursos, alegó, por lo que “estamos rasguñando por todos lados, haciendo modificaciones presupuestarias con el Concejo Comunal, sacando dinero de otros ítems para pagar los casi cien millones”, acotó.

“Ya saldamos 38 millones, porque tampoco se le había pagado las imposiciones laborales, le estamos pagando el sueldo, porque está con fuero laboral, pero ahora nos queda el gran problema de cancelar la suma mayor y lo vamos a hacer, porque es un fallo de última instancia. Estamos viendo con Finanzas dónde vamos a recortar los recursos. Es mucho porque desde que asumí, en marzo, son unos 200 millones de pesos en demandas”, añadió Barría.

Claro, porque se suman otras acciones judiciales, también de carácter laboral: una por $47 millones; otros 45 millones por 7 meses para cumplir con otra funcionaria que tenía tutela laboral y 17 millones por los daños y perjuicios que se le ocasionó; pagaron otros 12 millones a un tens de Salud Rural que demandó al municipio; y diez millones a otra profesora ilegalmente despedida. Todo “herencia de la desastrosa gestión anterior y que de todas maneras se debe saldar como municipalidad”, explicó Barría.